Daniel   Galvalizi
Periodista

PSOE y Sumar llevan su pulso a la reducción de jornada y a los presupuestos

Desde Moncloa dan por descontada la postergación de la medida a 2026, mientras que los de Yolanda Díaz aseguran que será sí o sí en el año que comienza. La negociación por los PGE pisará el acelerador en enero, con otros actores en escena. Los otros socios se arremangan para un 2025 de conflicto.

Yolanda Díaz, en la firma del acuerdo con UGT y CCOO para la reducción de la semana laboral a 37,5 horas.
Yolanda Díaz, en la firma del acuerdo con UGT y CCOO para la reducción de la semana laboral a 37,5 horas. (Antonio Velázquez / SOPA Images vi / DPA)

El receso parlamentario en las Cortes españolas ha bajado precipitadamente la temperatura política, que acabó los días previos a la Navidad en máximos históricos, a pesar del riguroso frío de la meseta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prácticamente desaparecido de la escena pública, y asimismo las caras más visibles de su Ejecutivo y del Partido Socialista. Sólo en redes sociales algunos que anhelan protagonismo, como el ministro Oscar Puente, siguen generando contenido.

No es así desde las derechas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, convocó el último viernes del año en Madrid a un «balance del año» ante medios de comunicación en el que no escatimó pronósticos negativos para Sánchez y el Estado y en esa oportunidad dijo que el acercamiento con Junts no era por Génova sino por que los de Carles Puigdemont se les acercan. El relato fue tan pesimista que la réplica el Gobierno reposó en ironía: «Es para echarse a llorar», dijo el ‘superministro’ Félix Bolaños.

Pero tras los festivos de los Reyes Magos comenzará un año parlamentario difícil y complejo. Aunque las sesiones ordinarias se retomarán en febrero, durante el mes de enero está previsto que se incrementen las negociaciones por los presupuestos, para evitar prorrogar los de 2022 una vez más. Cabe recordar que los gastos del Gobierno del Estado se rigen actualmente por unos Presupuestos Generales del Estado de una vieja mayoría parlamentaria que no es la actual ni representa lo que se votó en las generales de 2023.
    
La disputa entre los socios
    
En las últimas semanas se han abierto nuevos surcos entre el PSOE y algunos de sus socios. La variopinta mayoría parlamentaria es un sinfín de contradicciones porque va de derecha a izquierda, de unionistas a soberanistas, de minimalistas a maximalistas... Pero la diferencia que más promete hacer ruido en los próximos meses en el ámbito estatal se llama reducción de la jornada laboral.

Y es que los dos socios de la coalición del Ejecutivo pasan por momentos de partido muy diferentes. Los socialistas han hecho los deberes y ordenaron su formación en el 41. Congreso Federal que tuvo lugar en Sevilla, activando las renovaciones regionales (las que le interesa a Sánchez son Aragón, Madrid, Castilla y León y Andalucía) y preparando el partido para las batallas electorales por venir, además de dejar satisfechos a sus aliados con la nueva Comisión Ejecutiva Federal. No hay rival interno de peso aún que pueda siquiera significar un desafío interno a Sánchez.

Los dos socios de gobierno pasan por momentos muy diferentes: el PSOE ha hecho los deberes en Sevilla y Sumar sufre el caso Errejón y el repunte de Podemos

 

Mientras tanto, en la coalición Sumar, su partido eje, Movimiento Sumar (el creado por la vicepresidenta Díaz y su entorno más cercano) está en situación de profunda vulnerabilidad. Con las encuestas mostrando resurgir a Podemos y partiendo casi por mitades al electorado de izquierda confederal, el socio minoritario del Gobierno no acaba de reponerse del duro golpe que significó la partida de Iñigo Errejón, además de haber logrado colar pocos triunfos legislativos. La competencia con la formación de Ione Belarra les hace daño, además de estar parcialmente con bozal para criticar al socio mayor.

La ministra de Trabajo ha elegido la reducción de la jornada laboral como su ariete principal para retomar la iniciativa. Es una transformación de calado y de su propia área, así como lo fue la reforma laboral de 2022. Cuatro días antes de Navidad y horas después del último día laboral del Congreso con muchísima tensión mediática (habría que ver si el momento para informarlo no fue un tiro en el pie), Díaz firmó formalmente el acuerdo con UGT y CCOO de llevar a 37,5 las horas semanales en 2025, sin reducción salarial.

Altas fuentes de la vicepresidencia primera y de Hacienda, equipos que dirige María Jesús Montero, han respondido a NAIZ que está casi descartado llevar adelante esta iniciativa en el año que comienza. «No nos vamos a llevar por las ansias de protagonismo que algunos tienen», han opinado.

Sobre los tiempos prometidos en el acuerdo de investidura firmado entre ambos partidos, la misma fuente responde: «No importan las fechas. Lo importante es que lo apoyen los grupos parlamentarios. Para nosotros sí es relevante que salga con el mayor consenso posible».

Ante la repregunta, se ratifican: «El calendario no es lo importante, lo importante es que España apruebe una reducción de la jornada laboral con grandes consensos. Si es en 2025 ó 2026 no es lo prioritario».

Desde la cúpula del grupo Plurinacional Sumar, han respondido tajantes: «La reducción de la jornada en 2025 es lo que va a suceder. La habrá y será antes de que termine el nuevo año».

Para entender la importancia que Sumar otorga a este tema también sirve este detalle: la nueva portavoz del grupo (que relevó a Errejón en noviembre), la gallega Verónica Martínez Barbero, solo participa de una comisión del Congreso, y es la de Comisión de Trabajo y Economía Social.

¿Y los presupuestos?

Con respecto a los Presupuestos, fuentes de Sumar aseguran que el acuerdo definitivo con el PSOE está «muy avanzado» y que se ha procurado incorporar los reclamos de las diferentes familias territoriales de la coalición, con especial énfasis en los valencianistas de Compromís.

Los PGE tienen un sendero con varios escalones por subir. Algunas buenas noticias, como el triunfo del ala dialoguista de Junqueras en ERC, puede facilitar las cosas, aunque desde ese grupo han dejado trascender que no van a apoyar hasta que no haya «más cumplimientos» de los pactos previos, especialmente en materia de Rodalies y en financiamiento.

Pero sin dudas el peldaño más difícil es el de Junts y el de Podemos. Ya lo eran los posconvergents y en eso no hay novedad, pero la formación morada se ha desmarcado cada vez más del Gobierno el último semestre y esto se entiende en la dinámica de disputa por el mismo espacio con sus exaliados de Sumar. La enemistad entre ambas fuerzas solo añade más dificultad a las ya complicadas negociaciones para sumar mayoría.

Podemos emula a Puigdemont buscando contraprestaciones; la última, prorrogar los beneficios en transporte público y la prohibición de desahucios a cambio de Ley de eficiencia del Poder Judicial

 

Podemos emula la táctica de Puigdemont y a cada voto a favor obtiene una contraprestación. Lo último fue el intercambio de prorrogar seis meses los beneficios en trasporte público y un año la prohibición de desahucios para familias vulnerables a cambio de apoyar la ley para mejorar la eficiencia del Poder Judicial.

Un detalle parlamentario: los de Belarra saben, y seguramente juegan, con la aritmética a su favor. Si el PSOE consigue el ‘sí’ de Junts (y mientras tenga los votos de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG), puede prescindir de Podemos, en tanto se abstenga. E incluso si tiene el voto de la CC y de Ábalos, hasta Belarra puede decidir que sus cuatro votos sean en contra sin tumbar al Gobierno. Un desmarque ideal para los morados.