El Tribunal Supremo (TS) ha estimado los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Donostia y el Abogado del Estado español contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en julio de 2022 estimó en parte la demanda interpuesta por Vox para proteger los Cuarteles de LoIola en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (Peppuc). 

En la sentencia del TS, fechada el pasado 7 de julio, se desestima así la pretensión de Vox de incluir como edificios protegidos los citados cuarteles, donde se prevé un desarrollo urbanístico con 1.700 viviendas protegidas.

El TS considera que la sentencia recurrida y ahora anulada invade la competencia municipal para la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, así como la competencia de la Administración General del Estado.

Además, retrotrae el procedimiento de primera instancia hasta el trámite en que debió emplazarse en calidad de demandado al Abogado del Estado, a fin de que, «tras realizarse el emplazamiento, prosiga el proceso por sus trámites». El tribunal no impone las costas procesales de la primera instancia ni de este recurso de casación.

Anula la sentencia del TSJPV

La sentencia del TSJPV, ahora anulada, requería al Consistorio donostiarra que incluyera a los cuarteles de Loiola como protegidos en el Peppuc, lo que impediría su demolición.

Vox alegó en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo.

En estos informes se cita que el Gobierno de Lakua incluyó en su día a los cuarteles de Loiola en el inventario provisional del patrimonio histórico arquitectónico y la Diputación de Gipuzkoa también estimó su valor cultural y apostó por su conservación en un documento del año 2009.

Tras estudiar estos informes y las alegaciones del Ayuntamiento, el TSJPV aseveró que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda», que pedía el máximo grado de protección.

Esto suponía un golpe para los planes de Ayuntamiento de Donostia, que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar. De hecho, el día siguiente a conocer el fallo, el 14 de julio de 2022, el alcalde, Eneko Goia, anunció la presentación de un recurso. «No cederemos, pelearemos hasta el final», subrayó.

Firma de escrituras, el 23 de julio

De hecho, la firma de las escrituras de compraventa de los cuarteles de Loiola está prevista para este miércoles, 23 de julio.

«Con mucha alegría podemos decir que una de las operaciones urbanísticas más importantes que tendrá lugar en los próximos años podrá arrancar a partir de la firma de unas escrituras por las cuales el Ayuntamiento pasará a ser el titular de la parcela que actualmente ocupan los cuarteles de Loiola», avanzó la semana pasada la teniente de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus

A partir de la fecha de la firma se abre un plazo de cuatro para que los militares acuartelados se vayan, un periodo que el Ayuntamiento empleará «para ir avanzando en el diseño y la planificación de lo que va a ser el nuevo entorno», explicó Arzallus.

Así, el Gobierno local trabajará en la puesta en marcha de un concurso internacional de ideas para el desarrollo de la zona, a la vez que se acometerán los pasos para modificar el Plan General e incluir todos los aspectos que afectarán al nuevo desarrollo.