Una amplísima mayoría sindical formada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, que en pocos meses habían conseguido 138.495 firmas, llevó ayer al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular para que la Cámara de Gasteiz impulsara la tramitación de una propuesta legal ante las Cortes Generales para modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que cada comunidad autonómica pueda establecer un SMI aplicable en su territorio. Al igual que hizo en 2019 con la proposición de un fondo estatal de compensación a víctimas del amianto, que finalmente las Cortes aprobaron en 2022. Pero no pudo ser. PNV, PSE, PP y Vox le negaron incluso la posibilidad de intentarlo. De nuevo, como ocurrió con la ILP para complementar las pensiones mínimas hasta el SMI, impulsada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y con 145.142 personas firmando a su favor, ni siquiera se admitió que se tomara en consideración.

Tanto hace unas semanas los pensionistas como ayer los sindicatos, calificaron la posición de estos partidos como una tomadura de pelo y un fraude democrático. EH Bildu también denunció esta forma de actuar, que no consiste solo en negar la posibilidad de tramitar una ILP, sino que además se secuestra todo tipo de debate, puesto que ayer el resto de grupos parlamentarios no intervino ni a favor ni en contra, sino que solo salió para explicar su voto en cinco minutos.

Ante estas actuaciones de los partidos del Gobierno es fácil caer en la tentación -probablemente también lo hayamos hecho aquí- de decir que han tirado estas firmas a la papelera. La intención gubernamental es esa, pero se puede cuestionar que no haya servido para nada todo ese apoyo popular.

LA PUESTA EN MARCHA DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR OBLIGA A SUS IMPULSORES A UN TRABAJO DE MESES,

primero para la elaboración de la proposición que plantean, ajustándose a la legalidad vigente, necesaria para que los servicios jurídicos del Parlamento le den vía libre. Tanto la del SMI como la de los pensionistas tenían este marchamo de legalidad. Luego hay que poner en marcha la recogida de un mínimo de 10.000 firmas que, además, deben ser contadas y avaladas por la Oficina del Censo Electoral. Y a partir de ahí comienza una nueva fase, en la que el Gobierno debe dar su opinión, el pleno de la Cámara decidir si lo tramita o no y al final si se aprueba alguna ley o no. De 26 iniciativas legislativas populares solo han salido adelante 5 y de ellas 2 en contra de la propuesta original.

En el caso de la ILP del SMI propio, la iniciativa se registró en el Parlamento el 8 de enero. La del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria el 26 de setiembre de 2024 y se rechazó su toma en consideración el 25 de setiembre de 2025.

Pero antes de llegar a la desconsideración de los partidos del Gobierno, pensionistas y sindicatos llevaron a cabo una enorme movilización popular, en la que multiplicaron por más de diez las firmas mínimas necesarias.

Ese trabajo no habrá sido en vano. Por un lado, ha servido para socializar sus propuestas, consolidar equipos de trabajo, movilizar estructuras y engrasar la relación con sus bases.

Por otro lado, es difícil entender qué cálculos hacen desde el Gobierno de PNV y PSE para dar semejante portazo a las dos ILP, cuando cuentan con la mayoría absoluta que les permite hacer lo que quieran durante su posterior tramitación. Pero con su actitud, solo han conseguido cabrear a decenas de miles de personas entre las que, por simple estadística, tiene que haber votantes de ambos partidos.

Y con ello alimentan la combatividad tanto del movimiento de pensionistas que durante años ha demostrado su irreductibilidad, como de la amplísima mayoría sindical, que ahora encuentra nuevos argumentos para ligar el Gobierno de Pradales con los intereses de Confebask y el empresariado en general.

PERO AL TIEMPO QUE ESTE DESPRECIO PUEDE REACTIVAR A LOS IMPULSORES DE LAS INICIATIVAS, LO CIERTO ES QUE LANZA UN MENSAJE PELIGROSO A LA SOCIEDAD,

por cuanto en tiempos en los que tanto se habla de la desafección por la política, decisiones como la de impedir debates de propuestas que pueden ser más o menos acertadas, pero que han recibido el apoyo de miles de personas, no hacen más que ahondar en la brecha entre la ciudadanía y las instituciones. Lanza la imagen del Parlamento como un castillo encerrado en sí mismo y rodeado por un foso con cocodrilos hambrientos.

Lo expuso en la Cámara, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano: «Hablamos todos la democracia colaborativa, de la necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía, de convertir a la ciudadanía en parte del proceso democrático, de la importancia que tiene eso, del esfuerzo a realizar, de la corresponsabilidad. Y cuando la ciudadanía toma la iniciativa y el procedimiento reglado que le ofrece este parlamento, cuando trae el texto legal y cuando propone poner en marcha el procedimiento legislativo, ¿qué se le dice por segunda vez en pocas semanas? Que no. Que no».

Los sindicatos subrayaron que «las ILP son una vía para que la ciudadanía pueda influir en las políticas públicas. Y negar la posibilidad de debatir, basándose en excusas infundadas es una grave decisión antidemocrática». Concluyeron que «esta forma de gobernar y hacer política, dependiente y sin participación social, genera desafección hacia la política, debilita la democracia y contribuye a alimentar y reforzar los valores reaccionarios. Lo de hoy ha sido una gran injusticia».

Además, descalificar las ILP como hizo el Gobierno con la que pretendía equiparar las pensiones mínimas con el SMI diciendo que era «innecesaria» tiene mucho de desprecio a las decenas de miles de personas con pensiones que no permiten vivir con la necesaria dignidad.

PERO RESULTÓ TAMBIÉN LLAMATIVO QUE PNV Y PSE VERBALIZARAN ARGUMENTOS CONTRADICTORIOS PARA RECHAZAR LA ILP,

lo que demuestra la existencia de problemas más de fondo entre los socios de Gobierno que se pretende disimular tirando balones fuera.

Porque ayer el parlamentario del PNV Markel Aranburu dijo que «más pronto que tarde Euskadi va a tener un salario mínimo acordado, aquí, en nuestro país».

Mientras que, por contra, el del PSE, Ekain Rico, aseguró que ese SMI propio «no es una buena idea, porque permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía del salario mínimo en su territorio supondría, por sí mismo, abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España».

A ver si el problema de la ILP no era que, como arguyó el Gobierno, tuviera vicios y problemas «jurídico-constitucionales» y de «oportunidad» y que ellos apuestan para que «se negocie un salario de convenio entre la patronal y los sindicatos», sino que los propios socios no saben qué hacer con ello.

Sea como sea, lo cierto es que PNV y PSE, con el apoyo de PP y Vox, volvieron a impedir que la voluntad de decenas de miles de personas llegara siquiera a entrar al Parlamento. Le dieron un portazo. Pero esas reivindicaciones no van a desaparecer. Probablemente se han fortalecido. Y volverán a buscar sus cauces. Quizá en la próximas elecciones.