El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido encarcelado este miércoles en el centro de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), tras aterrizar en Países Bajos, extraditado por Filipinas, acusado de crímenes de lesa humanidad entre 2011 y 2019, durante su campaña contra las drogas.

A las puertas del centro de detención se han concentrado unas 250 personas con banderas de Filipinas para mostrar su apoyo al exdirigente, que pasará por una primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios, y podrá hablar con su equipo legal.

Después, la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad del sospechoso e informarle de sus derechos.

El «papel central» de Duterte

La CPI ha hecho pública la orden de arresto contra Duterte, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo.

Los jueces indicaron que «existen motivos razonables» para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas «atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas», al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

Estos «actos violentos» se cometieron, señala la CPI, como parte de «una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato».

Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones» y es «coautor indirecto» del crimen.

«La Sala considera que existió un ‘ataque’ dirigido contra la población civil, llevado a cabo de conformidad con una política organizacional durante el período en el que Duterte dirigió el DDS, y posteriormente como política de Estado cuando ocupó el cargo de presidente», explicó la CPI.

Se le vincula con la muerte de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, muertas a manos de fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la Policía.

El «papel central» que se le imputa incluye: el diseño y promoción de una política de exterminio de criminales; establecimiento y dirección del DDS; proporción de armas, vehículos y equipos a los perpetradores; orden directa de actos de violencia; la selección de funcionarios clave para ejecutar los crímenes; y la protección de los perpetradores de la justicia.

Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, quien ha defendido que sus investigaciones son «independientes e imparciales», ha celebrado el arresto como «un avance importante en la búsqueda de la rendición de cuentas» en Filipinas.