Josetxo Martínez es el responsable de Comunicación del Parlamento navarro y acaba de presentar en un congreso internacional celebrado en Tenerife un estudio sobre la desinformación (fake news) para el que ha recabado la posición de profesores, juristas, periodistas y políticos como Sergio Sayas (PP), Oskar Matute (EH Bildu), Adriana Maldonado (PSN) o Izaskun Bilbao (PNV).

¿Cuáles han sido los motivos por los que ha analizado el tema de la desinformación, una cuestión creciente y preocupante?

He tratado la desinformación en un momento previo a la plena entrada en vigor de la normativa europea que hay en torno a este asunto. El 8 de agosto es ya de plena aplicación el Reglamento Europeo por la Libertad de los Medios de Comunicación. A ello, hay que añadirle la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que también son de aplicación en este caso desde febrero y mayo. Estas tres normas son los ejes de la estrategia europea contra el contenido nocivo o ilegal en línea como es la desinformación. Se trata de analizar cuál es el estado actual del modelo de comunicación, que está totalmente mediatizado desde el ámbito digital.

Hay un consenso general compartido sobre que no hay que tocar las normas que rigen la actividad periodística, que protegen el derecho a la información veraz de la ciudadanía y el derecho a la libertad de expresión, ya que hay un riesgo de mediatizar el control y abrir la vía a la censura. Es un tema muy delicado y el consenso es que no hay que tocarlo. En cambio, las leyes que atenúan esos derechos fundamentales, basándose en el derecho a la rectificación y el derecho al honor, podrían tocarse. El derecho a la rectificación se basa en una ley de 1984 pensada solo para la prensa escrita y totalmente desactualizada. La del derecho al honor en ocasiones se utiliza para amedrentar a los periodistas, más que como una herramienta defensiva se utiliza como amenaza.

La alternativa es apostar por la autorregulación, de manera responsable, codificada y sujeta a sanciones. La normativa europea va por este camino, intentando preservar la independencia de los medios y la pluralidad. Hay algunos que dicen que la autorregulación ha fracasado y otros que la presentan como la alternativa. Para que sea efectiva –en esto también hay consenso– habrá que categorizar las plataformas digitales como medios de comunicación para que sean responsables de los contenidos que emiten.

Ahora mismo es un ámbito totalmente desnaturalizado, en el que no hay nada sujeto a sanción. ¿Qué incentivos tienen las plataformas digitales para autorregularse? Ninguno. Por un lado sacan un beneficio económico del comercio ilícito y poco ético de los datos personasles. Por otro, utilizan sus informaciones o desinformaciones para dotarse de un poder.

Estas plataformas se sitúan físicamente fuera del espacio europeo, lo que dificulta el control o la regulación.

Es muy complicado. Las voces que dicen que la autorregulación ha fracasado o a ver si funciona, también plantean hasta qué punto el Estado puede huir de su obligación de legislar en cuestiones de interés general como la desinformación, que incide en la calidad de la democracia. Hay una erosión global de los sistemas democráticos.

Tenemos una ciudadanía a la que no se le da tiempo para procesar esa catarata de informaciones irreflexivas. Entre las conclusiones también está que incidir en la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para que aprenda a filtrar información y fomentar el espíritu crítico. Eso es lo que se critica a las plataformas que se dedican a la desinformación que erosiona los sistemas democráticos.

También hay coincidencia en que hay que profundizar en las políticas de transparencia y datos abiertos y en que las leyes de transparencia han sido positivas, ya que aportan datos públicos de calidad que contribuyen a que los periodistas puedan hacer información de calidad. Pero, a la vez, están muy poco utilizadas por medios y ciudadanía. A veces, en vez de facilitar los datos de manera accesible se dan de manera fragmentada o desordenada para que no sea tan sencillo interpretarlas.

También se incide en la importancia de que las instituciones tengan servicios de comunicación que difundan información contextualizada, rigurosa, explicativa. Puede utilizar las redes sociales como canal para difundir la información pero sin caer en el uso de los mismos códigos. Una información mínimamente importante y rigurosa no se puede explicar en cuatro caracteres. No se puede caer en el simplismo.

A los partidos también se les dice que deben informar con rigor y evitando el uso de fórmulas simplistas en las redes sociales.

Vivimos en un escenario en el que los partidos tienen grandes equipos de comunicación, mayores que muchos medios, pero se prima el vídeo de 40 segundos para las redes sociales.

Sí, se cae en los procedimientos que se critican, en la superficialidad y simplicidad de las redes sociales. Dicen que así se llega a la gente y es cierto que se han eliminado intermediarios y se puede trasladar el mensaje directamente. El problema es qué trasladas. ¿Explicas algo o quieres que la gente no sepa nada?

Eso se critica desde los cuatro ámbitos del estudio. Se exige rigor e informaciones contextualizadas, precisas y explicativas y se rechazan los simplismos que no conducen a nada. Una nota informativa de un gabinete de prensa institucional no puede ser una foto con dos líneas de texto. Eso no es información, es publicidad o marketing. No se debe caer en eso. Se pide seriedad y rigurosidad, las fórmulas del periodismo tradicional. El problema de las empresas de comunicación convencionales es que tienen que atender también a su rentabilidad. Sin rentabilidad, no hay credibilidad. Cada medio informa desde su línea editorial pero es una empresa. Y si para sobrevivir tienes que competir utilizando las armas que criticas, entramos en una espiral.

Ha hablado de la autorregulación, pero uno de los problemas del sector de la comunicación es que siempre ha sido disperso, desestructurado y bastante incapaz de tomar grandes decisiones. Cada uno va a su aire y no hay colaboración casi siquiera a nivel de colegios o asociaciones profesionales. 

Falta una visión de profesión. Desde los periodistas hay un consenso sobre que ni las asociaciones ni los colegios profesionales están en lo que deberían estar, en proteger la praxis y los estándares informativos, las condiciones laborales o el intrusismo profesional. A nivel de medio o empresas tampoco existe unidad de acción y no es un problema de normativa, que existe.

En 2018, la Comisión Europea ya consensuó una definición de desinformación con todos sus elementos sustanciales: información verificablemente falsa o engañosa, con fines de lucro, para engañar, para amenazar a la política democrática, para distraer, dividir, falsificar hechos... Hay un consenso, pero no se lleva a la práctica. Nadie da el paso, ni desde las empresas, ni desde los estados ni desde la propia UE. Todo está ya, pero falta materializarlo, poner un marco normativa. Y si la autorregulación falla, la pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a conceptualizar qué es un medio de comunicación? El que no es medio no puede tener acceso a financiación pública, ni a publicidad ni a acreditaciones. Falta unidad de acción desde el ámbito de empresas periodísticas, de profesionales del periodismo y de colegios.

Cuando se ha intentado hacer algún movimiento desde las instituciones, como sucedió en Nafarroa, de un intento de solucionar un problema se pasa a estar en medio de la trifulca política y a las acusaciones de querer controlar los medios.

No se avanza desde las instituciones porque hay mucho miedo. Cualquier cosa que se haga o se diga se interpreta como una intromisión o como un intento de censura o de controlar a los medios no afines. Eso no es el objetivo, pero para las instituciones es muy difícil intervenir ahí. También para un estado. Pero a nivel europeo ya hay una normativa y ahora toca aplicarla, trasladando las directivas.