Hace justo un año, el prefecto de Pirineos Atlánticos Pierre-André Durand ponía sobre la mesa de los electos vascos las posibilidades de organización territorial que la nueva reforma ofrecía para Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. Lo hizo sin que todavía se hubiese digerido la rotunda negativa del Gobierno a instituir una Colectividad Territorial Específica, demanda que había concitado un consenso sin parangón desde que se reclama una institución vasca propia y diferenciada.

Quizás por esa unión inédita frustrada desde París, el representante del Estado avanzó, entre las diferentes fórmulas, su predilección por alguno de los dos tipos de EPCI integrador (Establecimiento Público de Cooperación Intercomunal), a saber la mancomunidad de aglomeración o la mancomunidad urbana, que permitirían constituir una única entidad territorial que comprendería todo el perímetro vasco.

Desde entonces, el debate está haciendo su camino y las fuerzas políticas y los electos, con sus más y sus menos, han ido analizando la cuestión y pronunciándose. Precisamente, la opción preferida por el prefecto, aunque no satisfaga totalmente las reiteradas demandas de institucionalización, ha sido también la que más consenso ha alcanzado en los estudios y trabajos de los diferentes agentes sociales y políticos.

Afloran discrepancias

Así, el pasado 1 de julio, la Asamblea extraordinaria del Consejo de Electos dio por buena la hoja de ruta preparada por 44 electos junto con varios expertos y decidió seguir profundizando las condiciones para su puesta en marcha, así como llevar el tema a las instituciones locales ya que, finalmente, son sus representantes quienes deciden. Entre los votantes hubo una sola abstención, muy significativa por cierto. Jean-Jacques Lasserre, quien hasta hace unas semanas presidiera el Consejo de Electos y que ha sido en los últimos años uno de los impulsores de la Colectividad Territorial Específica, se abstuvo. Según explicó más tarde, lo hizo por estar en desacuerdo con la propuesta de una mancomunidad única cuyas competencias «quedan muy ambiguas». Entre otros aspectos, tampoco le satisface la inconcreción jurídica de los planteamientos aportados por la comisión de estudio sobre cómo se gobernaría y cree que no es una estructura «adecuada porque, al fin y al cabo, no es más que la unión de los municipios con las competencias de los municipios». Lasserre, que preside hoy el Consejo Departamental de Pau, se ofusca cuando se le insinúa si teme ahora que una Mancomunidad única haría la competencia al Departamento. «Eso es ridículo, no tienen para nada las mismas competencias», asegura.

También hubo sorpresa al día siguiente del pronunciamiento del Consejo de Electos cuando cuatro de los cinco alcaldes de los municipios que componen la Mancomunidad de Aglomeración Baiona-Euskal Kostaldea (ACBA), en concreto los de Biarritz, Angelu, Bidarte y Bokale, hicieron público un comunicado en el que califican como «precipitada» la decisión de la asamblea. Abogando por priorizar el consenso, piden que se analicen «todas las fórmulas, en especial, la de la opción federativa» –el polo metropolitano es una de ellas– y no acantonarse en las fórmulas denominadas «integradoras», como son la mancomunidad urbana o la de aglomeración.

Estos posicionamientos han hecho reaccionar a otros agentes que los consideran «incomprensibles» e, incluso «antidemocráticos» tras un voto favorable muy mayoritario (33 votos a favor sobre 40) y recuerdan que el debate no ha acabado y la decisión final está todavía por tomar.

Escollo importante

Uno de las principales dificultades que presenta una Mancomunidad única es el modo de gobernanza ya que la ley estipula una representación mínima de un electo por municipio más otros consejeros lo que elevaría a unos 230 los miembros de la asamblea de la institución, algo prácticamente inviable para garantizar un funcionamiento adecuado.

El estudio del Consejo de Electos planteaba una solución transitoria desde la fecha en la que se pondrá en marcha el nuevo mapa intercomunal (2017) y la entrada en vigor de la ley NOTRe (2020) que está en estos momentos en debate parlamentario. Pero la posible solución que aportaría esta ley que precisa las competencias de las instituciones locales (región, departamento, mancomunidades, municipio) se ha visto truncada por el acuerdo adoptado anteayer en comisión paritaria Senado-Asamblea Nacional que, entre otros, excluye el sufragio universal para designar a los consejeros territoriales.

Aunque la ley aún no ha sido votada (lo será hacia el 22 de julio), el escollo es de talla. Para Max Brisson, secretario departamental de Republicanos, «este Gobierno sigue haciendo las cosas a medias. Tendremos otra ley coja que nos obligará a crear soluciones transitorias (…) Si este gobierno no tiene el sentido de la lógica, el siguiente lo tendrá» ha declarado dando por sentado que su partido será quien tenga las riendas del próximo gobierno.

La senadora socialista Fréderique Espagnac justifica ese acuerdo en la inconveniencia de «hacer las dos cosas a la vez» en referencia a que se pida a los municipios que se unan en mancomunidades y plantear la elección de los consejeros territoriales «porque los alcaldes lo toman como una pérdida de poder», explica segura de que se hará más tarde.

Su compañera de partido, la diputada Colette Capdevielle lamenta «el abandono de la elección directa de los representantes territoriales» pero se declara decidida «a seguir ese combate» y no descarta que antes del fin del actual quinquenio parlamentario haya una proposición de ley en ese sentido. De hecho ha informado que ya lo ha solicitado a la Comisión de Leyes.

A pesar de este obstáculo, los tres electos coinciden con el Consejo de Desarrollo, reunido también esta semana, en que la de la Mancomunidad única es la mejor salida en estos momentos. Eso sí, su construcción necesitará, además de expertos jurídico-administrativos, mucha voluntad política.

Batera, elkargo bakarraren alde informatzen eta mobilizatzen

Batera plataformak ostegunean egindako batzar orokorrean erabakitakoen berri eman zuen, atzo, Baionan. Ipar Euskal Herriaren erakundetze prozesuan, Hautetsien Kontseiluaren bozkaren ostean hasi den fase berrian parte hartuko du hiru euskal lurraldeak bilduko lituzkeen elkargo bakarraren (EPCI frantsesez) alde eginez.

«Erakunde bakar eta indartsu bat edo hiruzpalau nahi diren erabakitzeko momentua da» adierazi zuen argiki Nicolas Blainek, elkargo bakarraren hautua egin ez bada ere Parisen eztabaidatzen ari den NOTRe legea dela-eta, egoera derrigorrez aldatuko dela agerian utzita. Zentzu horretan, Ipar Euskal Herri osoa ordezkatuko lukeen erakundea izateko aukera historikoa dela gaineratu zuen Juliette Bergouignanek.

2016an hiru lurraldeetako herri guztietako hautetsi orok bozkatu beharko duela jakinda, elkargo bakarrak ekarriko lituzkeen abantailak agertu nahi ditu Baterak. Bide batez, aldaketaren aitzinean herritar eta hautetsien artean diren beldur eta zalantzak argitzea dute helburu.

«Hamabi hilabete ditugu konbentzitzeko eta irabazteko», adierazi zuen Jakes Borthayrouk, irailetik goiti Baterak abiatuko duen kanpainaren xedea argituz. «Informatzea, inplikatzea eta mobilizatzea» izanen dira herri guztietan antolatuko dituzten bilkura eta batzarren helburua.

Bost ideia nabarmenduko dituzte norabide horretan. Ipar Euskal Herriaren ezagutza instituzionala lortzeko aukera, eta horren bitartez lurraldea indartzeko parada. Ideia hori bereziki nabarmentzen da Akitania, Poitou-Charentes eta Limousin eskualdeen elkartzeak ekarriko lukeen erakunde erraldoiaren baitan pisua izateko beharretik.

Elkarrekiko laguntza sustatzeko, elkargo bakarrak izango lituzkeen eskumen garrantzitsuak azaltzea ere izanen da beren zeregina. Bukatzeko, «antolatzen bagara eta pisua hartzen badugu, Estatua diru iturri inportantea izan» daitekeela aitzinatu zuen Bortayrouk.

Bestalde, NOTRe legearen eztabaidan ordezkariak hautatzeko sufragio unibertsala ezeztatzeak egiturari abantaila handi bat kentzen diola onartu zuen Balineak, baina «2020rako beharbada garatuko» dela adierazi zuen.

Bozketaren ondoren, Biarritz, Angelu, Bidarte eta Bokaleko auzapezek EPCIaren kontra kaleratu zuten agiria izan zuen hizpide Michel Berhokoirigoinek: «Iritzia emateko eskubidea dute, jakina, baina eman dituzten argudioak ez dira egiazkoak, ez dira onargarriak».Idoia ERASO