2015/09/25

El acuerdo con las FARC pone el logro de la verdad por encima del castigo

El acuerdo en materia de justicia firmado el miércoles entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano supone la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que privilegia el carácter «restaurativo» de la justicia, la asunción de responsabilidades y la verdad.

Ainara LERTXUNDI
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LOS MILITARES


La Asociación Colombiana de Militares en Retiro (Acore) consideró que el acuerdo de justicia transicional alcanzado entre el Gobierno y las FARC es «equilibrado», porque además de a los guerrilleros se juzgará a militares y civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado.

Colombia ha sentado un precedente en materia de justicia transicional con la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se pondrá en marcha una vez firmado el Acuerdo Final, para lo cual ya hay una fecha límite: el 23 de marzo de 2016. Así lo anunció en La Habana el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien confirmó que al margen de la comparecencia conjunta con el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, ambos mantuvieron un encuentro privado en el que acordaron que «a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final». «A más tardar ese día, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Y, además, acordamos que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final», anunció Santos.

Una Sala y un Tribunal

Esta Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, que estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y contarán con una participación minoritaria de extranjeros. Su función esencial es «acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente, los más graves y representativos, garantizando la no repetición».

Tendrá competencia respecto de «todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado».

Esta jurisdicción contempla dos tipos de procedimientos, tal y como se recoge en el comunicado conjunto facilitado el miércoles: «Uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente».

Según lo pactado, «las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado».

Así, «para todos aquellos que reconozcan responsabilidades, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y la satisfacción de los derechos de las víctimas».

Las sanciones para quienes «reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales».

Según precisó en un posterior comunicado el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, será «un sistema de restricción de la libertad bajo un régimen de vigilancia y control pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos»

Las personas que hagan dicho reconocimiento «de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones de reclusión ordinarias».

Para tener derecho a la pena alternativa, «se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio».

Aquellas personas que «se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a penas de prisión hasta de 20 años, que deberán ser cumplidas bajo el régimen de reclusión ordinario».

Amnistía para el delito político

Asimismo, el Estado otorgará la amnistía «más amplia posible por delitos políticos y conexos».

En el caso de las guerrillas, «se amnistiará o indultará el delito de rebelión. Ahora, en el desarrollo de esa rebelión se han cometido también otros delitos como el porte ilegal de armas o las conductas no prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario que podrían considerarse delitos conexos». Los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra quedarán excluidos de esta amnistía.

 

Santos: «Sienta un precedente que puede dar esperanza para otros conflictos armados»

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, resaltó que este acuerdo «sienta un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta». «Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves». Hizo «especial énfasis» en que «ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC-EP. Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública». Dejó claro, eso sí, que «no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay, al mismo tiempo, un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico para nuestros policías y militares».

El presidente reconoció y valoró expresamente «el paso» dado por las FARC. «Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es la de la paz».

Como Gobierno, se comprometió a «dar todas las garantías de seguridad» a la guerrilla y a emplearse «a fondo en la implementación de los acuerdos para poner en marcha las transformaciones sociales que hemos pactado: la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas y, ahora, los acuerdos sobre víctimas». Parafraseando al Papa, afirmó que «no podemos permitirnos otro fracaso en este camino de paz».A. L.

 

Timochenko: «Es imprescindible que el resto de actores asuman su responsabilidad»

El comandante jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez o «Timochenko», presentó el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como «una victoria colectiva» que, aseguró, «será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental».

«Las partes en las conversaciones procuraron conjurar el derecho a la paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales– con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas», subrayó. Destacó que «el sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto, combatientes y no combatientes, tengan oportunidad de ofrecer verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas».

Timochenko recordó «la determinación» de las FARC-EP de «pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal». Al Estado le exigió «medidas efectivas de no repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la Policía a mantener el orden público y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo».

«Aun habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios. No han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares».

Consideró «imprescindible que el resto de actores del conflicto asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano sin escatimar un ápice de verdad».A. L.

 

Reacciones

«Colombia, un país desolado por la violencia, demuestra que se puede avanzar en la consolidación de una paz sin vencedores ni vencidos»

PERNANDO BARRENA Sortu

«Es la mejor noticia en muchísimo tiempo. Por primera vez en 50 años, un continente va a estar exento de guerra»

J. M. GARCÍA MARGALLO Gobierno español

«Es muy positivo que el Gobierno y las FARC estén de acuerdo en un calendario para cerrar las conversaciones y en crear un tribunal especial»

Børge BRENDE Titular de Exteriores noruego

«La paz en Colombia es la paz de Venezuela por la que tanto luchó y puso todo su empeño el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez»

NICOLÁS MADURO Presidente de Venezuela