Las prisiones de la CAV, a examen en la UPNA

Las prisiones rara vez ocupan un lugar en los balances políticos, relegadas a menudo a la categoría de mal necesario. Sin embargo, para Enara Garro, profesora de Derecho Penal en EHU, el trato que una sociedad dispensa a su población reclusa constituye un termómetro preciso del valor real que se otorga a la dignidad y a los derechos fundamentales.

Esta idea vertebró este jueves la mesa ‘Presente del sistema penitenciario, reformas, continuidades y resistencias’, celebrada en la UPNA en el marco del III Congreso Internacional de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas. La sesión puso cifras y, sobre todo, testimonios a la pregunta: ¿qué ha cambiado en las cárceles de la CAV tras la transferencia de competencias? Y, en ese nuevo ecosistema, ¿cuál es la situación actual de los presos políticos vascos?

Ambas son preguntas a las que este periódico ha tratado de dar respuesta de forma sostenida y rigurosa. Este jueves, esa misma inquietud centró el debate académico a través del ‘Informe sobre la situación en las cárceles vascas’, eje de una charla donde se recordó que lo que sucede tras los muros concierne a toda la sociedad.

Tal y como subrayó Garro, directora del informe, se trata del primer diagnóstico de este tipo tras la transferencia de competencias penitenciarias a la CAV. Entre 2022 y 2023, su equipo realizó 168 entrevistas privadas (139 hombres y 29 mujeres) a internos de Martutene, Basauri y Zaballa –lo que representa un 14,7% de la población reclusa– y 58 entrevistas a personal penitenciario.

Obligada a sintetizar por la falta de tiempo, Garro destacó que, aunque las prisiones de la CAV aprueban en ‘decencia’ con una nota superior al cinco, la gestión organizativa recibe un suspenso drástico. En Martutene, por ejemplo, ninguna mujer y solo un 8% de los hombres consideran que el centro está bien organizado, una crítica que el estudio vincula directamente a la falta de personal, al agotamiento de los funcionarios por la carencia de fondos y a una gestión marcada por la opacidad y las decisiones poco explicadas.

Este diagnóstico fue desarrollado por Mikel Anderez, profesor adjunto de Derecho Penal de EHU y coordinador del informe que ayer no pudo acudir a la cita, en el II Congreso de Derecho Penitenciario de Gipuzkoa. En aquel foro, tal y como recogió la crónica de NAIZ, Anderez señaló «dos agujeros negros» en el sistema: por un lado, la gestión del tiempo, con una inactividad que condena a los presos a pasar más de seis horas al día sin tareas productivas; y, por otro, la falta de equidad, debido a la arbitrariedad y opacidad en el reparto de recursos. A ello se suma una queja unánime sobre la excesiva brevedad de las visitas.

Presos y presas vascas

Uno de los ejes de la mesa fue la situación de las personas presas por «violencia política» vinculada a ETA, abordado por Eneko Etxeberria, profesor de Derecho Procesal de EHU. Según explicó, el colectivo de presos ha funcionado como activo político fundamental tanto en el caso vasco como en el de otros movimientos organizaciones armadas a lo largo de la historia.

Esta centralidad política, además de las peticiones de familiares de víctimas por un tratamiento rígido, conllevó un régimen de excepcionalidad que se tradujo en aislamiento, primer grado sistemático y una dispersión que costó la vida a 16 personas, condicionando cualquier beneficio a arrepentimientos «sin ninguna previsión legal».

De esta manera, Etxeberria explicó que, aunque la transferencia penitenciaria era una reivindicación constante, lo que verdaderamente transformó el escenario fue el cese de la actividad armada de ETA. Con ello se pasó «del cénit de 755 presos en 2009 a los 125 actuales (a los que se suman dos en el Estado francés)», según datos del profesor de EHU. De todos los internados en la CAV, 58 se encuentran en segundo grado, mientras que la mayoría de los restante están ya en tercer grado, sumándose además quienes disfrutan de salidas en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

A pesar de que se han concedido 110 terceros grados a 90 presos, Sare advierte de que la situación dista de estar resuelta. «Hoy deberíamos haber podido cerrar esta situación», denunció la plataforma en una entrevista reciente en NAIZ, argumentando que la inmensa mayoría de estos presos, por tiempo de cumplimiento efectivo, «deberían estar ya en régimen abierto y en tercer grado».

Según la plataforma, si no es así, es porque persiste una pinza de excepcionalidad en tres frentes: el legislativo, con una ley 7/2003 que estira las penas hasta los 40 años; el judicial, con una Fiscalía que sigue recurriendo las decisiones de los profesionales de las cárceles; y el jurisdiccional, con el mantenimiento de un Juzgado Central de Vigilancia dependiente de la Audiencia Nacional española.

Desigualdad

La intervención de Bertha Gaztelumendi, investigadora en la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, puso el foco en una desigualdad estructural que el propio informe confirma con datos: «Las mujeres cumplen condena en cárceles diseñadas por y para hombres».

En el estudio, las percepciones sobre la adaptación a la vida en prisión divergen claramente por sexo. Mientras la mayoría de los hombres considera que no existen grandes diferencias o incluso que la adaptación es más difícil para ellos, una parte significativa de las mujeres identifica más obstáculos, vinculados sobre todo a la maternidad y a la ruptura de los vínculos familiares.

El informe constata además que, aunque un porcentaje elevado de mujeres reside en módulos de convivencia, siguen disponiendo de menos espacios, menos actividades y menos oportunidades laborales, lo que agrava su situación cotidiana. La ruptura familiar aparece como un factor central, ya que genera culpa, ansiedad y afecta directamente a los procesos de reinserción. «La prisión no está pensada para ellas, y eso se nota en el día a día», resumió.

La voz del personal

Iñigo Gordon, miembro de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, trasladó a la mesa una mirada menos habitual como es la del personal penitenciario, cuya experiencia también fue recogida en el estudio. A partir de 58 encuestas a trabajadores y trabajadoras, principalmente de vigilancia, el informe dibuja un perfil ambivalente.

Por un lado, funcionarios con alto compromiso profesional, fuerte solidaridad interna y sensación de responsabilidad en su trabajo. Por otro, bajos niveles de confianza en la institución penitenciaria, déficits formativos y una percepción extendida de falta de reconocimiento.

Gordon incidió especialmente en las relaciones internas y las condiciones laborales. Mientras que las relaciones con los directores son «percibidas muy positivamente» en términos de confianza, aunque «no siempre se les percibe como competentes, especialmente entre las mujeres», el personal valora de forma generalizada como buenas las relaciones con sus compañeros y, en términos generales, también con las personas presas, aunque «la confianza en los reclusos varía entre prisiones».

Respecto a la ‘salud’ de las relaciones con el Servicio Penitenciario o Instituciones Penitenciarias, el personal masculino afirma tener una confianza muy baja, mientras que entre el personal femenino es algo mayor.

Como anteriormente, el diagnóstico se vuelve más crítico en la valoración de la formación y el clima laboral. «En las tres prisiones vascas, la mayoría del personal expresa insatisfacción con la formación recibida», señaló en las conclusiones, destacando como «especialmente crucial» la mejora en prevención del suicidio. A ello se suman «altos niveles de estrés» junto con un déficit de «reconocimiento y motivación».