Las principales demandas de la CUP en un lenguaje aceptable para Junts pel Sí. Podría ser el resumen de la declaración que ambas plataformas independentistas acordaron ayer para dar por iniciado, solemnemente, el «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república». Una resolución que ayer registraron en el recién constituido Parlament y que se aprobará en una sesión extraordinaria antes del pleno de investidura. Es decir, antes del próximo 9 de noviembre. Por lo pronto, ayer ya sirvió para desactivar los efectos políticos de una nueva y mediática operación policial contra el entorno de Convergència, en este caso contra la familia Pujol.

De hecho, la contundencia de la declaración acordada por las fuerzas independentistas obligó a moverse ayer a todos. Y es que, aunque no recoge términos propios de la CUP como la desobediencia, el texto engloba las principales demandas de la Esquerra Independentista, empezando por dejar claro que el Parlament –descrito como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente»– y el proceso de «desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatut».

A buen entendedor, pocas palabras bastan: el Parlament dejará de reconocer la autoridad del TC. Para reforzar la idea, el texto «insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, con el objetivo de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español».

La declaración, que arranca constatando la existencia de una «mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Catalunya se convierta en un estado independiente» aborda también otro de los puntos clave de la hoja de ruta independentista, proclamando la «apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana». Y como a nadie se le escapa que el papel lo aguanta todo, el texto también exige al Govern compromisos concretos sobre un calendario. Concretamente, la declaración «considera pertinente iniciar en el plazo máximo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública».

La resolución «declara la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república y, asimismo, lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional». En Madrid no tardaron en darse por aludidos.

La investidura en el aire

Tras dar a conocer la propuesta de resolución, los protagonistas comparecieron en el Parlament por separado, evitando la foto de una unidad que de momento solo es parcial. Pese al importante paso que supone la contundente declaración presentada ayer, todo quedará en nada si Junts pel Sí y la CUP no consiguen pactar una hoja de ruta y, sobre todo, un president. Ayer todo fueron buenas palabras, pero ninguna concreción.

El diputado de la CUP Albert Botran remarcó que «la voluntad de acuerdo existe» y que «lo mejor que puede pasar» es que se invista a un nuevo president en el primer pleno de investidura. Eso sí, a su lado, el diputado Benet Salellas explicó que su posición no ha variado: «Esperamos que el 9 de noviembre –fecha del pleno de investidura– sea posible investir un president que no sea Artur Mas». Los portavoces de Junts pel Sí pasaron de puntillas por el tema, pero la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, llamada a tener un papel relevante en el próximo Govern, insistió en que Mas es «el mejor candidato».

Las comparecencias de ambas plataformas también sirvieron para plasmar que, aunque el lenguaje es distinto, el fondo de ambos discursos tiene mucho en común. Así, pese a que el portavoz de Junts pel Sí Raül Romeva evitó usar la palabra desobediencia, utilizada desacomplejadamente por la CUP, no dudo en señalar que el compromiso adquirido con la declaración «seguirá adelante» pese a la esperable impugnación. «Es un acto de obediencia hacia el pueblo de Catalunya», añadió, a su lado, el coordinador general de CDC, Josep Rull.

CSQP toma distancia

Aunque tanto Junts pel Sí como la CUP subrayaron ayer que esperan sumar a Catalunya Sí que es Pot (CSQP) a la declaración, su portavoz, Joan Coscubiela, se situó más cerca del españolismo más cerrado al calificar el texto de «autoconsumo» y considerar que «la legislatura no puede empezar peor». Añadió que la resolución «parece preparada para tapar las vergüenzas de Mas y ofrecer una coartada a la CUP para poderlo investir».

«Todo parece indicar que Mas pretende devolver a Rajoy los favores que le hizo haciéndole la campaña en las elecciones catalanas», finalizó Coscubiela, en un intento de aproximación a la ironía que lo deja muy cerca de los líderes de Ciutadans, PSC y PP, que ayer cargaron con todo contra el acuerdo independentista.