Agustín GOIKOETXEA
BILBO
DENUNCIA ANTE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL

Alerta internacional por el amparo de forenses de la AN a la tortura

La Asociación Médica Mundial analiza una solicitud de un grupo de doctores argentinos, avalada por organizaciones de derechos humanos de ese país, en la que reclaman que se investigue cómo actúan sistemáticamente los forenses de la Audiencia Nacional española ante las denuncias por torturas que periódicamente efectúan ciudadanos vascos.

Las doctoras Susana Etchegoyen y Mirta Fabre mostraron ayer en Bilbo su convencimiento de que la Asociación Médica Mundial (AMM) va a tomar en consideración la denuncia interpuesta el 18 de mayo por una serie de profesionales de la salud y organizaciones de defensa de los derechos humanos de Argentina contra la «falta de ética grave» de los forenses de la Audiencia Nacional española. En caso de ser aceptada, algo de lo que no dudan por otros casos similares, se analizará el comportamiento de los galenos al servicio del tribunal especial ante las denuncias de torturas.

El abogado suizo Olivier Pete, que se ha encargado de canalizar la iniciativa de los médicos argentinos, explicó que se reclama de la AMM –con sede en el municipio francés de Ferney-Voltaire, muy cerca de Ginebra– que intervenga al no respetar los forenses las obligaciones deontológicas en caso de tortura.

Esta asociación ha emitido resoluciones destacando la responsabilidad de los profesionales sanitarios en la denuncia de torturas u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante que conozcan, o instándoles a documentar los casos de mal trato sobre personas detenidas o encarceladas. En caso de que la AMM constate la veracidad de la denuncia impulsada en Argentina podría dictar actuaciones que garanticen el cumplimiento por parte de los colegios profesionales del Estado español de las normas éticas que, recordaron los impulsores de la iniciativa, «rigen el ejercicio de nuestra profesión en todo el mundo», por lo que los facultativos podrían perder esa condición.

En una comparecencia en el Colegio de Médicos de Bilbo, Susana Etchegoyen explicó que su iniciativa se produce a raíz de las reiteradas denuncias de personas detenidas y presas, y después de que el Estado español no haya modificado su actitud a pesar de las siete condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de los informes del Comité contra la Tortura de la ONU en ese mismo sentido. La reconocida doctora y profesora universitaria argentina mostró su convencimiento de que los forenses de la AN siguen «un modus operandi» que les lleva a no denunciar los casos de torturas, con lo que se convierten en partícipes en esa práctica ilegal y perseguible.

Documentado en seis

Etchegoyen añadió que hay actuaciones que demuestran que en algunos casos estos médicos sabían lo que había sucedido y lo describieron como si fuera algo «normal». En su demanda ante la AMM, aportan detalles sobre las denuncias por torturas presentadas por Ainara Bakedano, Anabel Prieto, Beatriz Etxebarria, Sandra Barrenetxea, Gorka Lupiañez y Unai Romano que entienden «comprometen seriamente la conducta de los médicos forenses intervinientes».

«Aunque fuera un solo caso, sería inadmisible», subrayó, apostillando que la negación de la tortura, asumiendo cierta «complicidad» con ella cuando existe constancia, «constituye una falta ética gravísima». Enfatizó que no hay «justificación posible» a estas conductas.

La demanda incluye el veto a médicos de confianza de presos

En la demanda interpuesta, sus promotores instan a la AMM a que actúe ante la detención de profesionales de la salud que asisten a los presos políticos vascos, en referencia al arresto en marzo de los sicólogos Oihana Barrios y Fernando Arburua, miembros de Jaiki Hadi. Los médicos argentinos advierten a la AMM de la «indefensión» en que se encuentra colegas que acuden a atender a presos a hospitales y a quienes no se permite mantener una relación normalizada, violando el secreto profesional, o se les veta.

Susana Etchegoyen denunció que se llegan a realizar exámenes y tratamientos a pacientes esposados, como pruebas ginecológicas, con la presencia permanente de carceleros aduciendo que cumplen «órdenes superiores».A.G.