A la espera de que este lunes la Junta Electoral de Gipuzkoa tome su decisión definitiva sobre su candidatura a lehendakari de la CAV (luego se iniciará el periplo judicial hasta el 7 de setiembre), Arnaldo Otegi compareció ayer por la tarde en Donostia junto a los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz. El objetivo era explicar el contenido de las alegaciones presentadas contra la decisión hecha pública esta semana por esta Junta y que considera a Otegi «inelegible». Iruin ratificó que no hay fundamento jurídico alguno para sostener la inhabilitación y subrayó que así se desprende de diversas sentencias dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, como ya adelantó en la entrevista a GARA publicada ayer.

En esta tesitura, el propio Otegi se declaró ayer «sereno, tranquilo y confiado» porque «nos asiste la razón jurídica y política». También Iruin se pronunció en esta línea, aunque matizando: «No hace falta que diga que esto no se va a resolver en términos jurídicos». «Estas decisiones con respecto a mi persona y otras muchas miles de personas en este país se toman en términos políticos más que jurídicos, pero estoy absolutamente tranquilo y muy animado», expresó el candidato a lehendakari.

Entrando en detalles, Iruin explicó que la pena por inhabilitación del derecho a sufragio pasivo –derecho a ser votado y elegido– dictada por la Audiencia Nacional constituye una pena accesoria. Es decir, que su duración se corresponde a la duración de la pena principal y su cumplimiento es simultáneo. Dicho de otro modo, la pena de inhabilitación permanece unida a la pena principal (cárcel) desde el momento en que se impone hasta que se cumple, pero en ningún caso más alla de su extinción.

Por tanto, tal y como se ha venido afirmando en las últimas semanas, la pena por inhabilitación se agotó el mismo día en que Otegi fue puesto en libertad tras cumplir íntegramente su condena de prisión de seis años y seis meses, el pasado 1 de marzo. Por contra, la Audiencia Nacional trata de imponer otro cómputo que se inicia en otoño de 2014 (nada menos que cinco años después de ser encarcelado) y se prolongaría hasta 2021, de modo que Arnaldo Otegi ni siquiera podría participar en la siguiente convocatoria de elecciones autonómicas.

La defensa de Otegi entiende, además, que con su decisión la Junta Electoral está cambiando la naturaleza de la pena. Y sostiene que acogiéndose a un principio constitucional básico, el de la legalidad penal, la ejecución de la pena debe hacerse conforme establece la sentencia.

Asimismo, descartan la posibilidad de que Otegi no pueda concurrir a las elecciones por la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, aunque esta sí es una pena principal «autónoma» y aún no está extinguida, en la sentencia que condena no se especifican los cargos concretos para los que estaría inhabilitado como, según concretó, requieren el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De hecho, resulta significativo que la Junta Electoral de Gipuzkoa no haya atendido a esta inhabilitación, planteada también desde los poderes del Estado, pero cada vez con menos énfasis.

Recusación

Iñigo Iruin también hizo referencia a otros de los actores que en las últimas horas ha irrumpido en la carrera por evitar la candidatura de Otegi, el miembro de la Junta Electoral de Gipuzkoa Iñaki Agirreazkuenaga, que en una entrevista concedida a “Berria” y publicada el jueves dio por sentada la inhabilitación de Arnaldo Otegi, antes incluso de escuchar a la parte afectada y dar a conocer su decisión definitiva.

El letrado criticó que la actuación de Agirreazkuenaga vulnera el «principio de imparcialidad» y condiciona a los demás integrantes de la Junta ante la decisión final. Por esta razón, la defensa de Otegi ha presentado una recusación y, según manifestó ayer, espera que sea apartado de la toma de decisión final de esta instancia, el lunes. Posiblemente no se conocerá hasta el martes, que es cuando el Boletín Oficial del País Vasco publicará la lista de los candidatos proclamados.

A partir de ahí se abrirá el turno de los tribunales, primero con el recurso al Contencioso-Administrativo de la parte que se considere derrotada (la decisión se conocerá el viernes 2 o sábado 3) y finalmente con la apelación al Tribunal Constitucional (que tiene plazo para definirse hasta el 8 de setiembre, víspera del arranque de campaña electoral).

Impugnaciones de PP y C’s

En otro capítulo de la batalla abierta para evitar a toda costa que Otegi figure como cabeza de lista en las elecciones del próximo 25 de setiembre es el relativo a las impugnaciones presentadas por PP y Ciudadanos, ante las que según anunció Iruin hoy presentarán su respuesta.

En su objetivo de ejercer presión añadida para que Otegi sea vetado, el PP ha reclamado a la Junta Electoral que se excluya directamente a Otegi como candidato. Ciudadanos, por su parte, apunta que la presentación del líder independentista y exprisionero como candidato supone «una conducta absolutamente fraudulenta» que «pretende confundir al electorado, dando a entender que éste podrá ser diputado electo, haciendo una maniobra contraria a Derecho».

Estas impugnaciones se presentaron al principio como el elemento que iba a desencadenar todo el proceso, pero sin embargo después ha sido la Audiencia Nacional (a petición de la Fiscalía) la que ha tomado la iniciativa trasladando a la Junta Electoral de Gipuzkoa la documentación con la que quiere sustentar la inhabilitación. Ello ha dejado en segundo plano el impulso político de estas dos formaciones derechistas, que en cualquier caso han optado por seguir con sus impugnaciones. El PSOE también fue emplazado a ello, pero optó por no implicarse y por indicar que acatará lo que digan los tribunales.

Referentes vascos y mundiales firman por Otegi y en horas suman otros 5.000 apoyos

Paul Ríos, excoordinador de Lokarri; Pedro Ibarra, catedrático de Política de la UPV-EHU; y Gemma Zabaleta, exconsejera de Lakua por el PSE, presentaron ayer una dinámica en favor del derecho de Arnaldo Otegi a presentarse como candidato a lehendakari. En Donostia, con numerosa asistencia de medios de comunicación, dieron a conocer la campaña, secundada inicialmente por 127 representantes políticos y sociales de diversos sectores de Euskal Herria e internacionales, entre los que hay gentes muy conocidas y una pluralidad ideológica evidente.

La iniciativa está abierta a la ciudadanía, que se puede sumar a través de la página web «basquecivilrigths.eus» (de hecho, a última hora de la tarde de ayer se acercaba ya a las 5.000 adhesiones). El breve manifiesto, escrito por el dramaturgo Alfonso Sastre, critica que «se está procediendo a un serio atentado a los principios mismos de la democracia, al intentarse impedir que Arnaldo Otegi, a quien la apertura de nuevos tiempos en este país tanto debe, ocupe, por medio de las urnas, un puesto de alta responsabilidad en el futuro».

Entre los firmantes figuran los ex lehendakaris Juan Jose Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea; el exconsejero de justicia de Lakua Joseba Azkarraga; el exalcalde de Gasteiz José Angel Cuerda (PNV); el presidente del Sinn Féin Gerry Adams; la senadora y expresidenta en funciones de Uruguay Lucía Topolansky; el escritor y director de cine Tariq Ali; el dirigente de la Fundación para la Democracia de México y ex candidato presidencial Cuauhtemoc Cardenas; la diputada europea y presidenta del GUE/NGL Gabriele Zimmer; el diputado de ERC Joan Tardá; la diputada de la CUP Anna Gabriel; o el exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Josep-Lluis Carod Rovira.

En otros ámbitos destacan el harrijasotzaile Iñaki Perurena, el montañero Juanito Oiarzabal, el exjugador de la Real Sociedad Inaxio Kortabarria, el exfutbolista del Barcelona Oleguer Presas, el actor Sergi López, el presentador Xabier Euzkitze, o los bertsolaris Amets Arzalluz, Alaia Martin, Jon Maia y Sebastian Lizaso, entre otros muchos.

Preguntada sobre la actitud del PSE, Gemma Zabaleta dijo que «ha sido respetuoso con la justicia», pero como ciudadana quiso expresar su opinión personal. «No son más que rémoras del pasado; muchos de los ciudadanos lo que queremos es conquistar el futuro y superar el pasado. Este tipo de cosas lo único que hacen es recordarnos el pasado y no ayudan a la normalización», aseguró. «Esta iniciativa responde al deseo de que se respeten los derechos de todas las personas, también de Arnaldo Otegi, porque estamos en una nueva situación, en un nuevo tiempo», dijo Ríos. Nagore BELASTEGI