Todas las grandes empresas o grupos de sociedades con presencia en Nafarroa, que son unas 2.000, deberán contar en el plazo de nueve meses con una auditoría energética que cubra como mínimo el 85% de su consumo total. El resto de sociedades podrá cumplimentarla de manera voluntaria, según informó ayer el Gobierno navarro, que ya ha publicado el modelo de comunicación para su realización y el trámite para poder ejercer la actividad de provisión de servicios energéticos.

Esta medida, derivada de una directiva europea sobre eficiencia energética ya trasladada a un decreto estatal, trata de reducir el consumo y las emisiones de efecto invernadero, así como la dependencia energética del exterior. Se dirige a empresas de más de 250 trabajadores o 50 millones de euros de volumen de negocio en plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la auditoría, que tendrá que estar elaborada por personal oficialmente registrado o por personal interno cualificado.

Estas auditorías deberán renovarse al menos cada cuatro años. El Ejecutivo puntualiza que podrán ser sustituidas por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en uso.

Al mismo tiempo, el Gobierno también ha activado en la web navarra.es el trámite para el ejercicio de la actividad profesional de provisión de servicios energéticos, que posibilitará a personas físicas o jurídicas la acreditación de la cualificación en materia energética mediante titulación universitaria o de FP, o bien por competencia profesional teórica y práctica.

Ayudas de Lakua

Por su parte, el Ente Vasco de la Energía (EVE), dependiente del Gobierno de Lakua, destinará este año diez millones de euros en ayudas para la mejora de la eficiencia energética y el fomento de nuevas instalaciones de energías renovables, con los que espera apoyar más de 1.100 proyectos en diferentes sectores.

Con ellos, la entidad prevé un ahorro de energía equivalente al 0,5% del total de la consumida en la CAV en un año.

Los planes se publicaron ayer en el BOE, por lo que son de aplicación inmediata a partir de hoy, salvo los programas dirigidos a administraciones locales y Renove Electrodomésticos, que entrarán en vigor el 1 de julio y el 2 de mayo, respectivamente.

Las partidas adjudicadas para optimizar el uso de la energía en la industria y en el sector terciario suponen el grueso presupuestario, con la adjudicación de 2.8 y 1.9 millones de euros, respectivamente. Estos ámbitos son «de actuación prioritaria dado su gran potencial de ahorro energético».

A las administraciones locales irán dirigidos 1,1 millones y al transporte, con el objetivo de promover el uso de energías alternativas al petróleo, se destinarán 900.000 euros.