En una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, el director general de Instituciones Penitenciarias del Gobierno español, Ángel Yuste, puso cifra a la «tasa de reincidencia» que advierten en los 240 presos políticos vascos encarcelados hoy día en el Estado español: «1%», le concretó al diputado del PNV Mikel Legarda. Matizando de antemano que es muy cuestionable que exista opción real de reincidencia cuando ETA finiquitó la lucha armada hace seis años y se desarmó hace casi uno, lo llamativo del asunto es que el 95,5% del Colectivo sigue hoy en primer grado cuando precisamente ese pronóstico negativo de «resocialización» es la clave para mantenerles en régimen excepcional.

En el Estado español hay actualmente más de 61.000 presos por todo tipo de motivos. De ellos, únicamente el 1% está en primer grado. En el caso de los vascos, en cambio, la aplicación de este régimen especial es casi total.

El primer grado está suponiendo en esta fase una auténtica «cárcel dentro de la cárcel» para los presos y presas vascas. Cualquier posibilidad de excarcelación, en forma por ejemplo de permisos de salidas, obliga a lograr primero la progresión a tercer grado.

Pasar del segundo al tercero es relativamente sencillo, a menudo un mero trámite, pero salir del primero se ha convertido en una carrera de obstáculos. Empieza en la Junta de Tratamiento de la prisión, a la que han comenzado a dirigirse los presos y presas vascas de modo invididual. Las respuestas a la demanda de progresión en estos órganos, por su composición sometidos al criterio gubernamental mediante la correa de transmisión de la dirección de las cárceles, están siendo negativas hasta la fecha.

Posteriormente cabe recurrir ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, encuadrado en la Audiencia Nacional. Esta batalla legal es crucial y requerirá insistencia, puesto que cada Junta de Tratamiento revisa el grado de cada preso con una periodicidad de tres o seis meses.

El DPS francés

En esencia y objetivos, este primer grado del Estado español es asemejable al régimen DPS que rige en el francés. Las siglas corresponden a la expresión «Detenidos Particularmente Señalados» y se justifica sobre todo en razones de peligrosidad. Al igual que el primer grado, salir de ese régimen no genera mejoras per se, pero sí es requisito indispensable para acceder por ejemplo a la libertad condicional.

En el caso de los presos vascos en el Estado francés, es conocido que en noviembre a siete de ellos se les retiró el DPS. Supuso la primera señal de cambios en la política penitenciaria de París. Con todo, a otros presos se les ha prorrogado posteriormente. Son cerca de una treintena los sometidos a este estatus especial.