Este 25 de agosto se cumplen dos años de la ofensiva militar que obligó a más de 745.000 rohingyas a cruzar la frontera hacia Bangladesh. Y ninguno de los 745.000 que se vio obligado a huir a la vecina Bangladesh parece dispuesto a regresar por la falta de seguridad y la vulneración de derechos que siguen sufriendo.

El comisionado bengalí para la Ayuda a los Refugiados, Abul Kalam, ha señalado hoy jueves en una rueda de prensa en el Campo-26, el más próximo a la frontera birmana en Teknaf, en el sureste de Bangladesh, que ninguna de las 295 familias rohingyas consultadas, de un total de 1.037 que deben entrevistar, quiere volver.

«Hasta ahora no ha aceptado ninguna de las familias entrevistadas, pero esperamos que puedan cambiar de opinión en cualquier momento», ha añadido.

Desde esta mañana a las 9.00, hora local, se encontraban listos en el Campo-26 con cinco autobuses, dos camiones y diez microbuses para iniciar el proceso de repatriación, después del intento fallido el pasado noviembre.

Las autoridades esperaron hasta las 16.00, pero ningún rohingya apareció, dando por concluida la jornada. Sin embargo Kalam ha advertido que «este proceso continuará» hasta que completen las entrevistas de las 1.037 familias que recibieron el visto bueno de las autoridades birmanas, algo que «podría llevar tres días, siete días» o más tiempo.

«No es posible decir que se trata de un fracaso de Bangladesh. Este es un problema entre Birmania y su población (...) Creemos que en cualquier momento podría haber un cambio», ha añadido.

Bangladesh y Birmania decidieron la semana pasada que hoy, cuando faltan tres días para que se cumpla el segundo aniversario del inicio del éxodo masivo rohingya, comenzaría la repatriación voluntaria de 3.450 miembros de esa minoría, después de que en noviembre del año pasado un intento similar fracasara por falta de voluntarios.

El activista rohingya Hafez Shahidullah recuerda, en declaraciones a Efe, las cinco demandas que el Gobierno birmano debe atender antes de su regreso. Reclama que se les asegure la ciudadanía en la que se reconozca su etnia rohingya, que garanticen su seguridad con la presencia de una fuerza internacional, que se les traslade a los terrenos que poseían antes de su huida, que se les compense por las pérdidas y que desaparezcan los campos de internamiento.

«Décadas de violencia, discriminación y persecución»

«Este 25 de agosto es el recordatorio de décadas de violencia, persecución, discriminación y negación de derechos básicos», remarca Médicos Sin Fronteras (MSF).

Denuncia que desde entonces «se ha avanzado muy poco en resolver su falta de estatus legal en la región, o abordar las causas de su exclusión» en Birmania.

Lamenta que «hasta la fecha, no se han ofrecido soluciones significativas para los rohingyas, que han sido empujados al margen de la sociedad en prácticamente todos los países a los que han huido».

Destaca que en Bangladesh, más de 912.000 rohingyas «aún viven en las mismas estructuras básicas de bambú que cuando llegaron, afrontan limitaciones de movimiento y de acceso a trabajo, y siguen dependiendo totalmente de la ayuda humanitaria».

Entre agosto de 2017 y junio de 2019, los equipos de la ONG realizaron más de 1.3 millones de consultas médicas, siendo muchas de las enfermedades consecuencia de las malas condiciones de vida en los campamentos de acogida.

En el de Kutupalong, Bibi Jang relata a MSF los horrores vividos en Birmania mientras tapa sus cicatrices. El Ejército mató a sus dos hermanos y ella misma fue apuñalada. Su aldea fue arrasada.

«Quiero enviar a mis hijos a la escuela, pero no tengo suficiente dinero y no podemos abandonar el campo. Es difícil planificar un futuro para nuestros hijos. Si trabajáramos, no necesitaríamos raciones de comida, podríamos sobrevivir por nuestra cuenta», manifiesta.

MSF alerta que la salud mental sigue siendo «insuficientemente atendida». «La violencia que les forzó a huir de sus hogares, combinada con la peligrosa travesía, el estrés diario en los campos y la incertidumbre acerca de su futuro, significa que muchos refugiados reexperimentan recuerdos traumáticos y sufren ansiedad generalizada, ataques de pánico, pesadillas recurrentes e insomnio, o enfermedades como desorden de estrés postraumático y depresión», incide.

Apátridas en Birmania y sin estatus legal en Malasia

En Birmania su situación no es mejor. En 1982, una Ley de Ciudadanía los hizo apátridas, y, según remarca MSF, «en los últimos años se les ha despojado aún más sus derechos, desde la inclusión ciudadana, el derecho a la educación, el matrimonio, la planificación familiar, la libertad de movimiento y el acceso a la atención médica».

«No hay oportunidades reales de empleo; apenas hay opciones para la pesca. Debido al poco comercio, no podemos comprar las cosas que queremos», señala Suleiman, un rohingya que reside en Nget Chaung, un área donde viven unas 9.000 personas. «La gente está triste, frustrada porque no puede ir a ningún lado ni hacer nada. Nos guardamos nuestra frustración en el interior porque no podemos hablar. Ni siquiera podemos desplazarnos al municipio de al lado. La gente lo guarda todo adentro, a presión», afirma.

Se calcula que en el estado de Rakhine quedan 550.000 y 600.000 rohingyas.

En Malasia, otro de los países a los que han tenido que huir, tampoco tienen estatus legal, por lo que, a menudo, se ven obligados a trabajar en el mercado negro. «Caminar por la calle o incluso buscar atención médica puede hacer que los refugiados sean enviados a centros de detención o extorsionados», denuncia MSF.

«Para que los rohingyas tengan alguna posibilidad de un futuro mejor, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos con Birmania y defender un mayor reconocimiento legal para un grupo increíblemente carente de poder», considera Benoit de Gryse, responsable de operaciones de MSF para Birmania y Malasia.