El Parlament destituyó ayer a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Catalunya por un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones», con los 121 votos a favor de todos los grupos, a excepción de los 11 diputados del PPC, que votaron en contra.

Después de la comparecencia de De Alfonso en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, el 23 de junio, los diputados de Junts pel Sí (JxSí), Ciutadans (C's), el PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP aprobaron la revocación del director de la Oficina Antifraude, tras la divulgación de sus conversaciones con el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que tratan sobre cómo divulgar presuntos casos de corrupción con el objetivo desprestigiar al independentismo.

De Alfonso fue nombrado por el Parlament en 2011 a propuesta del entonces president, Artur Mas, con el aval de CiU, el PSC, el PPC y Ciutadans y la abstención de ICV-EUiA y ERC.

Según el escrito aprobado por la cámara catalana, el contenido de las conversaciones supone «un notorio y grave incumplimiento de los deberes y las obligaciones inherentes al cargo», en especial los deberes de independencia y objetividad y los de reserva y confidencialidad.

El Parlament acordó, además, remitir a la Fiscalía, «los efectos que legalmente correspondan, el acta y la transcripción de la sesión de la Comisión» en la que compareció De Alfonso.

«El problema es el ministro»

En el transcurso del debate, la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, acusó a De Alfonso de una «actuación éticamente indignante», si bien indicó que el problema es tener a un ministro y a un presidente del Gobierno que utilizan la Oficina Antifraude para cometer un fraude político. Rovira, además, acusó a C’s y PSC de cómplices del PP al evitar la comparecencia urgente de Fernández Díaz en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de C’s, Carlos Carrizosa, criticó que Fernández Díaz «insta a un organismo a investigar a los rivales políticos, le graban en el interior de su despacho y se hace público. Vaya chapuza de ministro del Interior, da vergüenza».

Tras hacer un «acto de contrición» por el hecho de que De Alfonso fuera designado en 2011 también con los votos de su partido, el diputado del PSC Ferran Pedret retó a De Alfonso a «levantar todas las alfombras» que esconden casos de corrupción, tras «la ignominia y el oprobio de su actuación». El presidente de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, acusó al ministro de tener un «comportamiento predemocrático propio de la cultura franquista», antes de anunciar que su grupo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, por lo que considera un «escándalo político de dimensiones mayúsculas«.

El diputado de la CUP Benet Salellas reclamó, por su parte, que además de cesado, De Alfonso sea perseguido y depurado para que no pueda volver a ejercer como juez: «Ver a las cloacas del Estado caminando y juzgando sería un auténtico fraude», afirmó.

El único que evitó cargar contra De Alfonso fue el diputado del PPC Santi Rodríguez, quien, en lugar de referirse al contenido de las grabaciones, vio como «único hecho delictivo» y «un escándalo político de dimensiones mayúsculas» el hecho de que se produjera una «grabación ilegal de una conversación en el despacho de un ministro del Interior». Además, propuso cambiar el sistema de elección, para que la «mayoría absoluta de diputados independentistas» no sea suficiente para escoger al nuevo director.

Puigdemont: «Hemos de irnos lo antes posible»

«¿Qué podemos hacer? Irnos lo más pronto posible, porque en un Estado así no podemos durar mucho más. Como decía un demócrata madrileño hace un par de años, impotente ante las posibilidades de cambiar las cosas: vascos, catalanes, huid vosotros que podéis». El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo ayer este llamamiento a acelerar el proceso de Catalunya hacia la independencia, tras las revelaciones sobre las «cloacas del Estado» y la amenaza de juicio por la consulta del 9N. El president señaló más tarde, en un debate organizado por Vilaweb, que ve «perfectamente asumible» culminar el proceso soberanista en el plazo fijado de dieciocho meses, de los que ya han transcurrido seis desde que en enero fue investido en el cargo.

En la sesión de control al president, en el pleno de ayer en el Parlament, Puigdemont tildó al ministro del Interior de «antisistema», al protagonizar «uno de los escándalos más graves de la democracia» ya que esconde un «uso del Estado para atacar a adversarios políticos».GARA