Un juez federal de Brasilia ordenó ayer suspender el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como miembro del Gobierno brasileño, con el argumento de que su toma de posesión podría entorpecer la investigación judicial en curso.

Los fiscales acusan a Da Silva de blanqueo de dinero y fraude en el marco de la operación contra la corrupción relacionada con la estatal Petrobras.

Su nombramiento como jefe de la Casa Civil, un cargo equiparable al de ministro de la Presidencia, le concede inmunidad frente a todos los tribunales salvo la Corte Suprema.

«A la vista del riesgo de dañar el libre ejercicio del poder judicial, concedo la solicitud de la orden de suspender el nombramiento de Lula da Silva», concluyó en respuesta a una demanda de los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas judiciales contra el exmandatario.

El juez también sugirió la apertura de diligencias contra Rousseff alegando que podría haber incurrido en un delito de «responsabilidad» al nombrar a Da Silva, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra «la probidad» de la Administración pública. Los llamados delitos de «responsabilidad» son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe del Estado.

Ayer Rousseff tomó juramento a Lula da Silva en una ceremonia en la que criticó duramente la autorización por parte del juez Sergio Moro de la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos. Expresó su «total repudio» a esta divulgación con la que «buscan convulsionar a la sociedad con métodos oscuros» y tildó de «ilegal» su grabación. En ese audio, grabado el miércoles por la mañana por la Policía judicial tras el nombramiento del expresidente, se escucha a Rousseff decir que le enviará documentos que lo acreditan como ministro, aunque aún no había asumido, para que los use «en caso de necesidad».

La mandataria mostró ese documento, que tiene solo la firma del expresidente, y afirmó que la única intención era tenerlo suscrito por si Lula no podía acudir a la ceremonia de ayer por un problema de salud que sufre su esposa.

La Presidencia anunció que adoptará «todas las medidas judiciales y administrativas pertinentes para reparar una flagrante violación de la ley y la Constitución» por parte del juez Moro, «autor de la filtración».

Rousseff consideró que la filtración «viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes comienzan así».

Aseguró que «los gritos de los golpistas» no van a «torcer el rumbo» de su Gobierno. «El griterío de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo», exclamó. Instó al diálogo a «todos» los que «buscan el bien de Brasil» y abogó por «superar los odios y la actuación de aquellos que no están del lado de la verdad, que no tendrán fuerza política para provocar el caos y la convulsión social». A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista, que recibieron a Da Silva y a Rousseff al grito de «no habrá golpe».

En las afueras del Palacio de Planalto se congregaron cientos de partidarios del Gobierno y otros grupos que exigían la destitución de Rousseff y que el exmandatario sea juzgado, y que en algunos momentos llegaron a enfrentarse.