Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señala que no existen pruebas de que la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, participara en las maniobras fiscales que supusieron la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta.

Según el informe pedido por su defensa, Rousseff fue responsable de emitir una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la autorización del Congreso. Pero los técnicos no hallaron pruebas de que participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición maniobras fiscales que, a su juicio, supondrían un crimen de responsabilidad.