El pasado 23 de setiembre, el histórico apretón de manos entre el presidente José Manuel Santos, el comandante en jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el mandatario cubano, Raúl Castro, dio la vuelta el mundo. Santos y Timochenko anunciaron en un solemne acto en La Habana la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz y pusieron el 23 de marzo de 2016 como fecha límite para la firma del Acuerdo Final.

Pero no tardaron en surgir las discrepancias sobre lo pactado. Mientras que para las FARC se trataba de un acuerdo ya cerrado, para la delegación del Gobierno aún había flecos por acordar. Aquello originó serias tensiones entre las partes hasta el punto de que Timochenko, según reveló en una entrevista, envió una carta personal a Santos, quien, tras recibir la misiva un mes después, mandó a su hermano Enrique Santos a La Habana a entrevistarse con el líder guerrillero.

En aquel encuentro, ambos expresaron sus «angustias mutuas y surgieron una serie de iniciativas». El presidente planteó a los negociadores entrar en una especie de «cónclave» para acelerar las conversaciones.

Finalmente, tras días de intensos rumores sobre la inminencia de un borrador de acuerdo en materia de justicia y de reparación –cuestiones que forman parte del punto 5 de la Agenda, relativo a las víctimas–, ambas delegaciones anunciaron que hoy darán a conocer el texto completo del borrador.

«Mañana –por hoy– los colombianos conocerán el acuerdo real y definitivo sobre Víctimas. Un paso más hacia el fin del conflicto», anunció por Twitter la delegación de paz del Gobierno colombiano.

«Hemos cerrado satisfactoriamente la Jurisdicción Especial para la Paz y el acuerdo parcial sobre el Víctimas», afirmó, por su parte, el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez.

El también delegado León Calarcá subrayó que se trata de un «gran paso» que hace al proceso «casi irreversible».

En el acto de hoy, previsto para las 10.00 (las 16.00 en Euskal Herria), intervendrán diez de las sesenta víctimas que participaron en las audiencias desarrolladas en La Habana.

La guerrilla pide desmilitarizar la sociedad

La delegación de las FARC-EP presentó ayer «diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz duradera», entre las que se incluye la dejación de las armas, tanto por parte de la guerrilla como por el Estado colombiano, como una «acción reparadora frente a las víctimas del conflicto y garantía de no repetición».

«El compromiso del Estado se define en el sentido de propiciar la desmilitarización de la vida nacional y de la decisión política y del proceso conducente a dejar de hacer uso de las armas para enfrentar todo aquello que sea considerado como amenaza política y social reivindicativa, opositora o alternativa contra el orden social vigente», resaltó la delegada Milena Reyes.

Respecto a las FARC, afirmó que ese compromiso se traduce en «la voluntad y decisión política de desistir del uso de las armas para buscar la toma del poder».

Remarcó también que «la dejación social de las armas es una condición necesaria e indispensable para la desmilitarización de la sociedad y la reconciliación».GARA