Varios sindicalistas y trabajadores de Goodyear de Amiens (norte del Estado francés) se han enfrentado a peticiones de prisión efectiva por participar en movilizaciones para impedir el cierre de una planta de neumáticos. Un hecho insólito, ya que es la primera vez en cincuenta años que el Gobierno francés, a través de la Fiscalía, pide el encarcelamiento de sindicalistas.

Una situación similar es la que viven «los ocho de Airbus», procesados por su participación en la huelga general de 2010, contra quienes se inició ayer una vista oral, en la Sala de lo Penal número 1 de los juzgados de Getafe (Madrid), rodeada de expectación y con presencia de representantes sindicales y de varios partidos políticos.

Cada uno de los acusados se enfrenta a una petición de ocho años y tres meses de prisión de la Fiscalía por delitos de «atentado», «lesiones» y «contra el derecho de los trabajadores» al incumplir el artículo 315.3 del Código Penal.

Pasadas las 10.30 de la mañana comenzó a declarar el primero de ellos, José Alcázar, quien explicó que aquel 29 de setiembre «quien quería entrar entró» a su puesto de trabajo en la factoría de Airbus y que nadie lo evitó. Tomás García, quien fuera presidente del comité de empresa, también negó «rotundamente» que se impidiera la entrada de los trabajadores a la fábrica y señaló que «después del tumulto y los disparos», los policías «estaban muy inquietos», añadiendo que desconoce lo que motivó los altercados.

A la sesión de ayer asistieron, entre otros, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, así como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el secretario de Organización del PSOE, César Luena.