
Los 21 antiabortistas que se concentraban en la clínica Askabide de Gasteiz ofreciendo «ayuda» y hostigando a las mujeres que acudían por una interrupción voluntaria del embarazo en 2022 serán juzgados desde este lunes. En concreto, se sentarán ante el juez los que participaron en las concentraciones que se hicieron entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre.
Este proceso judicial es posible solo después de la reforma del Código Penal español, mediante la cual se pueden imponer penas de prisión tanto a los grupos de voluntarios ultracatólicos provida que actúan en los alrededores de las clínicas como a los médicos o trabajadores que adopten cualquier otra conducta que obstaculice la interrupción del embarazo.
La Fiscalía, que considera que hubo un delito de «coacciones», pide cinco meses de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse a menos de cien metros de la clínica durante tress año.
Cabe recordar que estas personas se acercaban a las clínicas tras organizarse mediante la página web de 40 Días por la Vida, un movimiento ultracatólico que se define como «el principio del fin del aborto» y que tiene su origen en Estados Unidos, donde presumen de haber «salvado 25.800 vidas».
En una nota de prensa de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y Askabide, piden que durante este procedimiento judicial se reconozca que los integrantes de dicho movimiento «buscaban interferir y obstaculizar» el derecho al aborto, entre otras cosas.
En una entrevista concedida el pasado viernes a NAIZ Irratia, la directora de la clínica Askabide de Donostia Naroa Iturri se mostró esperanzada de que este proceso en Gasteiz pueda sentar jurisprudencia, ya que es la primera vez que tantos antiabortistas se sientan ante el juez en Europa. «Eso ya es una victoria para nosotros», añade.
Recuerda Iturri que antes de llegar al juzgado se establecieron medidas cautelares que obligaban a los antiabortistas a concentrarse a al menos 100 metros de las clínicas. Los últimos tres años ha sido así, explica aunque en la clínica de Bilbo esa distancia mínima «no se respeta». Eso es, precisamente, lo que piden; que se respete ese perímetro.
Según explica, «están muy orquestados» y, aunque el líder del movimiento en el Estado español no es el de Estados Unidos, «son bastante conocidos». Detrás de esa página web en la que se puede coger turno para concentrarse frente a las clínicas están la iglesia católica y personas afines a la ultraderecha, detalla Naroa Iturri. Además de eso, en redes llaman «genocidas» a las clínicas.
La defensa argumenta que lo que hacen los acusados es rezar y que «eso no es molestar». Según Naroa Iturri, «ellos mismos saben que no se limitan a rezar, que tienen un objetivo y que llevan carteles y les dicen cosas a las mujeres y a nosotros». Concentrarse «con el rosario y el brazo en alto» no es rezar, según Iturri. «La ley dice que es coacción y no pueden hacer eso», resume.
Ataques de ansiedad y enfados
A consecuencia de los hechos que se juzgan el lunes, miércoles y jueves de esta semana entrante, los trabajadores de las clínicas han tenido que lidiar con ataques de ansiedad y enfados de las mujeres interceptadas por los antiabortistas y algunas operaciones se han suspendido.
«Hay que tener en cuenta que acudir a una clínica a realizar una interrupción del embarazo no es la situación más fácil del mundo», añade Iturri. «Para algunas abortar es tranquilizador y para otras no es para nada fácil». Considera que decir a una mujer qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo es efectivamente coacción: «A las mujeres no se nos puede infantilizar».
Según expone Askabide en un comunicado, «lo que se juzga es un derecho universal de las mujeres, si será respetado o no». «Deben sentirse seguras y libres, con su privacidad garantizada», añade.

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