«Podemos es la mejor garantía para la unidad de España». No era la primera vez que Pablo Iglesias lanzaba una sentencia similar, pero ayer, con PP, PSOE y Ciudadanos compitiendo por ver quién es el más intransigente a la hora de blindar el artículo 2 de la Constitución española, le servía para colocar al partido de los círculos en la pugna unionista en Madrid. La respuesta de las cuatro principales formaciones del Estado a la declaración por la república catalana aprobada la víspera en el Parlament coincide en el fondo en la defensa de «la unidad de España», aunque difiere en la forma. Calculadora en mano, ninguno de sus líderes duda de que el proceso independentista catalán puede marcar el camino hacia los comicios del 20 de diciembre. Así que analizan los acontecimientos según sus propios intereses electorales, conscientes de que la «unidad de España» es el principio irrenunciable para ganar votos.

«Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han acordado trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles». Con este escueto mensaje, tanto el Gobierno español como el PSOE daban cuenta de la reunión mantenida por la mañana entre el inquilino de Moncloa y el líder de Ferraz. En su caso, tienen el trabajo adelantado. Durante toda la legislatura han votado juntos frente a cualquier iniciativa que llegase del Parlamente (como, por ejemplo, la demanda de ceder las competencias para poder convocar un referéndum), así que no hay fisuras.

Con Rivera y sin Iglesias

No se han hecho públicos los detalles sobre la concreción de ese trabajo «coordinado» entre PP y PSOE, aunque no parece que vaya a ser distinto de lo ocurrido en los últimos cuatro años: Rajoy marcando línea inmovilista y Ferraz haciendo seguidismo, aunque con críticas, especialmente a la hora de defender una reforma constitucional. Eso se mantendrá hasta los comicios, siempre condicionado a los vaivenes electorales que obligarán a escenificar diferencias en la pugna por el sufragio.

Justo antes de desplazarse a Moncloa, Sánchez se rodeaba ayer de la plana mayor de su formación para presentar el cambio de la Carta Magna que llevará en su programa. Aunque el anuncio quedó en mucho ruido, pero poca novedad. El secretario general del PSOE se repitió en el diagnóstico, definió como un «hecho gravísimo, irresponsable y antidemocrático» la presentación del texto en el Parlament y propuso como receta única la reforma federal. ¿En qué se traduce? Pues en realidad no queda claro, más allá de apuntar como modelos los de Alemania, Austria o EEUU.

Rajoy, sin embargo, ya había dejado claro que no le seduce la idea del cambio constitucional. En una entrevista matutina en la Ser, trataba de marcar un perfil tranquilo, aunque inflexible. Aseguró que «no le gustaría» aplicar el artículo 155 de la Constitución española y se limitó a detallar que mantendría encuentros con los principales líderes políticos españoles. El almuerzo con Sánchez ya se ha celebrado y ahora falta que llame a Albert Rivera, que se suma al triunvirato en Madrid. El que no será convocado es Pablo Iglesias, líder de Podemos, a quien el presidente español ha dejado fuera por «defender la autodeterminación». Un veto que no gustó al candidato a Moncloa por el partido de los círculos, que afeó al jefe de Gobierno que no convoque a aquel que no piensa como él. «Es muy representativo de a quién considera Rajoy un adversario y a quien no», dijo, en relación a los encuentros y los futuros comicios.

La cercanía electoral fuerza los análisis. En Podemos, que abogan por incluir el derecho a decidir en la Constitución y convocar un referéndum vinculante en Catalunya, ya han establecido una tesis: «Rajoy se ha convertido en el jefe de campaña de Artur Mas, y Mas en el jefe de campaña de Rajoy». Una teoría a la que también se sumaba Alberto Garzón, candidato de IU y vencedor en las primarias de Ahora en Común. Al final, la «unidad de España» terminará siendo el eje central de los comicios de la crisis de régimen.

Sánchez se aferra a su reforma limitada de la Constitución

No a un proceso constituyente, pero sí a cambios concretos en la Carta Magna española. Este es el mensaje que lanzó ayer Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, que hizo pública su propuesta de cambio constitucional arropado por la plana mayor del partido y con Susana Díaz, presidenta andaluza, marcándole de cerca. Al margen del proceso soberanista catalán, al que Sánchez le dedicó la mayor parte de su intervención, el PSOE aboga por reformas todavía reducidas al trazo grueso.

Tratar de marcar distancias con la modificación del artículo 135 que se pactó con el PP en 2010, cuando la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero encaraba su recta final, es uno de los objetivos de la iniciativa. Sin embargo, tampoco deja claro en qué se concreta ese «contrapeso social» que se quiere añadir a la obligación de supeditar el pago de la deuda a cualquier otro desembolso. Es decir, que añadir un elemento social supondría contradecir el artículo, por lo que la derogación parece la única alternativa.

El único elemento concreto que apuntó Sánchez fue la inclusión de un «ingreso mínimo vital» para quien carezca de recursos. No obstante, sus apelaciones al consenso hacen que la propuesta, que no cuenta con el aval del PP, tenga pocas perspectivas de tener éxito. Al menos hasta la próxima legislatura.A.P.