El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido detenido en virtud de una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad. El arresto se ha producido en el Aeropuerto Internacional de Manila y el exdirigente filipino ha sido trasladado, en un primer momento, a una base aérea, desde la que ha partido hacia La Haya.

Duterte, que posteriormente ha tildado de «ilegal» su detención, acababa de aterrizar procedente de Hong Kong a las 09.20 (hora local). «El expresidente y su comitiva gozan de buena salud y han sido examinados por médicos del Gobierno, quienes aseguran que se encuentran en buenas condiciones. Actualmente, está bajo custodia de las autoridades», ha asegurado en una nota el Palacio de Malacañang.

A primera hora de la tarde, un avión ha partido hacia La Haya, según varios medios locales.

Su arresto se produce como consecuencia de las operaciones que llevó a cabo en la lucha contra el narcotráfico –fue su bandera para alcanzar el poder–, que provocaron alrededor de 6.000 muertos en el país, según las autoridades, una cifra que se eleva hasta los 30.000, según diversas organizaciones humanitarias.

Precisamente, el subdirector para Asia de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), Bryony Lau, ha indicado que el arresto de Duterte «es un paso clave para la rendición de cuentas en Filipinas», según un comunicado publicado por la ONG a través de la red social X.

«Duterte hace frente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con miles de ejecuciones extrajudiciales durante su ‘guerra contra las drogas’ entre 2011 y 2019. Su arresto podría acercar a la justicia a las víctimas y sus familias y envía el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley», ha dicho, antes de pedir al Gobierno que le entregue «rápidamente» al TPI.

En este sentido, la portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, según sus siglas en inglés), Francel Margareth Padilla, ha destacado que las AFP están preparadas para «reforzar los esfuerzos para mantener la seguridad nacional y la estabilidad siempre que sea necesario» y ha destacado que «se ciñen a la cadena de mando».

El académico, militante y exdiputado filipino Walden Bello ha comentado en redes la detención de Duterte, que apoya sin fisuras a pesar de las intrigas que hay detrás de la misma, ha recordado que sus 27.000 víctimas no tuvieron juicio y ha defendido el papel vital de la CIJ «para que pueda ser juzgado por la ejecución extrajudicial de unos 27.000 filipinos».

Denuncia de ONGs

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la «guerra contra las drogas» de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019, en respuesta a las críticas de La Haya.

La Administración de Duterte trabajó para suspender las investigaciones del tribunal internacional en 2021 argumentando que las autoridades del país ya estaban llevando a cabo sus propias pesquisas y que, por lo tanto, el TPI no tenía jurisdicción sobre el caso, dado que era un asunto abierto a nivel nacional.

Sin embargo, el proceso de apelación en el TPI determinó en 2023 que la investigación podría retomarse después de rechazar las objeciones de Filipinas, mientras que el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien llegó al poder en 2022, afirmó que estaba dispuesto a cooperar con el TPI si pedía su arresto, si bien no ha reintegrado al país en el organismo.

Horas antes de su detención, Duterte se había mostrado dispuesto a «entregarse» al TPI por las supuestas violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo su Administración en el marco de las controvertidas políticas implementadas para hacer frente al consumo y tráfico de drogas, en unas declaraciones realizadas durante una visita a Hong Kong.

«Si este es verdaderamente mi destino en esta vida, está bien, lo aceptaré. Pueden arrestarme y encarcelarme», aseveró. «¿Cuál es mi pecado? Hice todo lo que estuvo en mi mano para fomentar la paz, para que los filipinos vivan en paz», agregó, restando importancia a la cuestión de su posible arresto a su regreso al país.

Una tesis que ha mantenido a través de la cuenta de Instagram de su hija, Veronica Duterte, en la que se ha subido un video en el que interpela al fiscal general, Anthony Fadullon, en la base aérea de Villamor sobre «¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?», según el diario ‘Philippine Daily Inquirer’.

«Muéstremela, la base legal para que esté aquí. Aparentemente, me han traído aquí no por mi propia voluntad, sino por la de otro», agrega, tras lo que el ex secretario ejecutivo de Duterte, Salvador Madialdea, recuerda que el país no es ya un Estado miembro del TPI, dado que Manila se retiró durante el mandato del propio Duterte.

Antiguos aliados

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el mandatario.

El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de «drogadicto», evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, ha denunciado que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.

Marcos Jr. ha negado que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, ha advertido en declaraciones a Efe que «la familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr» y la detención «es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes».