El Gobierno navarro adoptó ayer un acuerdo por el que solicita al Estado español que no se reabra la central nuclear de Santa María de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente.

Esta petición se realizó tras conocer la solicitud de la empresa titular de la central, Nucleno, de reabrirla hasta 2031, es decir, hasta que cumpla una vida de 60 años, según el Ejecutivo Foral.

La central fue abierta en 1971 y se declaró su cese definitivo en julio de 2013, debido a que Nuclenor no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

En su acuerdo, el Ejecutivo que preside Uxue Barkos considera que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía». También subrayó que, en los dos años y medio que la central ha permanecido cerrada, la demanda eléctrica «no se ha visto perjudicada».