EH Bildu solicitará amparo al Parlamento después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Abogacía del Estado y haya anulado toda la norma foral 1/2014, que introducía cláusulas sociales como requisito para contratar con la Administración alavesa.

La coalición, que promovió la introducción de cláusulas con el apoyo del resto de formaciones excepto el PP, explicó que las propuso para evitar casos como los sucedidos en la estación de autobuses o en el centro cívico de Salburua, donde se habían detectado «prácticas casi esclavistas».

La sentencia del TS reconoce que «la cuestión central que se debate en el motivo es la competencia de las Juntas Generales de Araba para determinar una norma como esta». En ese sentido, determina que la contratación con la administración pública viene determinada por la normativa del Estado o, en su caso, por la ley vasca de contratación con la administración pública.

Dado que no entra en el fondo de la cuestión, EH Bildu entiende que debe ser el Parlamento autonómico quien dé seguridad jurídica a los objetivos que perseguían tanto la norma alavesa como la que se aprobó en Gipuzkoa.

«Entendemos que, salvo el PP, todas las formaciones políticas compartimos el objetivo final de esta norma, que no es otro que velar por la seguridad de los y las trabajadoras, así como de que desarrollen su trabajo en unas condiciones dignas», destacó el juntero soberanista Luis Salgado.

Por su parte, la Diputación anunció que «continuará incluyendo cláusulas sociales en los pliegos de contratación de sus diferentes departamentos». En una nota, señala que el fallo judicial «anula la norma foral, pero no impide mantener las cláusulas sociales en los pliegos de la contratación administrativa».