La Ponencia de Derechos Humanos zanjó ayer en poco más de hora y media el debate del más de un centenar de enmiendas presentadas a la que a partir de ahora será oficialmente la «Ley reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la CAPV entre 1978 y 1999». El dictamen salió adelante con el voto favorable de PNV y PSE.

Tras la reunión, el portavoz jeltzale en la materia, Iñigo Iturrate, compareció ante los medios para decir que «en otra situación» y «partiendo de cero» esta «no sería la ley del PNV», pero añadió que ante el peligro de que no se aprobara ninguna ley o que la que se aprobara fuera claramente recurrible, «esta es la mejor ley de las posibles».

Ensalzó Iturrate el pacto alcanzado con el PSE y defendió que ambos partidos están constituyendo el cauce central en materia de convivencia y derechos humanos.

El parlamentario jeltzale añadió con intencionalidad que «hemos hecho un enorme esfuerzo y un esfuerzo sincero para atraer a esta ley al resto de grupos de la Cámara, pero lamentablemente vemos que los extremos siguen sin moverse y es difícil encontrar un cauce central si desde esas posiciones no se dan nuevos pasos».

Negociada solo con el PSE

Hay elementos que cuestionan que realmente el PNV haya intentando negociar esta ley con todos los grupos que han presentado enmiendas. El parlamentario del PSE, Patxi Elola, explicó que nada más acabar el pleno del pasado día 8, en la que se rechazaron las enmiendas a la totalidad de PP y UPyD, los jeltzales se pusieron en contacto con ellos y, desde entonces, han trabajado «denodadamente hasta llegar a un acuerdo» .

Ese trabajo, sin embargo, no ha sido igual con otras grupos parlamentarios. No lo ha habido por ejemplo con EH Bildu. El PNV se puso en contacto con Julen Arzuaga el miércoles, cuando ya se sabía que había un acuerdo con el PSE. No hubo otro encuentro hasta la reunión de ayer en la ponencia, donde tampoco se dio un debate político sobre la ley, sino un repaso técnico de las enmiendas que se aceptaban y las que se rechazaban.

Patxi Elola y Julen Arzuaga coincidieron en que las dos enmiendas aceptadas a EH Bildu, y otra transaccionada, eran de poca importancia y meramente nominales en un caso. El parlamentario del PSE explicó que se rechazaron la práctica totalidad de las reformas planteadas por la coalición independentista por que «le daban totalmente la vuelta al proyecto del Gobierno y no venían a cuento».

EH Bildu ya anunció cuando presentó sus 83 enmiendas que pretendía hacer una revisión ambiciosa de la ley, para evitar parcelaciones temporales –«no entendemos por que la víctima de una vulneración de derechos en 1999 puede tener reparación y una de 2000, no»– y garantizar la igualdad entre todas las víctimas, sin que unas tengan más derechos que otras, como ocurrirá con la aprobación de este proyecto.

Recurso y voto

Tanto PNV como PSE han afirmado que las enmiendas introducidas dan mayor garantía jurídica al proyecto de ley, frente a la amenaza de recurso planteada ya por el Gobierno español. El jeltzale Iñigo Iturrate pidió al Ejecutivo de Rajoy que si no tiene voluntad política de reconocer y reparar a estas víctimas, deje por lo menos que otros lo hagan. Patxi Elola, del PSE, recomendó a Lakua que hable «con quien tenga que hablar» en Madrid para explicar las cosas y garantizar que no haya recurso, como hizo en su día Idoia Mendia siendo consejera de Justicia.

Sin embargo, Carmelo Barrio, del PP, insistió ayer en que su grupo ha visto que la ley ofrece problemas jurídicos y añadió que si ellos lo han detectado, es posible que otra institución, como la Abogacía del Estado, también lo haya hecho.

La amenaza del Gobierno sobre esta ley, con el Ministerio de Interior diciendo que el Parlamento no tiene competencias para reparar a estas víctimas, es una de las variables que EH Bildu valorará a la hora de decidir el sentido final de su voto, porque quiere que haya ley aunque no sea la que más le guste. Y a su vez las carencias que detectan en el texto, será la otra variable a tener en cuenta. La votación, el 28 de julio.