Bildu, Aralar y PP han dado luz verde en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la sociedad foral Bidegi, en concreto en las obras de la AP-1 en la pasad legislatura. PNV y PSE han votado en contra de la creación de ese órgano, aunque sí han apoyado que las sesiones de la comisión sean de carácter público.

La investigación de las Juntas se desarrollará paralelamente a la del juzgado de Azpeitia, después de que la Diputación de Gipuzkoa presentara una querella criminal, admitida a trámite, por presunta malversación de 3,4 millones de euros en la construcción de la autopista AP-1, pagados por trabajos presuntamente no ejecutados. Hay tres personas imputadas.

Los junteros de Bildu, Iban Asenjo, y de Aralar, Maite Sarasua, han afirmado que el Gobierno foral ha actuado «con responsabilidad», y creen que las Juntas «deben analizar y depurar responsabilidades políticas», aunque el PNV y PSE «quieren poner trabas» a esta investigación. «La sociedad guipuzcoana tiene todo el derecho a saber qué se ha hecho con el dinero público», han sostenido.

La juntera del PNV Eider Mendoza ha denunciado que la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, «ha estado toda la presente legislatura buscando algo en la gestión de Bidegi, y no ha encontrado nada».

Ha indicado que su formación está «totalmenet tranquilo» con cómo se gestinó la sociedad foral, y ha añadido que son ellos «los principales interesados en que todo esto se aclare, pero con garantías, porque esto no es transparencia».

Desde el PSE, el juntero Julio Astudillo ha criticado que la creación de la comisión supone «una irregularidad sin precedentes en las Juntas», al considerar que su creación es «provocada y artificial». En ese sentido, ha añadido que su formación no está en contra de que se investigue sobre Bidegi, sino a que haya una comisión de investigación «en condiciones y con garantías».

El portavoz juntero del PP, Juan Carlos Cano, ha opinado que la creación de la comisión es «una exigencia social», porque «ya no cabe lugar ni para la sombra, ni para la sospecha» y existe un «clamor social» a favor de la transparencia.