Iñaki IRIONDO

Emakunde confirma las carencias de la reforma de la RGI en violencia machista

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, confirmó ayer ante el Parlamento las carencias que la proposición de reforma de la RGI redactada por PNV y PSE tiene en relación con las víctimas de la violencia machista y pidió amparo para todas ellas, más allá de la propuesta actual. EH Bildu hizo el martes una dura denuncia en esta materia.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, confirmó ayer en el Parlamento las carencias que la propuesta de reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos tiene en materia de violencia machista, que en el texto presentado por PNV y PSE se recoge únicamente como violencia «intrafamiliar». Landaida aseguró que la violencia de género debe considerarse como «agravante» de la «vulnerabilidad» de las mujeres y garantizar el amparo a todas las víctimas del machismo a las que se refiere el Convenio de Estambul.

EH Bildu realizó una dura denuncia de la proposición de ley en esta materia, hasta el punto de que va a intentar que sea retirada. La directora de Emakunde coincide en que las víctimas no deban presentar una denuncia judicial para ser consideradas como tales, en que basten 12 meses de residencia en estos casos y en revisar los casos de quienes deben ser acogidas en viviendas de seguridad públicas, que según la propuesta no tendrían derecho a la prestación.

Izaskun Landaida reiteró que los datos demuestran que el 57% de los perceptores de la RGI son mujeres, el 95% de los que reciben el complemento de monoparentalidad y el 67% de las que precisan del complemento de pensión.

La directora de Emakunde ha confiado en que en el periodo de enmiendas se puedan corregir estas carencias de la propuesta de ley, que también ha criticado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche.

Unicef

En la comisión de ayer también intervino la coordinadora de Unicef en la CAV, Elsa Fuente, que pidió que los complementos por menores al cargo se equiparen a lo de los adultos y propuso se baje la edad de los perceptores de 23 a 18 años, o incluso a los 16 en el caso de que estén emancipados.

Además, solicitó que la base de la renta fijada sea la del umbral de pobreza autonómico, que es un indicador comúnmente aceptado y con un amplio consenso.