La Fiscalía y defensas negocian un acuerdo en el ‘caso De Miguel’

La Fiscalía y las defensas de los principales acusados en el ‘caso De Miguel’, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, negocian un acuerdo que pasa por admitir algunos delitos a cambio de una pena menor.

NAIZ|GASTEIZ|2018/09/14 11:04|7 iruzkin
Juicio-demiguel
Alfredo de Miguel (primero por la derecha) y otros imputados, en la primera sesión del juicio. (Jaizki FONTANEDA/ARGAZKI PRESS)

La Fiscalía y las defensas de los 26 encausados en el ‘caso De Miguel’ mantienen conversaciones desde hace días con el fin de llegar a un acuerdo antes de que el próximo lunes se reanude el juicio tras el parón veraniego con la declaración de los acusados, entre ellos el principal imputado, Alfredo de Miguel, que era diputado foral en el momento de los hechos y llegó a ser número dos del PNV en Araba.

Según publica ‘El Correo’, el Ministerio Público y las defensas «tienen avanzado el pacto» y las negociaciones se centran en el tiempo de prisión y de inhabilitación que aceptarían los procesados a cambio de admitir algunos delitos.

De acuerdo con ese medio, los abogados de los principales acusados pretenden que sus clientes eviten la cárcel o pasen en prisión «muy poco tiempo», aunque «sí estarían dispuestos a una condena que suponga bastantes años de inhabilitación para desempañar un cargo público».

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha declinado hacer declaraciones sobre esta información al ser preguntado por Efe.

Un total de 26 personas están procesadas en esta causa. El principal imputado es Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel por liderar supuestamente una trama de cobro de comisiones ilegales.

Junto a él se sientan en el banquillo otros dos exmiembros del PNV alavés: Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Lakua con Juan José Iberretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana por el PNV María Justina Angulo, entre otros.

La Fiscalía mantiene que De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

 
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