El Tribunal de Cuentas recordó ayer que ejerce sus funciones «con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico» en respuesta a «una serie de reacciones en determinados medios de comunicación» tras la condena impuesta al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial del PP, Javier Maroto, por el «caso San Antonio». El tribunal matizó, asimismo, que la función de enjuiciamiento contable que ejerce «tiene una naturaleza auténticamente jurisdiccional, no administrativa».