Las diputaciones han ampliado en quince días el plazo de presentación de enmiendas a la «revisión fiscal» acordada por PNV y PSE. Hay que recordar que ambos partidos no cuentan con mayoría suficiente para aprobarlos ni en las Juntas Generales de Araba ni en Gipuzkoa, donde necesitan del apoyo de algún otro partido. En Bizkaia podrían sacarla adelante en solitario, pero no parece que un escenario de desarmonización fiscal sea bueno para nadie, ni siquiera para ese territorio.

Los grupos políticos ya han puesto sus cartas sobre la mesa. En conversación con este medio, fuentes de EH Bildu insisten en que solo entrarán en una negociación que se traduzca en un aumento de la recaudación, porque ese dinero va a hacer falta para mantener los servicios de Osakidetza, las residencias u otros derechos sociales. Por el contrario, el PP insiste en la rebaja de los impuestos y mira como ejemplo que Madrid es, «entre otros, un territorio que compite con nuestras empresas, pero que realmente de lo que se trata es de acomodar la realidad fiscal a la realidad social».

Antecedentes

Este debate tiene sus antecedentes. El 15 julio de 2024 las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron el informe de conclusiones de la ponencia para la reforma fiscal tras incorporar PNV y PSE enmiendas de EH Bildu.

Ese acuerdo a tres bandas permitía analizar la tributación de todas las rentas, especialmente para conseguir una menor tributación en las rentas más bajas y reforzar la progresividad en el resto. PNV, PSE y EH Bildu estaban de acuerdo en la eliminación de las exenciones a la declaración de la renta y la extensión de la obligación a toda la ciudadanía, para que todas las personas puedan acceder a las ayudas que les correspondan, incluso fiscales.

En el caso de las viviendas, además de reforzar el alquiler, se dio importancia a la accesibilidad y a aplicar diferentes tributos a los arrendatarios en función de los precios de referencia y su uso. En cuanto a las empresas, se estudiaría «un mínimo efectivo» a todas ellas y su cálculo. Y se realizaría la evaluación de impacto y eficacia de todas las deducciones del impuesto de sociedades.

Al poco del inicio del curso parlamentario, el 11 de octubre, el líder de EH Bildu Pello Otxandiano planteó al lehendakari, Imanol Pradales, un acuerdo presupuestario y fiscal común para el Gobierno de Lakua y las tres diputaciones.

Pradales acusó a Otxandiano de demostrar «desconocimiento o poco respeto por la estructura institucional de este país» y de plantear «una suerte de imposición vertical de carácter político para el conjunto de las instituciones vascas más relevantes». Pocos días después, el 30 de octubre, PNV y PSE anunciaban que habían cerrado «un acuerdo para la revisión fiscal y tributaria que mejora la progresividad y refuerza el tejido económico y social de Euskadi». Un pacto, este sí, impuesto de arriba a abajo desde las cúpulas de Sabin Etxea y el PSE a las tres diputaciones.

Aseguraban en una nota conjunta que la revisión «impulsa la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y las energías renovables; en una fiscalidad que favorece el incremento del parque de alquiler para hacer efectivo el derecho a la vivienda, con especial atención a las y a los jóvenes». Todo esto se traduce, en realidad, en un catálogo de deducciones fiscales. De hecho, PNV y PSE dejaron de lado las palabras «reforma fiscal» por demasiado ampulosa para su contenido.

Ajuste «contraproducente»

Desde un inicio, EH Bildu consideró «contraproducente» ese «ajuste fiscal», en el que «se reconoce abiertamente que va a suponer una merma en la recaudación». Visto lo que está ocurriendo ya con la caída de la recaudación por debajo de lo previsto por el Órgano de Coordinación Tributaria y el contexto internacional, EH Bildu se pregunta «¿cómo se va a sufragar la inversión productiva y el sostenimiento de los servicios públicos en los siguientes años?». Por ello, se muestran favorables a la negociación de las medidas, pero volviendo a los principios acordados ya en Gipuzkoa, que subirían la recaudación y que PNV y PSE no han explicado por qué los desecharon.

Por otro lado, observan que se está intentando una suerte de chantaje, acusándole de que miles de jóvenes perderán ayudas si las medidas no se aprueban, o que dejará de haber impulsos  a la energía verde y la descarbonización. Desde EH Bildu responden que  la política fiscal está para redistribuir la riqueza. A esto añaden que lo evidente es que «cada vez es más el dinero público que se destina a prestaciones y deducciones y cada vez es más la gente que no puede afrontar el pago de un alquiler en el mercado libre, alimentándose una espiral insostenible también en términos económicos». 

El modelo de Ayuso

Por otro lado, también el PP está tratando de llevar a PNV y PSE hacia un pacto con ellos. Su propaganda se centra en la bajada de impuestos y asegura que «nuestra propuesta fiscal está dirigida a que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Es el momento de elegir entre la presión fiscal o el alivio a las familias».

Quien se está mostrando especialmente incómodo con este debate es el PSE, que ve al PNV dejándose encandilar por los cantos de sirena del PP, y trata de poner pie en pared afirmando que «el modelo del PP es el de Ayuso en Madrid», y que «no va a seguir ese modelo y permitir que eso suceda en Euskadi». Iñaki Oyarzabal le responde que «Madrid es, entre otros, un territorio que compite con nuestras empresas y atrae nuestro talento, pero realmente de lo que se trata es de acomodar la realidad fiscal a la realidad social».

Entre tanto, el PNV asegura que está abierto a todas las posibilidades, al tiempo que hace movimientos más o menos subterráneos de acercamiento al PP, que el PSE asegura que no aceptará. Habrá que ver. La última reforma fiscal ya la firmaron en 2017 los tres partidos y la negociaron con los presupuestos de Lakua, eso que cuando lo pide la izquierda para subir la recaudación le dicen que es imposible.