
El Pleno del Ayuntamiento de Bilbo ha aprobado este jueves sendas propuestas consensuadas por PNV, EH Bildu y PSE para un reparto equilibrado de las plazas turísticas en los barrios y la implantación de una tasa con el objetivo de regular las consecuencias negativas de esta actividad. Las resoluciones son consecuencia del acuerdo entre las fuerzas que sustentan el Gobierno municipal y la primera fuerza de la oposición, que abogaba en tres mociones por controlar unas afecciones que van en aumento.
Fruto del diálogo, las tres fuerzas políticas con representación en el Consistorio bilbaino han sacado adelante una propuesta en la que se insta al Gobierno municipal, «en coordinación con el resto de instituciones vascas», a la implementación de una tasa con el objetivo de gravar las estancias a los y las viajeras que se hospedan en los establecimientos turísticos de la CAV «y fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector».
Para EH Bildu, por boca de su portavoz, María del Río, es un acuerdo importante, ya que el Gobierno municipal asume la necesidad de la implantación de la tasa, modificando la postura que había mantenido en los últimos años a anteriores iniciativas de la oposición.
Del Río ha insistido en que debe ser «de carácter municipal, progresiva y con el objetivo de sufragar los gastos derivados de la industria turística en la ciudad». A este respecto, ha considerado «un logro» que la mayoría política del Ayuntamiento se posicione por el carácter municipal de la tasa.
La soberanista de izquierda se ha congratulado por las declaraciones del alcalde en las que ha defendido que sea una tasa municipal frente a la posición del consejero de Turismo, Javier Hurtado, del PSE, que sostiene que debe ser tributo autonómico.
«Es importante que la gestión sea municipal, teniendo en cuenta que la mayoría de los costes que provoca el turismo los soportan los municipios, en este caso, Bilbao», ha destacado. «Además tenemos el ejemplo de numerosas ciudades como Roma, Venecia, Lisboa, Oporto, París, Berlín… donde esta tasa se viene gestionando desde el ámbito municipal», ha añadido.
La edil de Hacienda, la jeltzale Marta Ajuria, ha defendido que la presión turística en Bilbo, fijada por el INE, en 38,75 turistas por 1.000 habitantes es bastante inferior a la de la vecina Donostia, con 69,22 turistas por 1.000 habitantes, por lo que no se puede hablar de «masificación», pero ha reconocido que es importante avanzar en la regulación a través de un debate «consensuado y seguro», donde prime el «rigor».
No ha olvidado que la actividad turística supone el 8% del PIB de la capital vizcaina, pero es necesario que, a través de un tributo, se pueda afrontar el incremento que acarrea en el gasto en servicios públicos. Consciente del plazo de seis meses fijado en la Cámara de Gasteiz para la definición del modelo de tasa, ha abogado porque las Juntas Generales de Bizkaia establezcan a través de una norma foral el carácter municipal del nuevo tributo.
Modificación del Plan General
También ha habido acuerdo en tramitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de los usos turísticos, de forma que haya una «distribución equilibrada» en los diferentes barrios, evitando que se produzcan problemas cono se han comenzado a detectar en el Casco Viejo.
La edil de EH Bildu, Garazi Perea, lo ha considerado «altamente positivo», ya que «nos permitirá corregir la situación actual y adelantarnos a lo que está por venir, evitando que otras zonas de la ciudad lleguen a niveles de saturación como los que vive Alde Zaharra, donde se han creado 7 hoteles en 5 años, y se esperan más».
Respecto a la realidad en las Siete Calles, ha dicho que «se trata de un barrio de poco más de 7.000 personas que cuenta con espacio para 2.000 turistas». «La presión turística es más que evidente, con una media de 28 plazas turísticas por cada 100 vecinas del barrio, siendo superada solo por dos barrios de Donostia: el centro e Igeldo», ha detallado.
El concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, el jeltzale Asier Abaunza, ha restado impacto a la actividad turística, aunque ha precisado que hay que anticiparse como anteriormente hicieron regulando las viviendas turísticas.
Ha informado de que trabajan en la redacción del cambio en el PGOU y que, en otoño, lo presentarán en el Consejo Asesor de Planeamiento, paso previo a su debate y aprobación en Pleno. No ha querido dar pistas a aquellos que quieran eludir la nueva regulación. Abaunza ha apuntado que están tratando de afinar en la definición de la modificación urbanística para evitar que pueda ser tumbada por los tribunales.

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