«El control es demasiado laxo y ha permitido que Verter funcionara con sensación de impunidad»

A finales de setiembre EH Bildu registró una iniciativa para poner en marcha una comisión de investigación sobre el derrumbe de Zaldibar, donde continúa sepultado el cuerpo de Joaquín Beltrán.
Tenemos que poner mucha claridad sobre lo ocurrido, hay que poner luz y taquígrafos, porque con el tema de Zaldibar corremos el riesgo de pensar en que el tema está judicializado y que ahí se va a aclarar todo. Tal vez se aclare que responsabilidad penal puede tener la empresa en los dos posibles ilícitos penales, que son el delito contra la seguridad de los trabajadores y el delito contra el medio ambiente. Se pueden aclarar las malas prácticas que ha podido tener Verter Recycling, pero evidentemente es difícil que quede al descubierto el quehacer de la Administración en cuanto al control, inspección y seguimiento de lo que estaba pasando en ese vertedero, y en los vertederos en general. Creemos que es sobre lo que falta luz, y eso nos podría dar algunas pistas sobre las responsabilidades políticas que hay detrás de todo esto, en general de la gestión de residuos y en concreto de la gestión de Zaldibar.

Y la comisión de investigación nos podría dar muchísima información sobre qué tenemos que mejorar. Porque se puede dar la circunstancia rara de que efectivamente la Administración no tenga una responsabilidad penal o jurídica, pero aunque eso fuera así la realidad es que Zaldibar se cayó. Y se cayó habiendo dos actores principales: la empresa que lo gestiona y la Administración, o mejor dicho las administraciones, que tienen que velar por que este bien.

Si se diera la circunstancia de que todo se hubiera hecho bien nos tocaría hablar de muchos cambios que se deben hacer, independientemente de las responsabilidades políticas que pueda haber.

Hay algunas informaciones que apuntan a que Lakua dejó de «tutelar» hace dos décadas actividades industriales de riesgo para la salud...

Lo que para nosotros ha quedado en evidencia, y es algo en lo que queremos profundizar más, es el hecho de que el propio sistema de control es demasiado laxo, y ha permitido que la empresa funcionara con una sensación de impunidad. Las inspecciones que se relatan para Verter, o las inspecciones que se relatan en general desde el Departamento de Medio Ambiente para aquellas actividades que requieren de una Declaración Ambiental Integrada son inspecciones rutinarias de las que avisa previamente, se da tiempo a ocultar cualquier irregularidad que pudiera haber. Es curioso que el Gobierno Vasco eche mano del informe de Ricardo Energy, la empresa británica a la que manda hacer una auditoria, para decir que ellos no tenían responsabilidad, cuando ese informe indica que la medida de hacer el control necesita mejoras.

Evidentemente no se estaban haciendo las cosas bien. Se estaban haciendo las inspecciones con avisos previos, la información que mandaba la empresa se estaba procesando o leyendo simplemente en el momento en el que se iban a hacer las inspecciones en el lugar, y como las inspecciones se hacían cada dos años, aproximadamente, toda la información que mandaba la empresa durante esos dos años no se revisaba hasta el momento de hacer la inspección. Y estamos hablando de un vertedero que se estaba llenando a un ritmo muy superior al previsto, porque era un vertedero que estaba previsto que se llenara en 35 años y en ocho años estaba prácticamente lleno, eso significa que en 2018 y 2019 entraron un millón de toneladas de residuos. ¿La información sobre eso cuándo ha sido procesada?, ¿con qué frecuencia ha sido mirada?

Ahí nosotros estamos viendo una serie de irregularidades en cuanto al hecho de que se haya sobrepasado la cantidad de alguna de las materias que entraban en el propio vertedero. Hay unos códigos, empleados para clasificar residuos, cuya entrada tenía un límite y se había sobrepasado. La pregunta es cuándo comprueba como Administración que eso estaba sobrepasado. Entre una inspección y otra hay un periodo de dos años en los que entran miles de toneladas de residuos, y no se estaba realizando un seguimiento exhaustivo al día de lo que estaba pasando. ¿Eso tiene que ver con que el vertedero se haya caído? Habrá peritajes y juicios, pero es evidente que la gran cantidad de residuos que estaban entrando, por ejemplo con los lodos de papelera, no estaban haciendo ningún bien a la estabilidad del vertedero.

Y hay otras cuestiones también que se deben resolver, porque la directiva europea de residuos dice que no se pueden mezclar residuos para cambiar sus propiedades físico-químicas para que puedan ser admitidos en un vertedero y, sin embargo, en 2016 Verter hizo una petición al Gobierno Vasco para que le dejase utilizar una técnica en la que se mezclan distintos tipos de residuos para que cambien las propiedades físico-químicas de los mismos y sean admisibles en el vertedero. No tenemos toda la información acerca de eso, pero nos da la impresión de que lo que ha pasado es que se ha admitido por silencio administrativo y a partir de ahí se ha utilizado una técnica que tiene un dudoso encaje dentro de la normativa. De hecho, este es uno de los motivos por los que Zaldibar Argitu y Ecologistas en Acción han acudido al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, para que la que UE investigue si la actuación del Gobierno Vasco ha sido correcta. Entienden de que hay unas cuantas vulneraciones de las directivas europeas sobre residuos.

Nosotros ahora mismo no estamos en disposición de decir si esto es sancionable, pero hay cosas que llaman la atención, y necesitan una investigación en profundidad. No se puede querer correr un tupido velo y poner el foco solamente en las malas prácticas que pudiera tener la empresa sin intentar ahondar en qué se ha hecho mal desde la Administración. Porque está claro que hay unas cosas que se hicieron mal y que no se han explicado suficientemente, como la inspección de junio-julio de 2019, cuando se detectaron muchísimos fallos.

El Gobierno Vasco dice que no son graves, pero a nosotros no nos queda tan claro, porque el hecho de que se hayan sobrepasado algunos códigos de vertido puede no ser un asunto grave dependiendo de en cuánto te hayas pasado. Si tienes capacidad, como tenían en la última Autorización Ambiental Integrada de tirar hasta 70.000 toneladas de residuos metálicos, pero luego resulta que si miras las memoria de 2018 y 2019 se superaba el máximo permitido en más del doble. Si de 70.000 te vas a 160.000… ¿eso es una falta leve? Para nosotros no.

Sabemos que en junio-julio se hizo la inspección y en febrero, cuando se cayó el vertedero, no se había abierto un expediente sancionador. Y sobre eso se tienen que dar explicaciones, no vale con decir que la Administración es lenta, y menos aún cuando a la semana siguiente de que se cayese el vertedero el Departamento de Medio Ambiente abrió un expediente sancionador. Eso demuestra una práctica de dejar hacer, de dilatar las soluciones, favoreciendo las malas prácticas y la sensación de impunidad. La sensación de que no va a haber castigo ante las malas prácticas de las empresas. Hablamos de una sensación generalizada de que el Gobierno Vasco va a ser permisivo con todo esto, de que no va a ser riguroso con estas cuestiones medioambientales, sino que, en realidad, si se tiene que posicionar a favor de alguien lo va a hacer a favor de la empresa que lo está incumpliendo.

Después hay una serie de cosas que son denunciables y sobre las que hay que investigar más; ¿qué pasa con el amianto que apareció ahí? no tanto por si había permiso o no, sino cómo es posible que la gente estuviera trabajando sobre amianto, que el Gobierno Vasco y el Departamento de Medio Ambiente tuvieran los registros del amianto que había entrado durante un montón de años, y durante las primeras horas de la actuación nadie dijera nada. ¿Sobre eso quién va a responder? A raíz de ese error hay trabajadores de los servicios de emergencia que van a tener que mantener un seguimiento sanitario, controles sobre asbestosis, una enfermedad relacionada con las fibras de amianto. 

Y otra cuestión es la gestión comunicativa tras la declaración de los incendios, ya que el Gobierno Vasco, Osakidetza y el portavoz Erkoreka trataron de tranquilizar a la población de los alrededores hasta el punto de afirmar que la calidad del aire era buena cuando todavía no habían llegado los resultados de dioxinas y furanos que se habían mandado a Madrid.

Hay cosas que son evidentemente errores, y hay un recorrido profundo de no hacer el trabajo con la debida diligencia, de no tener los controles, que creo que tiene que tener mucha más explicación. De ahí viene la necesidad de formar una comisión de investigación que vaya más allá de la responsabilidad jurídica.

Días después de la tragedia, fuentes del Departamento de Medio Ambiente negaron que el amianto fuese un «residuo peligroso».
Fíjate si lo será, que cuando ha caído el vertedero, con las 16.000 toneladas de materiales con amianto, han hecho hecho que todo el vertedero se considere de materia contaminada precisamente por el amianto.



¿Teme que PNV y PSE usen la mayoría absoluta para impedir la investigación?
Sí, claro que tenemos esa sensación, y de hecho ya hubo debate previo a iniciativas del PP y de Elkarrekin Podemos-IU y ya se vio que la actitud era beligerante, a la defensiva y cerrada. Ellos sostienen que la parte judicial es la que tiene que aclarar las responsabilidades, cosa en la que no estamos de acuerdo, porque no va a aclarar las responsabilidad políticas.

Pero de alguna manera en su propia actuación, con sus propias decisiones, están reconociendo que las cosas no se hicieron bien. Otra cosa es que lo que quieran pasar por la puerta de atrás, pero hay mínimo dos o tres elementos que dejan claro que las cosas no se hicieron bien. El primero, el hecho de que se le haya quitado la cartera de Medio Ambiente a Iñaki Arriola. Deja en evidencia que hay una cierta pérdida de confianza.

Otros son más sutiles pero que para mí tienen importancia, como es que en el propio programa de Gobierno, y también en los programas electorales, por lo menos en el del PNV, se hablaba de hacer un nuevo centro o un nuevo lugar de vertido de residuos industriales público. De alguna manera están reconociendo que la gestión privada de los residuos industriales ha facilitado una manera de actuar basada en beneficio rápido, más que en hacer las cosas bien, con la debida diligencia y con control público.

Y hay otro detalle, y es que ahora están hablando de intentar hacer una tasa, o un canon, sobre los vertidos industriales, un desincentivo fiscal. De alguna manera reconocen que se debía haber reciclado más, en vez de tener un sistema de residuos industriales que facilitará el deposito en masa de vertidos que, según la Directiva Europea, es lo último que hay que hacer. Las propias actuaciones del Departamento de Medio Ambiente tras la caída del vertedero también apuntaban en ese sentido, las declaraciones en las que hablaba de que había que hacer una tasa de vertidos o el decreto que sacaron en marzo en el que se obligaba a hacer un reciclaje de un mínimo del 50% de los residuos que vinieran del exterior y de cierto tipo de residuos para los que había capacidad de reutilización. Había residuos que tenían la posibilidad de ser reciclados o reutilizados en base a las diferentes valorizaciones y se estaba permitiendo que no se hiciera, al no haber una tasa y al permitir vertederos de bajo coste como este. 



Parece que algo han aprendido de toda esta mala gestión, pero nosotros lo que queremos es que, en vez de hacerse sutilmente y por la puerta de atrás, se ponga un foco sobre el tema a través de una comisión de investigación para poder decidir entre todos a ver qué se ha hecho mal y ver qué hemos aprendido con Zaldibar. Vamos a reconocer qué se ha hecho mal y vamos a ver qué hemos aprendido para que podamos hacer las cosas mejor. 



Tras el derrumbe de Zaldibar muchos se preguntaron qué iba a suceder con los residuos que iban a parar a las instalaciones de Verter Recycling. El Ayuntamiento de Gasteiz ofreció las instalaciones de Gardelegi, aunque ahora sostiene que no ha habido un aumento de las toneladas de residuos que van a parar al vertedero
Hay algunos sitios en los que sí han aumentado. Lo que ocurre es que han pasado varias cosas a la vez, porque la pandemia lo que ha provocado es una bajada de la producción de algunos elementos que provocaban vertidos industriales, y eso ha implicado que la producción de residuos haya bajado sensiblemente con respecto al año pasado. Ha pasado también que algunas empresas se han buscado soluciones particulares. En algunos casos se está externalizando el problema, y en otros se está valorizando una parte de lo que se estaba vertiendo.



Pero estamos en una situación transitoria y muy delicada, y tenemos un problema grande que solucionar, en general. En cuanto a nuestros propio tejido productivo, que es altamente generador de residuos, sobre el que deberíamos de trabajar, pero en concreto sobre el futuro de los residuos a corto y medio plazo. 

Y llama la atención que de alguna manera ellos –en alusión a Lakua– han reconocido que esto de los vertederos privados era problemático y que hay que ir hacia un vertedero industrial público nuevo, algo que entra en contradicción con la lista de proyectos europeos que se ha desvelado, entre los que figura un proyecto de vertedero industrial basado en una colaboración público-privada. 

La enseñanza de Zaldibar nos debe llevar a una publificación de todos los vertederos, porque se ha demostrado que el sistema no funciona.



Antes ha mencionado el cambio de carteras en el Ejecutivo. ¿Cómo valora que Arantxa Tapia, responsable de Desarrollo Económico, haya asumido las competencias en Medio Ambiente?
Hay algunas voces por ahí que dicen que se ha puesto al zorro cuidando del gallinero, y podría ser, porque hasta ahora Arantxa Tapia ha demostrado mucha sensibilidad por el desarrollo industrial y mucha menos preocupación y sensibilidad por las cuestiones medioambientales. 

No obstante, tenemos claro que el enfoque es el correcto, porque no puede ser que estemos pensando en desarrollo económico por un lado y cuestiones medioambientales por otro. Nosotros entendemos que hay que enlazar estos dos campos, porque de lo que se trata es de hacer una transformación profunda del tejido productivo, de manera que se pueda insertar en parámetros de sostenibilidad.

De la misma manera que decíamos que no puede haber por una lado una ley de cambio climático, pensando en la naturaleza, y por otro una ley que tiene que ver con lo energético. Para nosotros lo lógico es que la transición energética y el cambio climático vayan de la mano, de la misma manera que el desarrollo económico y cuidado del medio ambiente vayan de la mano. 

Planteándose así existiría la posibilidad de abordar el problema de la sostenibilidad de una forma mucho más integral. Otra cosa es que quede en manos de un departamento que habla de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y por último de Medio Ambiente, como si fuera la hermana pobre de este proceso.

El año pasado EH Bildu alcanzó un acuerdo con el PNV en el Parlamento de Gasteiz para declarar la Emergencia Climática y avanzar hacia la descarbonización. ¿Se han dado pasos en ese sentido?
La legislatura pasada se aprobó la Ley de Sostenibilidad Energética, la Ley 4/2019 y tuvo nuestro apoyo porque se aumentaron los objetivos previsto y porque entendimos que habíamos conseguido a través de una adicional fondos para la transición energética, y, sobre todo, para que la transición energética se pueda hacer desde todas las administraciones, pensando especialmente en los municipios. Otra cosa es que el desarrollo de esa ley está siendo un poco decepcionante, porque el Fondo de Transición Energética que habíamos propuesto todavía no se ha activado. 


Y a raíz de la Declaración de Emergencia Climática propusimos iniciar un proceso para diseñar una hoja de ruta de descarbonización para llegar al 2050 como muy tarde con emisiones neutras de carbono, porque todo el mundo está hablando hoy en día de la descarbonización, de la neutralidad de carbono, de la lucha contra el cambio climático, pero en realidad muy pocos, por no decir nadie, tienen trazada una hoja de ruta creíble para hacer ese proceso. Lo que decíamos era que había que hacer una comisión de personas expertas que diseñen una hoja de ruta. Esto se empezó a trabajar pero antes de que ese grupo terminara el trabajo terminó la legislatura. Hemos vuelto a presentar esa iniciativa, y se debatirá en un par de semanas o tres, y, por las enmiendas que hemos visto, parece que puede haber interés en que el grupo se ponga en marcha, y vincularlo al debate de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático.



El mes que viene se celebrarán unas jornadas sobre la crisis climática organizadas por EH Bildu. ¿Definirán las políticas medioambientales de la coalición?, ¿marcarán una hoja de ruta?

Van a ser de gran ayuda. Hay un cierto consenso en el diagnóstico de la gravedad de la situación en cuanto a la crisis climática y al deterioro ecológico. Pero la crisis climática es la punta del iceberg, hay un montón de indicadores de largo recorrido que tienen que ver con la biodiversidad con la pérdida de suelo fértil, con los problemas de agua a medio plazo, problemas de agotamiento de algunos materiales minerales y energéticos, que nos colocan en una situación complicada a medio plazo, y las transformaciones que hay que hacer hay que empezarlas ya. Eso implica tocar todo, empezar a analizar la situación con una mirada larga, dejar de funcionar con los planes a corto plazo, con el día a día, porque este es un grave problema, y tenemos que abordarlo.

Los momentos de crisis como el de la pandemia son momentos interesantes para empezar a pensar. Porque tienes que trabajar con dos marchas, viendo cómo haces para que la cohesión social no se venga abajo, cómo ayudas a los más desfavorecidos, cómo te levantas sin perder gente por el camino; pero, por otra parte, tienes que impulsar un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo que venimos reclamando desde EH Bildu tiene que ser integral y tiene que ser un cambio de rumbo en el que la sostenibilidad de la propia vida, la sostenibilidad del planeta, de nuestro tejido productivo vaya alineándose con las transformaciones que hay que hacer para hacer frente al cambio climático y el deterioro ecológico general. 



Por eso vamos a hacer estas jornadas internacionales, en las que van a participar personas de ocho países. Van a venir especialistas de diferentes ámbitos, con los que vamos a analizar cuáles deben ser los ejes principales de los cambios que tenemos que hacer, y vamos a conocer experiencias de otros países europeos con socios del GUE/NGL, nuestro grupo parlamentario europeo, porque hay gente que tiene experiencias muy concretas en transición energética, en desarrollo de energías renovables, en programas de rehabilitación de vivienda, en programas de movilidad... que son ejes importantes sobre los que tenemos que pensar. Vamos a recoger experiencias europeas, vamos a recoger los principales debates que hay sobre el Green Deal y otros pactos verdes, a ver si son las soluciones adecuadas, qué tienen de bueno y qué tienen de peligroso.