El recurso de criminalizar al independentismo catalán usando el habitual argumento de «todo es ETA» fue uno de los recursos de la trama destapada por ‘‘Público’’ y contó con la colaboración, al menos, de policías y periodistas afines. La Cadena Ser desveló el miércoles que «Interior utilizó la Policía para hacer informes que criminalizaban a los movimientos independentistas», unos informes que la emisora calificaba de «insolventes» y que hablaban de seguimientos a la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, así como a otros dirigentes y cargos públicos como el entonces alcalde de Girona y ahora president, Carles Puigdemont. «Esos informes, anónimos, de los que nadie se responsabilizaba y que nunca acababan judicializados intentaban criminalizar a quienes formaban parte de la ANC», subrayó la Ser, que también señaló que los informes vinculaban a miembros de la Assemblea con Terra Lliure y con ETA.

No publicó el documento, aunque los entrecomillados corresponden a un artículo publicado por “El Confidencial” el 3 de octubre de 2014 bajo el título «Un informe policial liga al ‘núcleo duro’ de la ANC con ETA y Terra Lliure». Concretamente, se repasaba la trayectoria pública y conocida de militantes de la ANC como Carles Castellanos, Carles Benítez, las hermanas Eva y Blanca Serra y Aureli Argemí.

Sin aportar pruebas ni información que no se pueda conseguir a través de una rápida búsqueda en Internet, el informe añadía que «la Asamblea Nacional Catalana es un verdadero entramado perfectamente diseñado para llegar a todos los rincones de Cataluña con un solo objetivo: crear un enorme tejido social que abogue por la independencia. Bajo la apariencia de una organización privada dirigida por personas intachables, nos encontramos con dirigentes en la sombra con un pasado simpatizante o relacionado directa o indirectamente con bandas armadas como Terra Lliure y ETA. Todo ello subvencionado desde la Generalitat de Cataluña».

Los mismos nombres aparecían ya, con prácticamente la misma información, en una pieza publicada por “ABC” el 18 de diciembre de 2013, aunque el autor del artículo aseguró que la información era fruto de investigación propia. Incluyó los nombres de una quincena de militantes de la ANC a los que achacaba «vínculos proetarras» con argumentos tan peregrinos como el del caso de Félix Martí, señalado por «celebrar un encuentro en 1995 con el exedil de HB en Tolosa Jonan Fernández, que dirigía Elkarri».

También apuntaba al exsecretario general del Moviment en Defensa de la Terra (MDT) Josep Sort por firmar en contra de la ilegalización de Batasuna, así como al actual eurodiputado de ERC Josep María Terricabras, que presentó en 1999 «una charla que impartió el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi». El delirio llega cuando se hace referencia a Anastasio Pulido Chozas, sumado al saco por comprar acciones dentro de la campaña posterior al cierre de ‘‘Egunkaria’’.

En este suma y sigue destaca también la información publicada por “El Periódico de Catalunya” el 31 agosto de 2013 bajo el título «Interior vincula a la izquierda abertzale con la Via Catalana». Un texto en el que, sin complejo alguno, se admitía que, casi dos años después del cese definitivo de la actividad armada de ETA, Interior espiaba la actividad política de organizaciones independentistas vascas. Sin otra fuente que el citado «documento policial», el artículo señala la participación de miembros de Gure Esku Dago (GED) en la cadena humana, así como el «cierto paralelismo» entre las iniciativas de la ANC y las de Gure Esku Dago.

La evidencia de que Interior había realizado seguimientos a Gure Esku Dago llevaron al parlamentario de Amaiur, Jon Iñarritu, a formular varias preguntas por escrito. Desde el Ministerio, la respuesta habitual fue: «La actividad policial era legal». No se salvó ni Nafarroa Bizirik, la iniciativa que conmemoró el 500 aniversario de la conquista de Nafarroa y sobre la que Interior elaboró un informe para justificar su veto en el Congreso.

 

LA POLICÍA PIDE LAS GRABACIONES A «PÚBLICO» SIN ORDEN JUDICIAL

Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en la sede del diario «Público», en Madrid, para exigir las grabaciones sobre las conversaciones entre Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso que el rotativo está desvelando en los últimos días. Lo hicieron a las 16.30 horas, tras avisar a los responsables el medio. Lo curioso es que, una vez allí, no aportaron ninguna orden judicial, por lo que el director, Carlos Enrique Bayo, rechazó hacerles entrega de ningún material. Los agentes tampoco quisieron informar sobre quién era la autoridad que había ordenado requisar las cintas. Es decir, que se presentaron en la redacción sin explicar quién les ordenaba hacerlo, por lo que se fueron por donde habían venido. Cabe recordar que en el momento en el que se hizo pública la exclusiva, el ministro del Interior anunció una investigación para determinar el origen de la filtración.

 

LA ACUSACIÓN CONTRA TRÍAS FUE ABORDADA 11 DÍAS ANTES DE QUE «EL MUNDO» LA PUBLICASE

A finales de octubre de 2011, el diario ‘‘El Mundo’’ publicó: «Investigan una cuenta de 12,9 millones de Xavier Trias en Andorra». Una información sobre el exalcalde de Barcelona que el mismo antiguo primer edil se encargó de desmentir aportando documentación del propio banco. Ahora, tras la nueva revelación de ‘‘Público’’, se sabe que este asunto estuvo sobre la mesa durante la segunda reunión entre Jorge Fernández Díaz y Daniel De Alfonso. Ambos discutieron sobre el asunto y el propio jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya reconoció no tener «ninguna prueba, ninguna, ninguna» contra el entonces jefe de Gobierno de la capital catalana. Once días después, el diario entonces dirigido por Pedro J. Ramírez se hacía eco de esta información. ¿Cómo llegaron esas sospechas infundadas hasta la redacción de «El Mundo»? No parece que los tentáculos de la trama orquestada por Fernández Díaz estén muy lejos. En la conversación también se hace referencia a una supuesta hija secreta de Artur Mas, aunque ambos admiten que es información falsa.