Durante la crisis económica, en uno de los momentos de mayor zozobra, el Gobierno del PP decidió acabar con la asistencia sanitaria universal por decreto, dejando fuera a las personas que se encontraran en situación irregular. Ante la nueva situación, las comunidades autónomas idearon pautas con el objeto de esquivar las consecuencias de dicho decreto. La CAV y Nafarroa, por ejemplo, aprobaron leyes que han sido recurridas en el Tribunal Constitucional. Este hecho en sí mismo da medida de hasta dónde llega la capacidad de las comunidades autónomas para tomar decisiones en temas fundamentales de salud pública, como es por ejemplo, determinar la población que ha de ser objeto de atención por parte de los servicios públicos de salud.

El anterior parlamento navarro aprobó la que es, posiblemente, la ley más garantista de todo el Estado, puesto que elimina todos los requisitos impuestos por el PP y restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas. El actual Gobierno Foral ha ido más allá, y ha implementado dicha ley en todos sus aspectos, eliminando cualquier tipo de traba de carácter administrativo que pueda tener un efecto disuasorio y demostrando de esta manera que, cuando existe voluntad política, se puede avanzar hacia una sociedad más justa y humana.

El argumento utilizado entonces fue el de la reducción de costes. Teniendo en cuenta los datos de personas afectadas, el ahorro, de existir alguno, es simplemente ridículo. Como apunta hoy el director general Luis Gabilondo en GARA, puede resultar mucho peor para la sanidad pública, amén de bastante más caro, tener un grupo de población incontrolada desde el punto de vista sanitario. Una decisión de este calado, que quebraba el principio de la asistencia sanitaria universal, posiblemente buscaba otros objetivos, más allá del económico. Tal vez, el Gobierno del PP pretendía que la sociedad se viera reflejada en los inmigrantes y sintiera la amenaza de que también se pueden perder servicios que, a día de hoy, se consideran básicos.