El Parlamento de Cantabria aprobó, entrada ya la noche del lunes, el convenio para que Gipuzkoa siga trasladando residuos a su vertedero de Meruelo durante lo que queda de 2016 y todo 2017, a cambio de doce millones de euros. Votaron a favor lógicamente los dos grupos del Gobierno regional (el PRC de Miguel Ángel Revilla y el PSOE), además de Ciudadanos, como se preveía. Pero lo llamativo visto desde la perspectiva guipuzcoana, a 196 kilómetros de carretera desde Donostia, es que en Santander se dieron algunos de los debates que la mayoría institucional formada por PNV y PSE intenta eludir aquí.

Y es que durante más de cuatro horas de ese pleno monográfico afloraron algunas de las preguntas que también se hace cualquiera en Gipuzkoa, y que si bien se le formulaban al Gobierno cántabro, tenían como destinatario real al guipuzcoano. Ocurrió, por ejemplo, cuando la representante de Podemos Verónica Ordóñez preguntó cómo es posible que se escoja Meruelo como «la instalación más cercana susceptible de tratar el residuo» si a todas luces hay opciones más cercanas a Gipuzkoa (ya son varios los miembros destacados del PNV que se han preguntado en emisoras de radio o comentarios de blog por qué no se queman en la infrautilizada incineradora de Zabalgarbi). O cuando Ignacio Diego (PP) aludió a las extrañas cláusulas de confidencialidad que incluye este convenio entre Cantabria-Gipuzkoa: «¡Qué miedo! ¿Qué ocultan? ¿Qué les preocupa tanto que se llegue a conocer?», preguntó al Gobierno regional.

Más curioso resultó todavía que la oposición reprochara al Ejecutivo de Revilla llevar el polémico tema al Parlamento y debatirlo y votarlo nada menos que en sesión monográfica, lo que tildan de intento de pasarles «una patata caliente». En Gipuzkoa, por contra, el plan para la incineradora se ha aprobado a puerta cerrada en reunión extraordinaria de GHK. Y eso que no son 12 «kilos», sino 1.200.