La inflación, aunque menos que en años anteriores, continúa siendo alta y la carestía de la vida seguirá siendo un tema central en el debate político durante el curso que ahora comienza. Y como cada verano, a finales de agosto, el mundo de la economía ha estado mirando a Jackson Hole en Wyoming para escuchar al poderoso presidente de la Reserva Federal de EEUU. Este año Jonathan Powell no ha sorprendido con su discurso. Básicamente ha dicho que la inflación está «en una trayectoria sostenible de regreso al 2%», y que el mercado laboral se «ha enfriado considerablemente» en EEUU, por lo que pronto empezará a rebajar los tipos de interés.

Lo más interesante de su discurso quizás haya sido el énfasis que ha puesto en el concepto «anclar las expectativas de inflación». Con esa noción, Powell viene a decir que si la previsión de los agentes económicos es que la inflación seguirá subiendo, los precios terminarán subiendo. Por eso habla de anclar las expectativas de inflación, es decir, vincularlas a un determinado objetivo lo más firmemente posible. Esto significa que la base para contener la subida de los precios, según Powell, no es la oferta y la demanda, sino las predicciones que hacen los agentes económicos. De ahí que una de las principales tareas de la Reserva Federal haya sido precisamente convencer a esos agentes de que los precios no subirán tanto y que para lograrlo, la Fed tomará todas las decisiones pertinentes.

Este enfoque resume la visión neoliberal de cómo atajar la inflación. Para ellos, el problema de la subida de precios se transforma en una cuestión completamente subjetiva: no depende de las escasez de determinadas mercancías o de un exceso de dinero, como decía Milton Friedman, sino de lo que piensen los agentes económicos que va a ocurrir. Una idea que otorga a esos agentes, básicamente empresas y especuladores, un importante poder a la hora de determinación los precios. De alguna manera esta visión reconoce que las empresas están en condiciones de fijar los precios a un determinado nivel que sus directivos consideran que van a alcanzar, lo que se convierte en una especie de profecía autocumplida: si los empresarios creen que los precios subirán, terminarán subiendo. Indirectamente esta idea acepta que son los empresarios los que tienen capacidad para elevar los precios de las mercancías, independientemente de las condiciones del mercado.

Este razonamiento pone en entredicho la idea de que los precios se fijan en el mercado en función de la oferta y la demanda. Reconoce que los precios son manipulables y que poco tienen que ver con el libre competencia. Eso significa que el libre mercado no es en realidad esa herramienta que fija los precios en su nivel óptimo, de forma que permite una asignación eficiente de los recursos económicos.

A juzgar por las palabras de Powell, las autoridades monetarias reconocen que el mercado no funciona como la teoría dice que actúa, pero no por ello han abandonado esa idea. Y mucho más ortodoxos son en Europa, donde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la legislación de los Estados miembro impide a los gobiernos intervenir en el mercado y fijar precios o establecer otro tipo de condiciones comerciales. La idea del libre mercado debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

La regulación de precios

Las palabras del presidente de la Fed dan la razón a aquellos que defendían el control estatal sobre algunos precios. Entre ellos destaca  la profesora alemana Isabella Weber que al comienzo de este episodio de inflación defendió que los altos precios se debían, sobre todo, a que el afán de las empresas por aumentar las ganancias estaba presionando a los precios al alza. Las ganancias eran las principales responsables de los altos precios. De ahí que Weber defendiera que el mejor modo para contener el aumento de los precios era el establecimiento de controles a determinados precios. Los países europeos que siguieron sus consejos, como Alemania, Estado francés o Estado español, consiguieron frenar antes la espiral de precios. A pesar de ello el debate continúa, muy condicionado por los omnipresentes dogmas neoliberales.

Esta semana han aparecido en las redes sociales un par de gráficos interesantes que relacionan el control de precios y la inflación. En el primero de ellos se muestra la proporción de bienes de consumo cuyos precios están sujetos a regulación por parte del Estado en diferentes países de Europa. Y el segundo, recoge los datos de inflación en el precio de los alimentos en los países de la OCDE entre mayo y junio de este año.

Suiza es el país que mayor proporción de precios regulados tiene, más del 27,5%, y la inflación entre mayo y junio ha sido negativa, los precios han caído un 0,3%. Un patrón que se puede observar en otros ejemplos. Entre los países con mayor regulación están Países Bajos (21%) que registra una inflación del 1%, Eslovaquia (19,1%) y un alza de los precios de 0,6% o Alemania (17,2% de los precios regulados) y una inflación de 1,5%, en la media de la Unión Europea. En el otro extremo están Estado español con el 5,3% de los precios regulados y una inflación del 4,2%, Irlanda con el 7,4% de los precios regulados y una inflación del 2,3% o Italia con un 7,4% y una inflación del 1,4%, una décima por debajo de la media de la UE. Los datos muestran que existe cierta correlación entre una mayor regulación de precios y una menor inflación. La idea que trasmiten es clara: el control de precios frena la carestía de la vida. Una conclusión que vuelve a poner en cuestión la idoneidad del libre mercado como mecanismo para fijar los precios.

El ejemplo suizo

La baja inflación suiza no solo tiene que ver con el control de precios. En primer lugar, hay que tener en cuenta la estructura de costes de la producción de alimentos. Por su situación y su orografía, Suiza tiene unos elevados costes de logística. Asimismo hay que considerar que los salarios son más elevados, lo que hace que los precios de los alimentos sean de entrada bastante más caros que en el resto de Europa.

Pero esa estructura de costes también hace que los cambios en los precios de los productos importados tengan menos impacto en el precio final. El periodista Anand Chandrasekhar en un artículo publicado por Swissinfo señala que en 2017 los costes fijos (maquinaría, instalaciones, mano de obra y tierra) de una tonelada de trigo fueron unos 500 francos suizos, mientras que los costes variables (fertilizantes, pesticidas y semillas) unos 200, esto es, los costes variables no llegan al 30% del precio total. En Alemania, sin embargo, los costes fijos eran 90 y los variables también rondaban la misma cantidad, 90. En el caso de Alemania los costes variables eran el 50% del total. Con esa estructura, es evidente que si suben los costes variables, los fertilizantes o las semillas por ejemplo, el impacto en los precios de los alimentos será mucho mayor en el caso alemán que en el suizo. Aunque los alimentos sean más caros en Suiza su precio será más estable.

El sistema suizo tiene además de la regulación de precios y una estructura de costes diferente, un sistema de aranceles a la importación dinámico que está vinculado a la producción interna. De modo que en tiempos de abundancia, los aranceles a la importación son más altos y protegen el mercado interno de los vaivenes de los precios internacionales. Sin embargo, cuando hay escasez y los precios mundiales suben, los aranceles a la importación se reducen, lo que abarata relativamente la compra de alimentos en el exterior. Los aranceles funcionan, por lo tanto, como un estabilizador automático de precios, subiendo cuando son baratos y bajando cuando son caros.

Por último, aunque de menor importancia por su relativamente pequeño peso en el precio final de los productos agrícolas está el coste de la energía. Thomas Schwab, del grupo de reflexión alemán Bertelsmann Stiftung, señalaba a Swissinfo que en 2020 en Suiza la energía tuvo un impacto en los costes de la agricultura de solo el 0,6%, mientras que la media de la OCDE fue del 2%. La razón de esta diferencia es que en el país helvético la mayoría de proveedores de electricidad son operadores de redes locales integradas, es decir, que ellos mismo producen la electricidad que suministran, o la compran a bajo precio gracias a contratos a largo plazo. Y esa bajo coste también se refleja en el precio final de los alimentos.

Hay mercados y mercados

El caso de Suiza es ilustrativo no solo de la complejidad de la gestión de los precios, sino también de que el mercado libre no existe. Todos los mercados están formado por un conjunto de reglas y en función de preceptos que se elijan el resultado será diferente. En Suiza, por ejemplo, da la impresión de que el mercado está organizado, no para que los precios de los alimentos sean lo más baratos posibles, sino para que los precios sean estables y proporcionen unos ingresos dignos a agricultores y ganaderos. Posiblemente este marco ha contribuido a que el modelo de explotación agraria esté más vinculado a la tierra. Según los datos del Gobierno suizo, en 2022 una de cada seis explotaciones se dedicaba a la agricultura biológica.

Otro aspecto importante es que Suiza no se ha dejado llevar por los dogmas neoliberales que dan primacía al libre mercado y reducen al mínimo la intervención del Estado. Por el contrario, parece claro que el Gobierno suizo ha apostado por construir un modelo que proporcione ingresos dignos a los agricultores. A partir de ese objetivo, ha hecho uso de su soberanía para establecer las reglas que ha considerado mas convenientes: ha implantado controles a los precios, ha establecido aranceles y ha organizado un mercado eléctrico más barato.

La lucha contra la carestía de la vida requiere soberanía para poder establecer objetivos propios y tomar las medidas necesarias para alcanzarlos. Y eso significa, entre otras cuestiones, dejar al margen la retórica neoliberal que solo beneficia a las grandes corporaciones, como implícitamente reconoce hasta Jonathan Powell.