En lo que parece haberse convertido en una triste costumbre, el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ha emprendido su campaña estival contra los actos organizados en pueblos y barrios en favor de los presos y presas, que en muchas ocasiones coinciden con las fiestas de cada municipio.

En este caso, después de lograr que un juzgado suspendiera una comunida popular en el recinto festivo de Mutriku el viernes pasado, y de presentar sendos recursos contra un brindis y otra comida popular en favor de los presos en Oiartzun, el representante del Ejecutivo español ha remitido una carta a los alcaldes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la que les emplaza a «impedir que las fiestas sean utilizadas para enaltecer a los terroristas y humillar a las víctimas». En la misiva, señala que es «una obligación moral de los alcaldes evitar que las plazas de los pueblos sirvan como lugar de homenaje a personas que sólo han destacado por utilizar la violencia contra sus propios vecinos», y para dar realce al argumento cita como ejemplo los atentados yihadistas de París, Niza o Bruselas y apunta que «nadie entendería que se organizara una comida solidaria por los terroristas del ISIS».

Sin embargo, lamenta, «esto ocurre con absoluta normalidad en muchos pueblos de nuestra geografía ante la indiferencia de la mayoría», y considera que «esta falta de sensibilidad debería hacernos reflexionar seriamente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo».

«Es una aberración»

El delegado del Gobierno español en la CAV sostiene asimismo que «organizar una comida solidaria, un campeonato de fútbol o un concurso de pintxos a favor de los presos es una aberración que no por repetida se debe ignorar». «Y no podemos dejar solo en manos de los tribunales de justicia la defensa de nuestros derechos más elementales», concluye la carta.