Ainhoa Azkarate y Joseba Azkarraga, en representación de Sare, comparecieron ayer en Bilbo para dar a conocer un auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, en el que el juez Fernando Andreu se opone a una solicitud de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco para que requiera a Laboral Kutxa, de cara a conocer los titulares y movimientos de las cuentas corrientes en las que se ingresó el lunes 11 de enero el dinero que se obtuvo en una cuestación pública en la manifestación de dos días antes.

En la rueda de prensa de ayer estuvieron también el secretario general de EA, Pello Urizar, y el ex coordinador de EB, Javier Madrazo, en cuyas sedes se depositó lo recaudado, así como los abogados Félix Cañada, Juan Daniel Barandiaran, Juan Mari Bidarte y Nazario Oleaga, que junto al ex coordinador de Lokarri Paul Ríos, supervisaron la cuestación. Lo hicieron, lo recordaron, tras la experiencia del año anterior cuando la Guardia Civil incautó una importante suma de dinero de la sede de LAB, también en Bilbo, donde se había guardado.

La resolución de la AN rechaza la petición policial, por ser «restrictiva» de derechos fundamentales y no estar sustentada en indicios de criminalidad. Andreu indica en su auto que la posibilidad de que el dinero obtenido pudiera ser enviado al «sostenimiento del colectivo de presos de ETA para destinarlos a fines ilícitos, no es más que una hipótesis, que carece de sustento fáctico alguno».

Para la red ciudadana, «el auto del juez Andreu ha puesto de relieve una mala praxis policial, que implica una intención perversa de criminalizar a Sare, intentando recabar datos de entidades legalizadas, para luego elaborar un informe policial falto de imparcialidad y objetividad, fabulando que la recaudación podría ir a un irreal destino ilegal, para solicitar más adelante al juzgado que secuestre dichos fondos, como sucedió el año pasado». A este respecto, volvieron a pedir que se los devuelvan «lo antes posible» para hacer frente a todos los gastos.

Mensaje al futuro gobierno

Quienes ejercieron de portavoces de Sare señalaron que su «tarea transparente y contrastada» no puede seguir siendo observada desde el poder político español «como sospechosa y merecedora de persecución». «Actuaciones policiales como las que estamos narrando, sus seguimientos constantes, siempre contrarias a derecho, antes y ahora, resultan más propios de etapas que considerábamos superadas», dijeron.

A quienes trabajan en la defensa de los derechos de las personas presas, exiliadas y deportadas les resulta «muy difícil de comprender el porqué unos jueces se avienen sin obstáculos a las pretensiones del poder político o policial, mientras otros recuerdan que los derechos no se pueden arrumbar fácilmente. Incluso ante una legalidad de excepción, hay distintos modos de posicionarse».

Advirtieron al futuro gobierno español «que este conflicto vivido durante décadas en Euskal Herria no podrá darse por terminado vulnerando los derechos de cientos de personas presas. Este conflicto –enfatizó Azkarraga– terminará el día que todos ellos vuelvan a sus casas».