
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha anulado este miércoles la condena de diez años de cárcel impuesta a la opositora Jeanine Áñez por asumir en noviembre de 2019 el cargo de presidenta del país y ha ordenado su liberación inmediata.
El tribunal anula así los procesos ordinarios contra Áñez al subrayar que debe ser sometida a «luicios de responsabilidades», una figura reservada a altos cargos del país, por su condición de expresidenta.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha explicado que la decisión, con el visto bueno de todo el tribunal, se fundamenta en «algunos argumentos» tales como «la retroactividad de la ley», ya que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió cambios posteriores, por lo que no está garantizado el derecho al debido proceso.
Saucedo ha señalado que el fallo forma parte de esa «transformación» de la Justicia que ha defendido desde que asumió recientemente el liderazgo del TSJ.
«Esto significa que tiene que recuperar su libertad», ha señalado el juez, quien ha subrayado que es el único proceso que tiene pendiente Áñez, quien en noviembre de 2019 se autoproclamó presidenta, en plena crisis política por la renuncia de un Evo Morales presionado por el movimiento golpista de los militares y la oposición.
Tras ostentar el cargo 361 días, Áñez fue condenada en 2022 a diez años de cárcel en el marco del caso 'Golpe II' por delitos contrarios a sus deberes y la Constitución. En arresto preventivo desde hace más de cuatro años en la prisión de Miraflores, ha señalado que el fallo «no es un triunfo», sino «una reparación».
«No es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con júbilo y con fe en que la Justicia ahora nos da esperanza», ha manifestado la que también fuera senadora.
El fallo se conoce el mismo día en el que Rodrigo Paz y Edman Lara han recibido de manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sus credenciales como presidente y vicepresidente electos de Bolivia, respectivamente, en vísperas de la toma de posesión prevista para este fin de semana de un mandato que dará otro giro a la derecha en el país.
Golpe de Estado y matanzas
Morales denunció un golpe de Estado en su contra tras su victoria en las elecciones generales de 2019, lo que foerzó su dimisión y la salida del país.
Áñez era, hasta ese momento, una política con poca relevancia que activó un mecanismo de sucesión, sin el cuórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al MAS.
La represión que siguió a las protestas de los seguidores de Morales provocaron matanzas con al menos 45 civiles muertos en l Salto, Sacaba y Senkata,
La política gobernó el país durante cerca de un año, mandato que inicialmente debía concluir el 22 de enero de 2020, pero fue extendido, junto al del entonces Parlamento donde el MAS tenía mayoría, ante la imposibilidad de celebrar elecciones por la pandemia de covid-19.
Su Administración estuvo jalonada de polémicas como la presunta compra irregular de respiradores con sobreprecio o la adquisición irregular de equipos antidisturbios por la que uno de los ministros de Áñez cumplió condena en EEUU por lavado de dinero y fue deportado en septiembre.
En de marzo de 2021, Áñez fue detenida dentro del proceso conocido como 'golpe de Estado I', iniciado por una exdiputada del MAS, por la crisis de 2019.
Fue acusada en otros siete casos por las muertes dey otras decisiones tomadas durante su Administración interina, lo que prolongó su detención preventiva.
En 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por otro caso, el 'golpe de Estado II', en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. Al no ser considerada expresidenta se le negó un juicio de responsabilidades, por lo que un año después denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto dos diferentes tribunales departamentales anularon dos juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de civiles cuando esta era presidenta en los casos conocidos como 'Senkata' y 'Sacaba'. Estos procesos fueron trasladados a un juicio de responsabilidades.

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