Su intención era presentarla ante el tribunal de la Audiencia Nacional durante su turno de declaración este pasado jueves, pero la vista ni siquiera se inició tras el acuerdo que cerraba cinco años de proceso sin reingresos en prisión. Sin embargo, eso no dejó la iniciativa al olvido. La declaración fue revelada ayer en Iruñea por los cinco detenidos por la Guardia Civil en enero de 2011 y queda como «pequeño capital de trabajo contra la tortura, para que cualquier persona u organismo pueda recogerlo y seguir sumando adhesiones para la desaparición de esta lacra y sus efectos», según explicó Gorka Mayo.

El primer bote ya es muy alto, porque han reunido a personas de mucho relieve por diferentes motivos en el ámbito estatal, con especial eco en Euskal Herria, Catalunya y Galicia. Así, suscriben la exigencia del fin de la incomunicación y el cumplimiento efectivo en el Estado español de la Convención contra la Tortura de la ONU Rosa Lluch, historiadora e hija de Ernest Lluch; Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea (ambos víctimas mortales de ETA); Nazario Oleaga, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa; Margarita Uría, exvocal del CGPJ; Arcadi Oliveres, economista; Xose Manuel Beiras, portavoz parlamentario de Anova; Gaumme Asens, concejal de En Comú Podem de Barcelona; Lluis Llach, músico; Xose Luis Mendez Ferrin, expresidente de la Real Academia Gallega; August Gil Matamala, jurista; Suso de Toro, escritor; Sergi López, actor; Xabier Antich, filósofo; Joseba Asiron, alcalde de Iruñea...

Tras una breve explicación histórica sobre la tortura y la afirmación de que «algunos estados la siguen utilizando a pesar de haber estampado su firma en los documentos de Naciones Unidas contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», la declaración insta a las autoridades españolas a «erradicar esta práctica. Nadie más merece sufrirla. Nunca más. Es hora de poner fin a la barbarie. Para eso es necesario un esfuerzo colectivo, social e institucional».

Un relato integral

Sus cinco impulsores insertan la iniciativa en su decisión de «trabajar por un relato integral de lo que ha sucedido estas últimas décadas, un relato que integre todas y cada una de las vulneraciones de derechos humanos, también las cometidas por el Estado y las FSE». Y reiteran que «la Guardia Civil nos torturó con total impunidad. No solamente lo decimos nosotros, así lo indican el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura dependiente del Consejo de Europa».

«Pareciera que con el acuerdo finaliza una etapa en nuestras vidas, pero nada más lejos de la realidad», matizaron estos cinco jóvenes navarros. Reiteran su disposición a seguir trabajando en esta línea. «Nos comprometemos como aztnugaL», certificaron apoyándose en la voz de alarma de Patxi Arratibel, convertida ya en uno de los símbolos más potentes y dramáticos contra la tortura.

«Las palabras del juez De Prada son el camino»

El reconocimiento hecho el jueves en Tolosa por el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada sobre las «fuertes sospechas» de tortura en los sumarios que allí se instruyen no han pasado desapercibidas a los cinco jóvenes que pasaron por las manos de la Guardia Civil. Recogen su admisión de que los tribunales españoles «no han dado respuesta» a las denuncias. Y añaden: «Reconocimiento, reparación y no repetición. Ese es el camino que deben transitar el Gobierno de España y la Audiencia Nacional».

En este sentido, constatan que la declaración que han impulsado «no es una novedad en Euskal Herria» en cuanto a su contenido, «pero sí un paso a nivel estatal. Parte de su valor radica en que víctimas de diferentes violencias reconocen una realidad que el Estado niega. Y dibuja un futuro de soluciones necesariamente compartido».

Tampo perdieron ocasión de agradecer la solidaridad de miles de personas en Euskal Herria, que califican de «extraordinaria. No encontramos las palabras. La única manera de compensar todo es volver a comprometernos con nuestra labor política».

Entre otras cosas, creen que han contribuido a «poner de manifiesto el sinsentido de los juicios políticos». Y en este punto exigen que se ponga fin ya a todos, con mención especial para la campaña ‘‘Basque lives matter’’ impulsada por nueve personas que serán juzgadas en Madrid el 17 de mayo y a Hasier Arraiz, citado el 9 de mayo por el caso de Segura: «¡Basta ya de la violencia del Estado!».