Nos están dejando pasar porque han visto que somos muchos y se han asustado», dice con una sonrisa un maestro de primaria del estado de Chiapas, en el sur de México, mirando a los policías federales que se van retirando. Luego señala unas casas humildes a lado de la carretera: «Y porque desde allí los pobladores han empezado a gritar que se solidarizan con nosotros. Hace unas semanas, esta gente sacó a los policías de sus hoteles y los echó del pueblo de Chiapa de Corzo; ahora los federales les tienen miedo», asegura.

El sol del trópico quema sobre el asfalto de la autopista que une las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, mientras unos 8.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –el sector más rebelde del magisterio mexicano– miran con satisfacción a la Policía Federal abrirles el paso.

Los integrantes de la CNTE caminan rumbo a la caseta de cobro con sus escudos, cascos, palos y máscaras antigás, cantando consignas en contra de la reforma educativa y del presidente Enrique Peña Nieto. Allí se instalan durante unas horas para impedir el paso a los vehículos, una de las formas de protesta más comunes en México.

Con los maestros y el calor del mediodía, aparecen también los vendedores ambulantes: empujan carritos de helados, raspados, fruta fresca. Una señora que ofrece mangos y pepinos intenta convencernos: «Compren antes de que la Policía les lance gases». Algunos manifestantes levantan una valla de escudos y cuerpos para bloquear la autopista, otros esperan en la sombra.

Desde el 15 de mayo, cuando comenzaron las movilizaciones, muchas carreteras están bloqueadas, provocando problemas de desabastecimiento, y obligando a las compañías de autobuses foráneos a cancelar sus viajes.

«Seguiremos manifestándonos hasta que el Gobierno abrogue la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación», afirma José Luis, un maestro de la CNTE de Ixtapa, que lleva al Che Guevara colgado al cuello y tatuado en el brazo.

Las negociaciones entre Ejecutivo y CNTE ya están en curso. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha afimado que «la reforma es un proceso que no se va a detener» y que el diálogo será político y no educativo. Por su parte, el maestro de Ixtapa sostiene que no se puede abrir un diálogo que no contemple los contenidos de la reforma y que lo que quiere el Gobierno es desgastar al movimiento esperando que los profesores se cansen de movilizarse. Pero, asegura, no se cansarán.

Tablets y computadoras

El estado de la educación pública en México es dramático. Diez millones de personas no acuden a la escuela primaria y hay jóvenes que salen de la preparatoria sabiendo apenas leer y escribir. El exsecretario de Educación Pública Emilio Chuayffet ha reconocido que los libros de textos tienen faltas de ortografía y errores científicos.

Según la CNTE, es necesaria una reforma del sector que involucre a los profesores en su diseño y que no sea –como la promulgada por Peña Nieto en 2013– impuesta por los organismos financieros internacionales, cuyo objetivo es privatizar la educación.

«El Gobierno dice que dará tablets y computadoras a los niños, pero donde yo enseño no hay ni siquiera energía eléctrica. Además, si los niños llegan a la escuela sin haber desayunado, ¿cómo se piensa que puedan pagar un libro de texto?», pregunta un maestro de Altos de Chiapas, donde el 88% de la población vive en la pobreza.

Unos momentos antes, cuando frente a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas un muro formado por los policías federales intentaba contener la protesta de la CNTE, la tensión espesaba el aire. A pocos metros de la Federal, dos hileras de profesores enseñaban sus cascos y tirachinas y los escudos quitados a la Policía en las movilizaciones anteriores. Tras ellos, miles esperaban que se evitara la violencia.

Era difícil no pensar en lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, en Oaxaca, cuando la Policía disparó contra los maestros de la CNTE y los padres de familias que habían organizado el bloqueo de una carretera, matando a 12 personas. Entre ellos Jesús Cadena, un catequista y estudiante de seminario de 19 años, llegado para socorrer a los heridos.

Según medios locales, la Policía tomó el control del Hospital General de Nochixtlán para impedir el ingreso de los heridos, mientras a unos 300 km un periodista era ejecutado de un balazo a quemarropa cuando cubría las movilizaciones en la ciudad de Juchitán. El último muerto relacionado con las protestas se registró en la madrugada del domingo, cuando se halló el cuerpo sin vida del periodista y activista Salvador Olmos García, de Huajuapán.

El saldo de la represión cuenta también numerosos heridos, desaparecidos y detenidos, entre ellos los líderes de la CNTE Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos. Están acusados de lavado de dinero y robo de libros de texto, y las autoridades aseguran que su arresto no es político.

«Abriremos cuando haya justicia»

Oaxaca es el estado donde se están realizando las movilizaciones más fuertes. Los medios que lograron superar los bloqueos para viajar a Nochixtlán desde la capital, famosa por su arquitectura colonial y su sabrosa comida, describen carreteras cortadas por barricadas con autos, camiones y autobuses quemados a sus orillas. «Turista, Oaxaca está temporalmente cerrada. Abriremos tan pronto como haya justicia», se lee en un muro del centro de la ciudad.

El 11 de junio, la capital de Oaxaca vio un fantasma del pasado. La Policía reprimió una movilización de la CNTE que, apoyada por la población, construyó barricadas y empezó una batalla con los uniformados.

En aquellos días se cumplían justo 10 años del desalojo de los maestros de la CNTE, cuando la represión fue tan brutal que la población se sumó a las movilizaciones y se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La APPO bloqueó el acceso a la ciudad, echó a los partidos políticos y la población oaxaqueña promovió una experiencia de autogobierno, que fue llamada Comuna de Oaxaca.

«No creo que la APPO haya cambiado al país, pero sí dejó una gran lección al movimiento social y le envió un mensaje al poder: no necesitamos sus instituciones y sus fuerzas del orden. Podemos decidir, organizarnos y cuidarnos a nosotros mismos», afirma Montserrat Sanmartín Cruz, integrante de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, que desde el 4 de junio se moviliza con el magisterio. Participó en las protestas de hace 10 años: en las marchas, en las barricadas y en la toma de Canal 9, la televisión del estado que un grupo de mujeres logró ocupar para establecer y transmitir su propia programación.

La acampada de la CNTE en el centro de Tuxtla Gutiérrez se instaló a mediados de mayo, y crece día a día. Los maestros de Chiapas mudaron sus vidas bajo estas lonas de plástico, levantadas con palos de madera: allí pusieron sus colchones, radios, ollas y cocinas. Establecieron turnos para cocinar, limpiar y tienen asambleas que duran hasta la madrugada, donde deciden sus actividades cotidianas de protesta. Desde hace más de un mes viven aquí, a pesar del calor tenaz de las tardes chiapanecas y de los aguaceros imprevistos típicos de esta temporada.

Los maestros se turnan para vivir en el plantón, donde pasan cinco días para regresan tres a sus casas. Muchos vienen de zonas remotas de esta región de montañas y selva, donde a las carreteras les falta asfalto y a las escuelas piso firme y paredes de cemento.

Buena parte de la comida que consumen es regalada por la población de Tuxtla Gutiérrez, una ciudad donde la protesta social nunca floreció mucho pero parece haberse despertado. Todo comenzó diez días después del inicio de las movilizaciones, cuando la Policía reprimió con brutalidad a los maestros, provocando una reacción opuesta a la esperada: miles de ciudadanos que vieron la violencia desde sus ventanas, salieron a marchar con la CNTE.

«La única forma de evitar otra masacre disfrazada de un supuesto ‘orden público’ es salir a las calles y hacerse presente, hacer protesta pacífica con organización y cultura», señala Julieta Albores González, arquitecta y escultora de Tuxtla Gutiérrez. «La solidaridad espontánea que ha surgido en el pueblo chiapaneco se debe sobre todo a un hartazgo general, pues desde el sexenio pasado la crisis económica y social va de mal en peor, las instituciones están en bancarrota y la iniciativa privada atraviesa una crisis como nunca», denuncia.

Desde las regiones del sur, la movilización de los maestros y de la población se está expandiendo hacia los estados del norte, históricamente más conservadores. Como en las ciudades de Monterrey y Durango, donde miles de personas han salido a las calles.

Un paro de los profesores que se está transformando en una insurrección popular, que crece e involucra a los empleados de la Sanidad, universitarios, parte de la Iglesia y a la ciudadanía en general.