El Gobierno francés aprobó ayer su proyecto para introducir las medidas de excepción del Estado de Emergencia en la Constitución, criticado por sus consecuencias para las libertades individuales.

El Estado de Emergencia fue decretado tras los atentados del 13 de noviembre reivindicados por el Estado Islámico que causaron 130 muertos en París. Entonces fue apoyado casi por unanimidad en el Parlamento, con un plazo de aplicación que finaliza el próximo 20 de febrero, aunque el Gobierno ha insinuado su voluntad de extenderlo más allá, insistiendo en dibujar una situación de guerra. «En honor a la verdad, la amenaza nunca ha sido tan elevada, (...)nos enfrentamos a una guerra contra el terrorismo, contra el yihadismo, contra el islamismo radical», afirmó ayer el primer ministro, Manuel Valls, al presentar esta reforma.

Hasta ahora el Estado de Emergencia se ha regido por una simple ley, por lo que podía ser recurrido ante el Consejo Constitucional. Ahora el Gobierno quiere blindar su aplicación.

El debate en el Parlamento comenzará el 3 de febrero y para que la reforma sea adoptada deberá recibir el voto favorable de tres quintos de los diputados y senadores.

Desde hace más de un mes, la aplicación efectiva del estado de emergencia ha provocado críticas, sobre todo desde la izquierda, que se interrogan sobre su verdadera eficacia e intencionalidad. Según el Ministerio del Interior, los cerca de 3.000 registros llevados a cabo desde el 13-N se tradujeron en 346 detenciones, 297 arrestos provisionales y 51 persones encarceladas. Una ínfima minoría de personas fueron acusadas de vínculos con el «terrorismo».

Privación de nacionalidad

Después de varios días de titubeos gubernamentales, Valls precisó que se mantiene la posibilidad de privar de la nacionalidad francesa a todos los binacionales nacidos en el Estado francés y condenados de manera definitiva por «crímenes contra la vida de la nación», incluyendo «actos de terrorismo».

La privación de la nacionalidad existía en la legislación gala, pero únicamente para los binacionales que adquirieron la nacionalidad francesa a lo largo de su vida. Su extensión a los binacionales nacidos en el Estado francés había sido reclamada por la oposición de derechas y de extrema derecha. El Estado francés cuenta con unos 3,5 millones de binacionales. La decisión del presidente Hollande de mantener la medida es un desaire para la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que la víspera había anunciado que no se incluiría en la reforma constitucional y que ahora queda en una delicada posición. El estado de emergencia permite a los prefectos y representantes del Estado ordenar registros, arrestos domiciliarios y disolver asociaciones sin autorización judicial, solo con la simple sospecha de amenaza para la seguridad pública. El martes, el Consejo constitucional estimó que el texto que regula los arrestos domiciliarios es conforme a la Constitución, a pesar del rechazo de abogados que lo denuncian como «contrario a la libertad de movimiento».

Otra medida tomada en paralelo, el restablecimiento de los controles en las fronteras francesas, ha llevado a que se rechace el ingreso al país a 3.414 personas, «en razón del riesgo que representan para la seguridad y el orden público».

La UE pide a Polonia parar la reforma del TC

El gobernante Partido Derecho y Justicia ha conseguido aprobar en el Parlamento una ley que refuerza las mayorías por las que el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre asuntos de importancia como, por ejemplo, la constitucionalidad de las leyes. Ahora se requerirá el consentimiento de 13 de los 15 jueces, cuando hasta ahora valía con 9. Además, el Constitucional tendrá que examinar los asuntos por orden de entrada, lo que le impedirá dar salida a los más urgentes. La oposición denunció que la reforma paralizará de facto el Tribunal, y la considera el último paso de un golpe de Estado institucional. Además el Constitucional ya no podrá decidir sobre el fin del mandato de sus jueces; solo podrá proponerlo para que el Parlamento tome la decisión definitiva, en la que el presidente y el ministro de Justicia también tendrán ahora voz y voto. La Comisión Europea pidió a Varsovia que respete el Estado de Derecho y no aplique la ley antes de evaluar su impacto sobre la independencia del Tribunal. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación y la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, Malgorzata Gersdorf, opinó que la ley intenta impedir el funcionamiento del Constitucional y obstaculiza su independencia.GARA