Roto el cerrojo que impedía el acceso a la documentación, la comisión de investigación sobre la CAN cuenta ya con informaciones a las que no se ha tenido acceso hasta ahora relativas a los principales proveedores de la caja. Entre esta información aparecen los documentos F50 en los que se registran todos los gastos superiores a 3.000 euros que realizó la entidad. La asociación Kontuz solo accedió a estos gastos de forma parcial (nunca pudo consultar los datos de la Corporación Empresarial) y en ellos se detectaron gastos muy difíciles de justificar en marcas de lujo, concesionarios de vehículos de alta gama, empresas de marisco y de venta de jamón de bellota.

La información sobre estos gastos en la Audiencia Nacional hace referencia únicamente a Caja Navarra, pero el Parlamento tiene la oportunidad de verificar los gastos en otras empresas que estaban bajo el control de CAN, bien porque tenía el grueso de las acciones o la totalidad de ellas. Estos papeles contienen mucha información que será preciso aclarar, como por qué el principal gasto en proveedores fue para una pequeña empresa de publicidad, Bermer, cuyo propietario mantenía una íntima amistad con Enrique Goñi, máximo ejecutivo de la entidad hasta su desaparición.

Según ha podido saber este periódico, también han llegado ya documentos sobre las subidas salariales de Goñi, que llegó a multiplicar por diez su sueldo mientras la caja se hundía hasta necesitar ser rescatada por el FROB.

Todas estas informaciones permitirán descubrir no solo por qué la CAN despareció, sino también cómo fue ese final y, más concretamente, cómo lo vivieron sus máximos directivos y los responsables políticos. En el caso concreto de Enrique Goñi, las investigaciones que realiza el Parlamento confluyen con las que está realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que actualmente rastrea decenas de cuentas en las que Goñi figura como titular.

Caixabank no colabora

Caixabank –que sigue manteniendo a Goñi en cargos de alta dirección– mantiene una postura poco colaboradora con el Parlamento y está poniendo pegas a la entrega de documentos. También hay quejas sobre la actitud que está adoptando la Fundación CAN, cuya mayoría de miembros fue elegida por el propio Parlamento durante la pasada legislatura, y que se niegan a entregar información solicitada. Su cerrazón contrasta con la actitud colaboradora de la Hacienda Foral y por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.