Un año se va a cumplir desde que EH Bildu destapase que la falta de control por parte de la Diputación vizcaina sobre terrenos que se habían expropiado en 1984 en Abanto para trazar los accesos de la autovía de Ugaldebieta había permitido a un promotor edificar un chalé en una finca de propiedad foral en el barrio de Sanfuentes tras diferentes procesos de reparcelación y segregación. El Gobierno foral reconoció la irregularidad, adoptó decisiones para actualizar el catastro y se personó en los juzgados para recuperar la titularidad de las tierras, aunque no parece que haya logrado paralizar la edificación en cuestión.

Los trabajos en la vivienda no han cesado, ajenos al proceso judicial continúan, y el promotor no ha cumplido aún con el pago del aprovechamiento urbanístico de la operación que, según la normativa, era preceptivo para que se le otorgase la licencia de obras. Fuentes municipales estiman que el constructor estaría buscando «a través de una política de hechos consumados» que el Ayuntamiento le otorgase el permiso de habitabilidad y luego buscar un acuerdo para tratar de regularizar una situación no ajustada a la legalidad.

En los últimos meses, EH Bildu ha solicitado información al Gobierno de Unai Rementeria para conocer en qué situación se encuentra la demanda interpuesta en mayo por la Diputación en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barakaldo. Desde el Ejecutivo foral se aducen razones legales para no informar, lo que ha sido criticado desde la primera fuerza de la oposición en Bizkaia. «¿Dónde está la transparencia en la gestión de la que hablan una y otra vez?», se preguntan.

Algo parecido sucede en el Ayuntamiento de Abanto, gobernado por el PNV, donde EH Bildu ha tenido que insistir para que se les informara sobre si se ha cobrado la deuda derivada del aprovechamiento urbanístico y si conoce el proceso judicial emprendido por la Diputación. Los soberanistas interpelaron el 23 de noviembre a la alcaldesa, Maite Etxebarria, que no les ha contestado hasta el 4 de marzo tras insistir.

Lo único que se responde es que se ha remitido el expediente a Hacienda foral para que inicie el procedimiento de recaudación ejecutiva, hecho que era conocido, que ya supera los 111.727,22 euros. Además, EH Bildu ha constatado en el Registro de la Propiedad de Portugalete que la finca que se presentó como aval para aplazar el pago del aprovechamiento urbanístico seguía la semana pasada siendo propiedad del promotor al no haber ejecutado el Consistorio la hipoteca cuando ya lo debía haber hecho.

Ese aval para la operación urbanística, según denunció la coalición soberanista en diciembre, se sustentaba en una parcela de propiedad foral a raíz de las expropiaciones de 1984 a la que se había sometido a varias transferencias y reparcelaciones en las últimas décadas.