Después de más de diecisiete años de Gobierno bolivariano, se puede afirmar categóricamente que la revolución venezolana se encuentra no sólo en su momento más delicado, sino sobre todo en una coyuntura que se puede caracterizar como de crisis sistémica, lo cual implica profundos desajustes de orden económico, político y social.

Crisis económica. La crisis más antigua y que en gran medida es responsable de la generalización de problemas en otros campos, es la de carácter económico. Para entender esta crisis, en primera instancia sería importante circunscribirla en términos temporales e identificar sus primeras manifestaciones. A pesar de que los análisis más superficiales se centran en la caída del precio del petróleo en el mercado internacional como detonante de la crisis, en el caso venezolano el origen de los desajustes económicos es anterior y debido a otras razones.

En plena bonanza de los ingresos petroleros, a caballo entre los años 2008 y 2009, es cuando comienza a padecerse el aumento inflacionario, en gran medida vinculado a la guerra económica de baja intensidad que sectores de la «contra» comenzaban a impulsar. El voluntarismo gubernamental, que se traducía en fuertes aumentos salariales, conseguía amortiguar parcialmente el alza de precios, en un contexto favorable de entrada de divisas.

Este voluntarismo se torna inoperante con el cambio de ciclo internacional y la caída de los precios de las commodities, entre ellas el petróleo. A partir de ahí el factor internacional (abrupto y progresivo deterioro del precio del crudo) se combina con el condicionante local (guerra económica, ineficiencia inversora y productiva…) y trae como consecuencia una crisis económica cada vez más aguda.

A partir de 2014, se intensifica la apuesta por desestructurar la economía hasta conducirla a un estado cercano al caos. Para viabilizar esto se combinan diferentes elementos. Por un lado, destacan los factores de orden más interno, de sobra conocidos, como el boicot empresarial, la desinversión, el acaparamiento, la especulación, el contrabando... Por otro lado, también hay que señalar factores exógenos, en los que actores internacionales, principalmente EEUU, juegan un papel relevante.

No es casualidad que en los últimos meses diversos investigadores denuncien el «bloqueo no declarado» que está sufriendo Venezuela. Las restricciones extremas para la llegada de medicinas, repuestos industriales, correo postal... son un ejemplo paradigmático. Paralelamente, el asedio financiero es otro instrumento que está tomando cada vez mayor fuerza, a través de la táctica del estrangulamiento crediticio y el crecimiento de la deuda. El rol que están tomando las agencias de calificación de riesgo para elevar exagerada y artificialmente la prima de riesgo venezolana es un dato insoslayable.

Otra herramienta devastadora es el conglomerado «Dólar Today», que desde EEUU ha logrado erigirse como agente que determina el precio del dólar y el bolívar en el mercado paralelo, generando una depreciación brutal de la moneda local. El efecto más dramático es que se ha convertido en un inductor directo de la especulación y del mercado negro en el país.

Crisis política. La crisis es también de orden político y se manifiesta a través de diferentes canales. En primer lugar, tanto el Gobierno como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufren un descrédito inédito anteriormente. En segundo lugar, la pérdida de control del Poder Legislativo y el uso de éste por parte de la oposición ha intensificado aún más la crispación política existente. El pulso entre el Parlamento y otros poderes del Estado (ejecutivo, judicial y electoral) es cada vez más agudo y la percepción de crisis es aún mayor por el sobredimensionamiento que hace el latifundio mediático global.

El intento desesperado por parte de la derecha de tumbar al Gobierno a través de diferentes mecanismos formales, como la reducción del periodo de gobierno o el referéndum revocatorio, está provocando una inestabilidad política y, sobre todo, una polarización social de consecuencias imprevisibles. A su vez, la postura del Ejecutivo de buscar constantemente argumentos legales para negar legitimidad al intento de revocatorio por parte de la oposición, lo proyecta como un Gobierno muy débil, y en vez de neutralizar, alimenta los discursos que lo acusan de autoritario.

La crisis se expresa también en clave social y no solo por la pérdida de poder adquisitivo de la gran mayoría de la población debido a la sangrante inflación, sino por la anomia creciente y la generalización de salidas individuales que van en la dirección contraria a los valores comunitarios que la propia Revolución ha querido estimular. La necesidad perentoria de generar ingresos paralelos obliga a muchos a participar en el mercado negro, fortaleciendo así una maquinaria que mina día a día lo construido durante la primera década de cambio.

En este contexto de crisis sistémica es fundamental identificar las estrategias que los actores políticos despliegan para intentar hegemonizar el proceso. Por un lado, la estrategia del Gobierno y el chavismo oficial se destaca por el nuevo rumbo que están queriendo imprimirle a la economía. Desde 2014 se percibe una nueva fase en el campo económico que se traduce, no de manera oficial ni discursiva pero sí de facto, en una orientación de corte más clásico desarrollista y un congelamiento del horizonte socialista.

Como agudamente apunta el profesor de la Universidad de Oriente, Steve Ellner, la elección del nuevo vicepresidente económico es un dato muy significativo, ya que por primera vez el Gobierno bolivariano incorpora en un cargo de alto nivel a un empresario. El nombramiento a principios de enero de 2016 de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, como nuevo hombre fuerte del área económica, además de simbólico, supuso un guiño muy claro hacia el capital privado. Esto denota una voluntad explícita del Ejecutivo de conciliar con sectores de la patronal, a pesar de que éstos nunca han tenido especial interés en trabajar conjuntamente con el chavismo.

La nueva fase económica se sustenta en una apuesta decidida por intensificar y ampliar el extractivismo. La caída de los precios del petróleo, la profunda crisis económica y la incapacidad después de tres lustros de poner las bases de un desarrollo alternativo, fueron interpretadas por el chavismo oficial como señales que abocaban a buscar una salida económica de corte más extractivista.

El sociólogo y ecologista Emilio Terán señala que el nuevo proyecto estrella del Gobierno se va a desarrollar en el «arco minero» del río Orinoco, en los Estados Bolívar y Amazonas. El denominado Proyecto Magna Reserva Minero va a explotar más de 100.000 km2 para extraer 4 minerales: oro, diamante, coltán y hierro. A esto hay que agregar otro proyecto extractivo que está generando fuerte polémica: la explotación de las minas de carbón en el Estado Zulia. Estos proyectos deben confluir con las llamadas Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN), que según el autor van a intentar emular a las «zonas económicas especiales» del modelo chino.

MUD y agentes externos. La estrategia de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (sería más correcto llamarla Mesa de la Unidad de la Derecha) no se puede desligar de ninguna manera de los agentes externos de desestabilización, principalmente empresas multinacionales y sobre todo el Gobierno de EEUU.

Es este último actor quien por activa y por pasiva ha obligado a los diversos grupos derechistas a que permanezcan unidos, si querían seguir siendo financiados. La agenda de la MUD se ha centrado últimamente en instrumentalizar el Parlamento para intentar privatizar y recortar derechos sociales, además de intentar excarcelar a criminales jaleados como héroes por la maquinaria mediática transnacional. El intento de privatización de viviendas y de empresas recuperadas, y la obsesión por derogar la Ley del Trabajo (por mandato de la patronal Fedecámaras), han sido los pilares de su trabajo parlamentario.

En cuanto a EEUU, hay que desvelar la agenda del Comando Sur y su poco conocida «Operación Venezuela-Freedom». En este momento, estaría en su «Fase 2», tras el «impacto exitoso de nuestras políticas» (palabras literales), es decir, de la agudización de la crisis económica y de la conquista del Parlamento. Para esta segunda fase, el Comando Sur ha fijado una docena de recomendaciones, entre las que destacan: una agenda común con la MUD para combinar acciones callejeras, violencia dosificada y exigencia de revocatorio; el papel de tenaza de la Asamblea Nacional para obstruir la gobernanza; difundir la idea de la necesidad de un Gobierno de transición (en el que participen sectores empresariales, iglesias, ONG…); intensificar la campaña internacional contra el Gobierno; reforzar la idea de que Venezuela ha entrado en una crisis humanitaria; exigir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y atraer a algunos sectores del Ejército.

En este contexto, el rol de las nuevas instituciones de la comunidad internacional puede ir ganando importancia. Nos referimos a UNASUR, que goza del respeto de todos los países sudamericanos y que ha tenido la habilidad de implicar a ex mandatarios de diversos países. Quien está haciendo el ridículo diplomático es el otrora denominado «Ministerio de colonias de EEUU», la OEA, y concretamente su actual secretario, el uruguayo Luis Almagro, quien cometió la torpeza de amenazar con aplicar la Carta Democrática, instrumento que históricamente sirvió para expulsar a Cuba o para justificar golpes de Estado. Curiosamente, Almagro no exige que apliquen la Carta Democrática en Brasil, a pesar del reciente golpe oligárquico.

En cuanto al chavismo crítico, su posición es muy complicada, en un escenario de guerra oligárquica e imperial creciente y de un Ejecutivo que además de estar muy cuestionado por los casos de corrupción ha decidido virar económicamente hacia posiciones más conservadoras.

El último agente a mencionar es la Fuerza Armada, la organización de masas más grande del país y principal preocupación de Washington, por la «resistencia dura» que los mandos identificados con el chavismo y «las unidades de elite» pueden desplegar. Un reciente gesto de la Fuerza Armada fue contundente: el Ejercicio Independencia 2016, movilización de más de medio millón de combatientes, entre soldados y milicianos.