CNT, CCOO, UGT, USO, CGT, CI (Intersindical), CSI, CSO, CIT AUX SAD, CUT, ELA, ESK, ISA, SAT, SO, STEILAS, SUATEA y Clase Trabayadora han pedido el indulto para ‘Las 6 de La Suiza’, seis sindicalistas vinculadas a CNT y condenadas a penas de tres años y medio de prisión a cada una por participar en piquetes informativos en el marco de un conflicto laboral en la Pastelería La Suiza de Xixón. LAB también ha mostrado su apoyo.

En un comunicado, CNT ha destacado que el proceso contra ‘Las 6 de La Suiza’ ha conseguido «algo con muy pocos precedentes en la historia laboral de este país: la práctica totalidad de los sindicatos de clase han aparcado diferencias y han sumado sus voces en defensa de las trabajadoras, un hecho que quedó en evidencia en el acto público celebrado el pasado julio en la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo. Ahora, las organizaciones sindicales han dado otro paso en esa unidad de acción para pedir el indulto de las encausadas».

Según ha indicado la central, los motivos que llevan a las organizaciones sindicales a dar este paso obedecen a «razones de tipo personal o humanitario», y «se sustenta en un penoso peregrinaje que dura ya ocho años en los que estas personas vienen conviviendo con un proceso judicial en el que se les piden penas privativas de libertad, que la acusación particular fijó en catorce años, y que finalmente, tras diferentes recursos, se ha fijado en tres años y medio».

Además, hay razones de «tipo colectivo»: «La sentencia ha generado una gran alarma social en el movimiento sindical y feminista, de manera sobresaliente en Asturias, pero cuya influencia se ha dejado notar, y mucho, en España y en el extranjero», ha apuntado CNT, que ha incidido en que el «hecho de que esta solicitud de indulto venga avalada por la gran mayoría de sindicatos de clase del Estado español, y de que haya obtenido el apoyo de gran parte del arco parlamentario, es buena prueba de ello».

La petición de indulto recuerda que una de las responsabilidades y facultades del Gobierno español, «aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores. El Poder Ejecutivo puede ofrecer una medida de gracia si considera que determinadas sentencias pueden generar un daño personal y social que excede al de la sentencia. Este sería uno de estos casos».

A juicio de los firmantes, «tendría así el Gobierno una magnífica oportunidad de ayudar a desatascar una situación que preocupa a las principales organizaciones de masas y al principal movimiento social de este país otorgando un indulto que muestre que, al menos, hay una voluntad gubernativa de evitar que quienes se ven implicados en estas circunstancias puedan dar con sus huesos en la cárcel, puedan verse sometidos a multas importantes y puedan tener arrastrada una pena, incluso en la suspensión de condena, que todavía se alargue durante más de un lustro».

El juez no suspende la entrada a prisión

Por otro lado, CNT ha alertado de que el juez Lino Rubio Mayo, titular del juzgado de lo penal número 1 de Xixón, ha desestimado la petición de suspensión de la condena. No obstante, el juez aún no ha ordenado el ingreso, dado que todavía existe la posibilidad de recurrirla ante la Audiencia Provincial, paso al que se va a proceder en breve.

Al parecer, el juez sostiene que no es suficiente con que el sindicato haya satisfecho la responsabilidad civil de la empresa «y que es precisamente este dato, que el dinero no haya salido de las arcas personales de las condenadas, la muestra de su falta de arrepentimiento». 

«Tampoco ve el juez arrepentimiento en tanto que las sindicalistas han protestado contra la sentencia, y sostiene que la campaña causó un daño desproporcionado al provocar el cierre del establecimiento, pese a que el local se encontrase anunciado en portales inmobiliarios un año antes del conflicto y que el empresario abriera poco después un nuevo establecimiento en una cotizada calle del centro de Oviedo», ha añadido. 

Desde la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, ha destacado que la decisión del juez evidencia «un ejercicio de Derecho Penal, inquisitivo y vengativo», que además «pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de huelga y a las protestas, y su efecto más grave es la asimetría procesal: mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa, se ordena el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales».