El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por «contrabando» y participación por «complicidad en un delito de lesa humanidad» o «genocidio» al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.

Según informa la Audiencia Nacional, el juez considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento.

El magistrado, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones, apunta que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.

Jainaga es uno de los principales empresarios vascos, muy conectado con el Gobierno de Lakua, como ha quedado en evidencia en la operación para apuntalar la propiedad de Talgo, donde ha liderado el llamado «consorcio vasco».

Los argumentos del juez

Para el instructor Francisco de Jorge, los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información que publican a diario los medios de comunicación como por la calificación provisional como delito atribuida por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), entre otras personas y agencias.

A su juicio, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607.

El juez considera que los hechos son imputables también a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

No obstante, entiende que no procede por ahora considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, «dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva».

Y aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley transposición 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, ha explicado el tribunal.

Para el juez, se puede aplicar en este caso la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes, ya que se cumple esa condición «en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas», ha agregado la AN.

Querella por contrabando y genocidio

La querella que ha dado origen a la investigación de la Audiencia Nacional española fue presentada el pasado 1 de julio por la Comunitat Palestina de Catalunya, que denunciaba a Sidenor por la «posible comisión de un delito de contrabando», por lo que exigía «diligencias urgentes», como el registro del contenedor del buque ZIM Luanda en el puerto de Barcelona, que albergaría el material, y su decomiso.

Según la organización Prou Complicitat Amb Israel, el buque ZIM Luanda había amarrado en la ciudad para cargar 40 bloques de barras de acero originarios de Sidenor, con los que iba a partir hacia el puerto de Haifa.

La querella también consideraba que «podría haber un delito de genocidio y de crímenes de lesa humanidad».

Suspensión de Sidenor tras las presiones vascas

Ese mismo día, Sidenor anunció que dejaba de vender acero a Israel justificándola en el hecho de que el Gobierno español había decidido en abril «suspender el contrato de ventas» a dicho país. Según apuntó la empresa en ese momento, «en 2024, la relación comercial de Sidenor con empresas de Israel representó menos del 0,5% de sus ventas totales».

Este viernes, Sidenor, en un escueto comunicado, se ha limitado a señalar que ha puesto el tema en manos de sus abogados y «seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder».

Todos estos acontecimientos también coincidieron ese 1 de julio con una comparecencia ante los medios de los sindicatos ELA, LAB y ESK, junto a la plataforma BDZ, precisamente para reclamar a la empresa siderúrgica que suspendiera las relaciones comerciales con Israel y detuviera el envío de acero que tenían previsto ese mismo día desde el puerto de Barcelona.

Desde el movimiento BDZ (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) criticaban que, al igual que otras empresas vascas como CAF o Metro Bilbao, Sidenor tenía relaciones comerciales con el país hebreo.

Tras conocerse el anuncio de Sidenor, LAB lo calificó como «un éxito» de la solidaridad vasca respecto a Palestina y aseguró que se mantendría «vigilante para que el anuncio de Sidenor se cumpla».

BDZ: «El caso de Sidenor no es una excepción»

BDZ Euskal Herria ha manifestado que la investigación «confirma lo que desde hace años venimos denunciando: la implicación de empresas vascas en el sostenimiento económico, tecnológico e industrial del sistema de ocupación y apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino».

En un comunicado, ha señalado que «el caso de Sidenor no es una excepción. Empresas como CAF, implicada en la construcción y mantenimiento del tranvía de Jerusalén que atraviesa territorios palestinos ocupados; AMC Mecanocaucho, suministradora de componentes con destino a proyectos vinculados al complejo militar israelí; Metro Bilbao y Osakidetza, que han contratado servicios de seguridad con la empresa I-Sec, de origen israelí, forman parte de una red de colaboración económica que vulnera los principios básicos de las políticas éticas de inversión y de respeto a los derechos humanos».

«Hay que romper todo tipo de relaciones con el sistema colonial y de apartheid de la entidad sionista. Y la mejor noticia es que esto es posible. Los gobiernos tienen que actuar y no quedarse en promesas, el sistema judicial tiene que actuar y desde el movimiento popular debemos continuar trabajando», ha añadido.