Este miércoles, fecha en la que finalizaba el periodo de instrucción, se practicará la prueba de ADN al joven supuestamente implicado en la violación de otra menor en diciembre de 2023. El caso había generado una ola de solidaridad con la víctima después de la denuncia de la asociación Clara Campoamor, que había alertado de que si la Fiscalía no acordaba la práctica de esta prueba antes del miércoles 18 de junio, este caso de violación iba a quedar abocado al archivo.
El viernes pasado, a través de filtraciones periodísticas, transcendió que la Fiscalía de Menores había presentado el miércoles 11 un escrito en el juzgado solicitando autorización judicial para la práctica de la prueba de ADN al menor supuestamente implicado en la agresión sexual, además de una prórroga de seis meses en la instrucción.
En su escrito, el fiscal advertía al juez de que el plazo de instrucción estaba a punto de finalizar, en concreto el 18 de junio, por lo que era necesario que resolviese «a la mayor brevedad posible».
La noticia alertó a la abogada de la víctima y su familia, a quienes no se notificó hasta el pasado lunes que este miércoles se efectuará la prueba de ADN solicitada.
Alivio en el entorno de la víctima
La noticia ha aliviado la tensión que los allegados de la menor violada venían sufriendo las últimas semanas viendo la actitud pasiva del Ministerio Público, lo que derivó en la denuncia de la asociación Clara Campoamor y las muestras de solidaridad que se sucedieron, pidiendo a la Fiscalía que actuase con celeridad.
La agresión sexual se produjo a mediados de diciembre de 2023, cuando una menor fue violada y se identificó a dos presuntos autores. Uno, mayor de edad, se sometió a la prueba de ADN y dio negativo. Este joven negó haber violado a la víctima, pero sí reconoció que efectuó tocamientos y señaló al otro implicado, menor de edad.
El Ministerio Público solicitó a este joven una prueba voluntaria de ADN, pero la defensa se negó y solicitó a la Diputación de Bizkaia un informe sobre la capacidad real del acusado de acceder voluntariamente a esta prueba, alegando su «inmadurez». Ese informe determinó que el implicado tiene una discapacidad física del 20%. Ahora, tras la denuncia, parece que el caso se reactiva y la familia de la víctima espera que «se haga justicia».
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