El PP se reunió ayer con miembros de la asociación “Ayudas+ Justas”, para escenificar que tomaban el relevo de la ILP de reforma de la RGI apoyada por 37.343 firmas que el Parlamento rechazó el pasado mes de diciembre. Después, Borja Sémper y Laura Garrido ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer que han presentado una proposición de ley que recoge los principales puntos de aquella «Ley Maroto» ya fracasada.

Sémper pidió un «debate sereno» sobre la cuestión, lo que va a resulta difícil teniendo en cuenta que la legislatura finalizará en junio o a lo sumo en julio, por lo que ya no hay tiempo material para su tramitación. Negó, en cualquier caso, que fuera una iniciativa de tinte electoralista, pese a que pudieron presentarla desde el 1 de febrero y no lo han hecho hasta ahora.

Según las explicaciones de Laura Garrido, firmante de la proposición de ley, el actual sistema tiene dos grandes problemas. Por un lado «el fraude y el abuso» de determinadas personas, y por otro, la «cronificación» de otras en el cobro de la RGI porque Lanbide no es eficaz en la intermediación laboral.

Preguntados sobre cuáles de los puntos que recoge su proposición de ley afrontan estos dos problemas, no concretaron ninguno. Sémper respondió que «una mejor herramienta impide el fraude» y lo de Lanbide «va en paralelo» y «acompaña esta reflexión política».

Lo cierto es que lo que el PP plantea es elevar de 3 a 5 años el tiempo de empadronamiento para poder cobrar la RGI, que los que no tengan «residencia legal» no puedan recibirlo y tampoco los que tengan antecedentes penales por determinados delitos. Además obliga a los receptores a estar dispuesto a hacer «trabajos en favor de la comunidad». Ninguna de estas medidas –que ya se incluían en la ILP rechazada en diciembre– aborda ni la lucha contra el fraude y favorece la vuelta al mercado laboral a través de Lanbide.

Pensada para inmigrantes

La cuestión es que estas reformas de la «Ley Maroto» están pensadas para entorpecer el acceso a las ayudas de los inmigrantes, como quedó claro cuando Laura Garrido hizo alusión al «efecto llamada» que produce la RGI. Algo chocante cuando hay que estar tres años empadronado antes de poder empezar a cobrar.

Como chocante es también que Garrido firme esta proposición que dice que la actual ley es «una norma inadecuada» que «tiene toda la responsabilidad» de los fraudes y abusos que se producen. Y es que fue la propia Laura Garrido quien defendió en 2011, junto al PSE, la aprobación de esta ley asegurando que con ella se reforzaban los «mecanismos de lucha contra el fraude y de control en el cumplimiento de los requisitos». Ayer dijeron que cinco años después creen que «es inadecuada porque puede ser mejorada».