El Gobierno chino ha extendido su represión contra la disidencia en áreas tibetanas a través de una vigilancia y control sin precedentes en zonas rurales y pequeñas localidades que ha llevado a una espiral de detenciones y protestas nunca vista en estos enclaves, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

La organización presentó el documento en un momento de difícil acceso a información sobre lo que ocurre en Tíbet.

HRW recoge 479 casos de arrestos, de los que 153 llevaron a sentencias de cárcel, ocurridos entre 2013 y 2015 en el Tíbet y en zonas tibetanas de las provincias de Sichuan –donde más protestas se registraron–, Qinghai y Gansu; y de los que ha podido obtener información fidedigna sobre datos del Gobierno chino, organizaciones en exilio y la prensa extranjera.

«Las áreas tibetanas son un foco prioritario de la campaña de represión que está emprendiendo el Gobierno chino contra la disidencia pacífica», denunció la directora de HRW en China, Sophie Richardson, en un comunicado.

La mayoría de las protestas y arrestos recogidos en el informe ocurrieron en pueblos o localidades rurales y no ciudades, donde se habían producido en los últimos años. Para HRW, esto sugiere «que la disidencia ha crecido en las áreas rurales tibetanas, donde vive casi el 80% de los tibetanos». HRW destaca el cambio de actitud de las autoridades en estas zonas: muchas de las actividades por las que se produjeron los arrestos hasta ahora no eran consideradas «sensibles» y el perfil de los detenidos ha cambiado, pues ahora los monjes representan solo el 39% de los arrestados.

La investigación muestra que la mayoría de los detenidos y procesados son ciudadanos laicos, líderes de comunidades locales, activistas en defensa del medio ambiente o ciudadanos ligados a actividades sociales o culturales, como escritores o cantantes. La detención de líderes locales y el apoyo de sus comunidades a través de protestas se ha convertido en un «nuevo fenómeno», destaca la organización, que también muestra su preocupación por los abusos bajo custodia policial y destaca que 14 personas murieron cuando estaban a cargo de las autoridades o justo después de ser liberadas.

También documenta situaciones de violencia policial contra manifestantes o personas en algún acto pacífico, como el caso de varios tibetanos que organizaron un picnic para celebrar el cumpleaños del dalái lama en la provincia de Sichuan y que fueron disparados por las fuerzas de seguridad en 2013.